El doctor Julio Apodaca, presidente del Círculo Médicos del Paraguay, sostuvo que siguen las manifestaciones pacíficas frente al Palacio de Justicia, a favor de Sofía Oviedo y Olga Cañete, médicas condenadas por negligencia.

Expresó que la movilización se realiza de modo a demostrar la indignación de ese sector por la condena dada a sus compañeras. “Es una injusticia, porque con sobrados argumentos y meridiana claridad se comprobó por juntas médicas nacionales y médicos extranjeros que ellas actuaron bajo el procedimiento establecido”, dijo.

Indicó que la paciente ingresó al sanatorio con un cuadro de gripe por influenza y luego comenzó a tener dolor y puntadas en su costado izquierdo. “Se la medicó, pero comenzó a empeorar y al día siguiente tuvo su deceso”, añadió.

Apodaca dijo que los médicos están indignados porque esto rompe la confianza entre el médico y el paciente. “Los médicos jóvenes están temerosos”, comentó.

Comentó que, atendiendo que la condenada “es injusta”, los doctores piden a la Corte Suprema de Justicia que revise el caso porque existen elementos que fueron presentados por los abogados de la defensa.

“Entiendo el dolor del hijo, pero veo que todavía no cumplió el duelo. Él habla de terrorismo médico, que mata gente. Lo noto muy temerario y agresivo”, sostuvo por otra parte.

En cuanto a un dinero que está pendiente, dijo que “las condenadas me contaron es que una demanda en lo civil contra la fundación Tesâi, y lo que llama la atención que no es contra las doctoras. Lo que dicen es que tienen que haber culpables para que en lo civil tenga efecto”.

Las doctoras Sofía Oviedo Caballero y Olga María Cañete Coronel fueron condenadas a 3 años y seis meses de cárcel por homicidio culposo. Ambas fueron encontradas culpables de negligencia al tratar a Romelia Páez -esposa del exsenador Germán Segovia- quien falleció en el hospital de la Fundación Tesãi, en agosto del 2009.

La información se dio a conocer en medio de allanamientos que se realizan en el marco del operativo Dakovo, que implica a Paraguay, Brasil y Estados Unidos.

En foco del esquema es la empresa Internacional Auto Suply (IAS) con asiento en Asunción, cuyo presidente Diego Dirisio, de nacionalidad argentina, junto a su pareja, la ex modelo Julieta Nardi.

La capitana Josefina Cuevas, es una de las detenidas que está en la lista de extraditables, conforme señalaron intervinientes. La otra es una funcionaria castrense, Cinthia Turrò Braga.

“La investigaciòn comenzó (en Brasil) en el año 2020. Desde que asumì me dediquè a darle un impulso màs acelerado y màs fuerte”, dijo desde el Brasil Jalil Rachid, titular de la Secretarìa Nacional Antidrogas.  El mismo participa del encuentro de autoridades de los tres países miembros del operativo, en el que exponen detalles de los procedimientos.

El esquema desvelado en la fecha, revela que la firma paraguaya International Auto Supply, figura como proveedor del Estado (a Dimabel) , y cuya última licitación significò la cifra de 11.000 millones de guaraníes.

Entre los productos que proveìa al Estado,  se consigna asimismo explosivos de uso militar.

Una impresionante cantidad de cajas con armas de uso militar y policial fueron encontradas en interior del depósito de la empresa Internacional Auto Supply (IAS).

De acuerdo con los datos, los rifles, municiones y pistolas provienen en su mayoría desde Croacia, Eslovenia, Turquía y República Checa.

En una de las tantas cajas se pudo observar la marca Stoeger Industries – fabricante e importador de armas de fuego en Estados Unidos.

El objetivo es facilitar la regularización de las obligaciones laborales y promover el registro y formalización de los empleadores y trabajadores ante la Autoridad Administrativa del Trabajo.

El Art. 1° del Decreto establece la reducción del 50% de las multas fijadas en los artículos 6, 11 y 12 del Decreto N° 8304 del 2017, modificado por el Decreto N° 9368 del 2018. También autoriza la reducción del 50% de los saldos de las multas fraccionadas con anterioridad a la presente disposición que se encuentren en mora.

Es noticia hoy: Megaoperativo: allanamientos en Paraguay, Brasil y EE.UU. contra el tráfico de armas

El descuento rige para la inscripción tardía en el Registro Obrero Patronal; la falta de presentación de planillas labores anuales y la presentación tardía de comunicaciones en los siguientes conceptos: entrada y salida de trabajadores, permiso vacaciones, amonestaciones, ausencias, apercibimientos, suspensiones, pre aviso, accidentes laborales, riesgos y enfermedades profesionales.

Cabe mencionar que el Decreto N° 8304/2017 establece, en su Art. 3°, la obligación para los empleadores de inscribirse ante la Autoridad Administrativa del Trabajo (AAT) dentro del plazo de 60 días del inicio de la relación laboral. Asimismo, en el Art. 10 establece la obligatoriedad de la presentación de las planillas laborales en los plazos, orden y modalidad dispuestos por el MTESS.

El incumplimiento de estas disposiciones es pasible de multas de entre 10 y 30 jornales mínimos. El mismo artículo dispone además la obligatoriedad de las comunicaciones citadas más arriba, cuya falta de cumplimiento se sanciona con multas que van de 1 a 5 jornales.

Modalidad de cancelación

La Resolución dispone que las empresas podrán cancelar las multas al contado o fraccionado hasta en 10 cuotas, abonando un pago inicial equivalente al 20% del monto total liquidado.

