Desde su apertura en el 2013, el Centro de Relevo Paraguay (CdR) brinda soluciones para la población con discapacidad auditiva en nuestro país, eliminando las barreras de comunicación que separan a las personas sordas de las oyentes. Esto lo logra a través del Servicio de Interpretación en Línea (SIEL).

Este eficiente servicio es posible mediante intérpretes de lengua de señas, quienes hacen posible una interacción efectiva entre personas oyentes y sordas, facilitando desde simples conversaciones hasta consultas médicas, psicológicas y solicitudes de información.

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Asimismo, el CdR también colabora con entidades gubernamentales en la interpretación de eventos y reuniones estratégicas. Esto promueve la accesibilidad y la autonomía de las personas sordas en todos los aspectos de la vida.

Es importante destacar que la lengua de señas paraguaya fue oficialmente reconocida como la primera lengua de las personas con discapacidad auditiva en Paraguay a través de la Ley 6530/20. Este reconocimiento es un paso significativo hacia la plena participación y efectiva inclusión de esta comunidad en la sociedad.

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Para acceder al servicio de interpretación en línea, la persona sorda debe inscribirse en los registros del Centro de Relevo Paraguay (CdR), enviando un mensaje vía WhatsApp al 0994 999 800. Luego de este contacto, el responsable de atención al usuario le comunicará los pasos a seguir para realizar su comunicación con un intérprete.

Un dato a resaltar es que se trata de un servicio totalmente gratuito y está disponible de lunes a viernes, de 06:00 a 21:00 horas.

La reunión estuvo convocada y encabezada por el obispo de la Diócesis de Caacupé, monseñor Ricardo Valenzuela, en conjunto con el rector de la Basílica Santuario Nuestra Señora de los Milagros de Caacupé, el presbítero Rubén Darío Ojeda.

Durante el espacio, representantes de la Gobernación de Cordillera, la Policía Nacional y la Fiscalía expusieron sus primeras propuestas y planes de acción en un ambiente de cooperación y responsabilidad compartida.

Las instituciones participantes evaluaron experiencias previas e intercambiaron ideas para articular un plan integral que responda a la multitudinarias movilizaciones del próximo año.

Se acordó continuar con las mesas de trabajo interinstitucionales en dos próximas reuniones agendadas para el jueves 1 de octubre y el viernes 30 de octubre, ambas a las 9:00 horas, donde se concretarán los detalles logísticos y operativos finales.

La causa está a cargo de los fiscales Yeimy Adle Monges, María Verónica Valdez y Silvio I. Corbeta Dinamarca, quienes sostienen que la administración municipal operó al margen de las normativas vigentes para direccionar fondos públicos.

Según la investigación fiscal, se detectó una estructura montada para eludir los mecanismos de control previstos en la Ley de Contrataciones Públicas. A través del Consejo Local de Salud, el esquema habría administrado de manera irregular más de G. 11.200 millones que debían destinarse a obras de infraestructura y mejoras operativas en el Hospital Regional de Ciudad del Este.

Entre las irregularidades documentadas por la fiscalía se confirmó un perjuicio patrimonial inicial de G. 757 millones, correspondiente a obras que no fueron ejecutadas o que presentaron costos sensiblemente sobrevalorados.

Las pesquisas revelaron un patrón constante de contrataciones direccionadas hacia empresas de fachada o firmas que carecían de la capacidad técnica mínima para llevar a cabo los trabajos adjudicados.

Uno de los hallazgos más relevantes en la acusación demuestra que una de las empresas beneficiadas con millonarios anticipos financieros operaba, en la práctica, como el estudio contable particular de una funcionaria de la propia municipalidad.

El caso pasa ahora a manos del Juzgado Penal de Garantías, que deberá fijar la fecha para la audiencia preliminar donde se resolverá si la causa se eleva a la etapa de juzgamiento público.

El avance en el esquema de fundaciones dentro del denominado Tramo 11 permitió habilitar de forma progresiva el montaje de la infraestructura superior.

Hasta la fecha, el frente de obra registra la ejecución acumulada de 100 pilotes, 57 encepados, 44 pilas y 11 dinteles distribuidos a lo largo del trayecto. Cada uno de estos pilotes cumple la función de transferir la carga de la plataforma elevada hacia los estratos más resistentes del suelo, mediante un proceso especializado que abarca la preparación del terreno, la perforación, el armado de estructuras de acero y el vertido de hormigón.

A pesar de ser elementos que permanecerán ocultos bajo la superficie, estas bases resultan críticas para garantizar la estabilidad, capacidad estructural y vida útil del viaducto. El desarrollo de las tareas mantiene protocolos de control técnico estricto y ensayos continuos, ajustados a las exigencias del Manual de Carreteras y las normativas viales vigentes.

Una vez finalizada, la autopista elevada dispondrá de dos calzadas con dos carriles por sentido, estableciendo una conexión directa entre las avenidas Ñu Guasú y Silvio Pettirossi con la ruta PY02, además de facilitar los accesos hacia Areguá, Ypacaraí y San Bernardino.

Esta obra, que contempla un trazado de 3,6 kilómetros e involucra una inversión total de USD 180 millones bajo la modalidad de Alianza Público-Privada (APP), busca transformar la movilidad diaria de más de 250.000 personas en uno de los corredores con mayor densidad vehicular del departamento Central.