La discusión del cobro ilegal y arbitrario en la hidrovía tuvo otro capítulo de los tantos que ya registró desde sus inicios. Esta vez, a través del ministro argentino de Transporte Digo Giuliano, en declaraciones al medio Télam.

“No es un conflicto entre los pueblos de Paraguay y de Argentina, sino un conflicto entre los armadores paraguayos, los empresarios y el concesionario de la hidrovía, que en este caso es el Gobierno Nacional”, expresó Giuliano.

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Consideró que el asunto no debería ser considerado un conflicto diplomático, ya que lo que se está haciendo desde la Argentina, es reclamar el cobro de un peaje por las obras que se han venido haciendo desde hace 10 años en la Vía Troncal Navegable.

“Si una barcaza argentina va a Asunción pagará en dólares y si una paraguaya hace el tramo entre Resistencia y Rosario pagará en pesos. Esta metodología está aceptada por Paraguay y por todos los países que utilizan la vía navegable en la zona de Santa Fe”, afirmó.

El Acuerdo de Transporte Fluvial por la Hidrovía Paraguay – Paraná, firmado el 26 de junio de 1992, en su Art. V reza que: “sin previo acuerdo de los países signatarios no se podrá establecer ningún impuesto, gravamen, tributo o derecho sobre el transporte, las embarcaciones o sus cargamentos, basados únicamente en el hecho de la navegación”.

En su artículo IX, añade que: “solo podrá cobrarse la tasa retributiva de los servicios efectivamente prestados a los mismos”.

Este documento tiene por objeto facilitar la navegación y el transporte comercial, fluvial longitudinal en la Hidrovía Paraguay-Paraná.

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Impulsado por la legisladora Bettina Aguilera, el documento destaca la importancia estratégica de la muestra en su edición 2026.

El texto refiere que la ciudad de Areguá es ampliamente reconocida por su riqueza cultural, artesanal y turística, siendo, además, uno de los principales destinos del país durante la temporada de producción de frutillas.

En ese sentido, se menciona que la Expo Frutilla se consolidó como uno de los eventos más importantes del calendario turístico nacional, congregando anualmente a miles de visitantes provenientes de distintos puntos del país y del extranjero.

Según la proyectista, la exposición constituye una valiosa oportunidad para que los productores locales y, en especial las productoras, comercialicen sus productos, generando ingresos que contribuyan al desarrollo económico de sus familias.

Asimismo, sostiene que dicho evento promueve buenas prácticas de nutrición con el consumo de la frutilla y de una amplia variedad de productos derivados, impulsando el emprendimiento, la innovación gastronómica y el fortalecimiento de los pequeños y medianos emprendimientos productivos.

La exposición también representa un importante espacio de promoción de la identidad cultural de Areguá, integrando manifestaciones artísticas, artesanales, gastronómicas y recreativas que enriquecen la oferta turística del país y fortalecen el patrimonio cultural nacional.

La Directora General de Protocolo y Ceremonial de la comuna, Tania Villalba, denunció ante el Juzgado al edil quien supuestamente la amedrentó al término de un acto oficial organizado para homenajear al arquero Orlando Gill.

“Me pone contra la pared del pasillo y me comienza a apuntar con el dedo diciéndome que por qué carajos no le atendí el teléfono, qué mierda me creo, que soy una inútil”, expresó Villalba durante una entrevista en la radio Universo 970/Nación Media.

La gravedad del hecho escaló al punto de que un consejero de la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, la Niña y el Adolescente (CODENI), quien se encontraba en el lugar, tuvo que interponerse entre ambos, según señaló la afectada, confirmando que dicha persona ya prestó declaración en calidad de testigo.

Días después del altercado, el edil presentó una minuta ante la Junta Municipal donde, según el testimonio de Villalba, realizó nuevas amenazas, esta vez respaldado por otros concejales, dando lugar a un acalorado debate de más de 40 minutos.

A raíz de la divulgación del caso, la funcionaria aseguró que otros compañeros de diversas dependencias municipales se pusieron en contacto con ella para manifestar su apoyo y visibilizar un presunto patrón reiterado de conducta.

La Contraloría Ciudadana de CDE expuso públicamente presuntas irregularidades que involucran de manera directa a Gilda María Portillo Vera, de profesión abogada.

Esta profesional del derecho aparece contratada como “asesora” en la Municipalidad de Ciudad del Este, con un salario de G. 11.000.000, según consta en planillas oficiales.

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En su rol de abogada, la misma ejerce la representación legal del exintendente Miguel Prieto en el caso conocido como “Tajy”, además de otras causas penales que el mismo afronta ante la justicia.

En paralelo, Portillo también representa legalmente al actual concejal Sebastián Martínez Insfrán y el secretario general de la intendencia, Francisco Raimundo Arrúa Alvarez, quienes enfrentan denuncias por corrupción al igual que Prieto.

“Llamativamente, andaba cobrando como asesora externa en la Municipalidad de Minga Guazú, cuando el intendente Diego Ríos aún pertenecía al partido de Miguel Prieto (Yo Creo), y desde febrero pasó a percibir honorarios profesionales como asesora en la Municipalidad de Ciudad del Este”, mencionó a Universo 970 AM Víctor Enriquez, asesor jurídico de la Contraloría Ciudadana.

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El mismo habla de un “conflicto de intereses” por parte de Gilda Portillo, ya que aparece como funcionaria municipal y, a la par, defiende a dos personas acusadas de provocar un millonario perjuicio patrimonial al municipio, llegando incluso a ser imputados por lesión de confianza.

El equipo jurídico de la Contraloría Ciudadana se encuentra evaluando los aspectos legales del caso para determinar si corresponde impulsar una denuncia penal.