Explica igualmente que las patronales con incumplimiento en los conceptos mencionados, serán notificados de la liquidación de su multa a través de correo electrónico.

En caso de que la empresa no tenga correo electrónico especificado o lo haya modificado sin actualizar en el sistema, podrá visualizar su liquidación en la plataforma del REOP (Registro Obrero Patronal), ingresando al portal a través de su usuario y contraseña.

La liquidación generada tendrá validez hasta el 29 de febrero del próximo año.

Las empresas podrán efectuar el pago de las multas liquidadas en efectivo en la perceptoria del Ministerio de Trabajo o a través de los medios electrónicos habilitados para el efecto.

Las consultas relacionadas con la aplicación del Decreto N° 737/2023 y la Resolución N° 534 serán atendidas a través de la Dirección de Registro Obrero Patronal de la cartera de Trabajo.

En una entrevista con el canal Gen-Nación Media, el procurador González expuso didácticamente los artículos de la ley de Superintendencia de Jubilaciones y despejó las dudas al respecto.

El artículo 5, sobre las Atribuciones Normativas, que señala que: la Superintendencia tendrá atribuciones de regular la Caja de Jubilaciones Pensiones considerando parámetros de razonabilidad, dictando normas de carácter general. Con el inciso E sobre las inversiones, muchos arguyen que van a entrar a regular las cajas.

“Solamente se van a establecer criterios de administración, en el sentido de cuáles son los límites, topes, conflictos de interés y responsabilidades de administradores que hoy no existen y que es lo único que se proyecta con el proyecto de ley”, respondió.

Algunos hablan del temor hacia las líneas que dicen que Superintendencia va a poder determinar reglas de gobierno corporativo y creen que con eso van a sustituir las administraciones.  “Eso no es cierto, no implica ni crear ni suprimir ninguna estructura orgánica de las entidades de jubilaciones y pensiones”, indicó.

Recalcó que, nadie más que las cajas van a poder determinar el destino de los fondos de inversiones, pues, la Superintendencia no podrá obligar ni indicar de manera alguna en qué instrumentos invertir los fondos, sino, solamente, señalar cuáles son los límites por cada tipo de instrumento financiero para que una caja no tenga todos sus activos en un solo instrumento y se puedan diversificar los riesgos.

“Si querés invertir en esto, tenés hasta el 10 o 15 % de tus activos para invertir en esto que te interesa, si querés hacerlo en otro, podés hacerlo, pero hasta tanto por ciento para que todos los riesgos no estén asumidos en un solo tipo de instrumento financiero”, afirmó.

#ArribaHoy ☀

Semana clave para la ley de Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones: "Se establecen criterios de administración en el tema de límites.

📞Marco Aurelio González, procurador general.

🎙️@jtorresromero @cinthia_mora @isabellaolcese @seballano… pic.twitter.com/1D8H9MXVWM

— GEN (@SomosGEN) December 5, 2023

Artículo 11. – Régimen de inversiones

Las EJP deberán cumplirán sus funciones de gestión de inversiones, utilizando conceptos de manejo de riesgos basadas en la diversificación y la gestión de activos tal que satisfaga las obligaciones derivadas del pasivo, protegiendo los intereses de los afiliados. Solo podrán comprar, vender, arrendar, negociar e invertir sus activos en varios incisos, entre ellos, el B, sobre Bonos o títulos de deuda de oferta pública emitidos en el Paraguay, registrados en la superintendencia de Valores.

Sobre el punto, el procurador informó que, hoy día, IPS ya tiene por su reglamento interno la autorización de comprar bonos del tesoro, pero solo a través de los bancos, es decir, no en iguales condiciones que si lo pudiera comprar directamente. Actualmente, teniendo esa autorización, no tiene comprado ningún bono del tesoro. “Eso hay que aclarar porque dicen, pretenden abrir la canilla para cobrar”, resaltó.

El artículo 43, de las Derogaciones, donde, actualmente se establece que, los recursos financieros del IPS no podrán sufrir ningún tipo de restricción respecto a su administración, inversión o colocación en el sistema financiero y bancario. Este párrafo queda derogado, pero se mantiene el tercero, que dice: el Instituto no concederá préstamo al Estado ni a los entes descentralizados ni a las municipalidades.

“La prohibición de prestar al Estado seguirá vigente y no se será derogado con este proyecto”, indicó.

Artículo 12: Inmuebles. Los inmuebles que formen parte del patrimonio de una EJP podrán ser enajenados mediante mecanismos de subasta pública, que serán reglamentados por la Superintendencia.

“Este artículo pone reglas claras para dar liquidez a esos activos, para que no permita una mala gestión.

Artículo 31, sobre la protección legal en la adecuación e intervención, que actualmente señala que: ni los funcionarios de la Superintendencia ni los interventores podrán ser sometidos a juicio por las acciones realizadas en el ejercicio de sus funciones legales. Estas acciones podrán ser objeto de revisión judicial con posterioridad a la culminación de dichas funciones, por la eventual omisión o desviación en el cumplimiento de las mismas.

“Solamente 12 meses puede durar una intervención y la intervención sustituye a la administración y la norma es similar a la intervención que se da en bancos para darle una protección al que va a intervenir, porque durante la intervención tiene que adoptar actos de administración, imagínate que te recurran la decisión de intervención y te solicita una medida cautelar, ¿cómo durante esos 12 meses vas a adoptar alguna decisión? Por eso se precautela esa gestión durante ese periodo, pero después de esos 12 meses va a tener que rendir cuentas y ser responsable, entonces, no existe posibilidad de prescripción para esos funcionarios”, concluyó.