La fiscal Carolina Rosa Gadea imputó a siete supuestos miembros de una organización criminal, que días atrás perpetró un violento asalto a una empresa transportadora de mercaderías, ubicado en el kilómetro 5,5 del barrio San Isidro de Ciudad del Este.

Los sospechosos fueron aprehendidos luego de un enfrentamiento armado con agentes policiales. En poder de los mismos fueron incautados armas de fuego, una gran cantidad de municiones, uniformes similares a los de la Policía Nacional, vehículos, chalecos tácticos, placas similares a las que utilizan los agentes del orden, teléfonos celulares, entre otras evidencias.

Los procesados son Jorge Rolando Cardozo Jara (25), conocido como “Wifi”; César Wildo Torres Cardozo (40); Jorge Nicolás González Martínez (25), alias “Nico’i”; Fabio Rodrigo Martínez Portillo (35), apodado “Gordo”; Mathias Emiliano Lesme Quiñónez (21), Juan Zárate Caballero (40) y Luis Miguel Godoy Osorio (36), quienes enfrentan cargos por robo agravado, asociación criminal y violación de la ley de armas. Los dos primeros registran además órdenes de captura por diversos hechos y cuentan con antecedentes penales.

Según la investigación, los  imputados asaltaron a mano armada el 23 de noviembre pasado, el local de la empresa transportadora “San Ignacio”, en la avenida Juan E. O’Leary casi Monseñor Rodríguez del kilómetro 5,5 de la capital del Alto Paraná.

En esa ocasión, los delincuentes irrumpieron abruptamente en el lugar, con armas cortas y largas, redujeron al menos a 20 trabajadores y robaron tres bolsas de mercaderías (teléfonos celulares) para luego escapar del sitio.

Tras la denuncia, los investigadores policiales iniciaron una pesquisa hasta que pudieron identificar a los presuntos miembros del grupo delictivo. El lunes 27 de noviembre, agentes del Departamento de Investigación de Delitos rodearon una vivienda ubicada en Pampa Grande y avenida Hernandarias del kilómetro 6,5 del barrio San Isidro, a fin de ejecutar un allanamiento y detener a los asaltantes.

Sin embargo, los delincuentes, al notar la presencia de los oficiales, abrieron fuego contra ellos, originándose un enfrentamiento que desembocó en la detención de los presuntos criminales, quienes se encuentran recluidos en sede policial, a disposición del Juzgado de Garantías.  La fiscal Carolina Gadea solicitó la prisión preventiva de todos ellos.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.