Se trata de dos llamados a concurso de méritos – AD REFERENDUM ID N° 9495 y 9496 del Ministerio de Justicia, para la contratación temporal de 756 agentes penitenciarios, tal como se puede corroborar en el portal de Paraguay Concursa.

Se aprecia que en el indicador de documentos de evaluación, en el apartado 9 de Certificados Médicos que acrediten el buen estado de salud física y mental del postulante, figura el test de VIH. En el documento se resalta que la no presentación de esta prueba, descalifica al postulante.

Este apartado viola la LEY 3940/09, que en su artículo 4 determina que toda prueba debe ser voluntaria, gratuita y confidencial. Y el artículo 21 que prohíbe la realización de pruebas de VIH para el acceso, promoción o permanencia en los puestos de trabajo.

La red de oenegés indicó que el Estado debe ser garante de derechos y no el que viole y amedrente los derechos de las personas. “Recordamos al Ministerio de Justicia que la solicitud del resultado de VIH para acceder a un trabajo, para mantener o ser promovido en el cargo viola la LEY 3940/09 y la Resolución N°730 del Ministerio de Trabajo. Además, de violar el Convenio No. 111 relativo a la Discriminación (empleo y ocupación) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que hace referencia a que cualquier tipo de discriminación es una violación a los derechos humanos”.

Desde las organizaciones de sociedad civil se comprometieron no solo a estar alerta ante estas situaciones de atropello, sino a denunciar y exigir el cumplimiento de los derechos para todas las personas.

Así también, la Fundación Vencer abogó por el respeto a los derechos fundamentales de todas las personas, independientemente de su condición de salud. La discriminación basada en la salud, y más específicamente en el resultado de un test de VIH, va en contra de los principios de igualdad y no discriminación consagrados en nuestra legislación y tratados internacionales.

“Exigimos a las autoridades competentes sea eliminado de cualquier llamado a concurso público la exigencia de la prueba del VIH y que, de esta manera, se cumpla con la Ley 3940/09 y resoluciones correspondientes.

La Fundación Vencer reafirma su compromiso con la promoción de una sociedad justa, inclusiva y respetuosa de los derechos humanos. Estaremos vigilantes ante situaciones que pongan en riesgo la integridad y dignidad de las personas, y continuaremos trabajando por la construcción de un Paraguay más equitativo y libre de discriminación”, indicó a través de un comunicado.

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El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.