Liz Adriana Brítez Bogado, de 30 años, llegó hasta la casa de María Elena Maldonado González, de 27 años, ayer en horas de la siesta. Tras ser recibida por la dueña le preguntó por el marido y Maldonado le respondió que se encontraba en el trabajo.

Posteriormente, la malviviente sacó un cuchillo e intimó a la mujer, ingresó a la vivienda y se alzó con joyas de plata y perfumes. Al huir, ésta agarró al bebé de 4 meses de la víctima y escapó.

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Rápidamente, se dio aviso a los agentes policiales y se inició la persecución que terminó con la detención de Liz Adriana y el rescate del pequeño. En poder de la misma se incautaron los objetos robados, además, dos armas blancas, un cuchillo y un machete.

De acuerdo al registro de la Policía Nacional, la detenida cuenta con antecedentes por hurto agravado en el 2013, hurto en el 2020 y robo agravado en el 2022.

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La víctima realizó la denuncia en la subcomisaria 12. El hecho se comunicó a la fiscal Denice Duarte, quien dispuso la inmediata detención de la autora, quien ya está a cargo de su unidad fiscal.

Los agentes de la Receita Federal, la Policía Federal y la Fuerza Nacional incautaron 535,10 kg de marihuana en el Puente Internacional de la Amistad.

El informe refiere que en el primer operativo, los intervinientes observaron un movimiento extraño en la cabecera del puente, donde los narcotraficantes utilizaban cuerdas para bajar la droga desde el Puente de la Amistad. Tras la revisión, encontraron varios paquetes confirmando la presencia de 366 kilos de marihuana, mientras que los responsables se dieron a la fuga.

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En tanto, el segundo procedimiento - que se llevó a cabo ayer en horas de la madrugada - agentes de seguridad detuvieron un vehículo con chapa paraguaya y, durante la inspección, detectaron la presencia de un doble fondo en el paragolpes trasero y debajo del asiento trasero 169,10 kilos de marihuana.

El conductor, de nacionalidad paraguaya y 61 años de edad, fue detenido en el acto y trasladado junto con la droga a la Policía Federal.

El director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Iván Ojeda, refirió en entrevista con la 730 AM que 282.000 personas cobran el salario mínimo legal vigente. Este grupo representa el 17% del total de asalariados, que son 1.657.000 trabajadores entre sector público, privado y doméstico. Esta cifra corresponde al 57% de los ocupados asalariados; el 43% restante es no asalariado (cuentapropistas).

De los 1.657.000, el sector privado lleva el 40% de los asalariados, que son 1.162.000. Del sector público, están asalariados 288.000. En el sector doméstico son 206.000.

Por debajo de un salario mínimo legal vigente están 604.000 personas aproximadamente, estas ni siquiera alcanzan a cubrir un sueldo mínimo, especialmente por la informalidad que existe en el país, que ronda el 63%, de acuerdo con el entrevistado.

Viendo desde otra perspectiva, Ojeda reconoció que el reajuste del salario mínimo formal sólo beneficia a 8% o 9% de la fuerza de trabajo (Población Económicamente Activa- PEA) que es 3.100.000. “La PEA consiste en el grupo de personas que tienen más de 15 años de edad y están dispuestos a ofrecer sus servicios”, explicó.

El actual salario mínimo es de ₲ 2.680.373. Al sumarle G. 117.936 (cifra dada por el BCP sobre la inflación total interanual), el nuevo monto sería G. 2.798.309, pero con el descuento del 9 % aplicado al empleado por su seguridad social y jubilación, el neto a cobrar quedaría en G. 2.546.461.

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El fiscal Gabriel Segovia Villasanti solicitó la rebeldía de Vladimir Ramón Riveros Cattebeke (60), quien está imputado por robo agravado y se encuentra prófugo de la Justicia.

Riveros Cattebeke, bajo engaño, citó a Juan Antonio Arrúa Servián, oficial de justicia, en su domicilio y luego a punta de arma de fuego le despojó supuestamente de un pagaré por valor de 23.230 dólares y un recibo por el mismo monto. Además, lo amenazó de muerte si no abandonaba inmediatamente el lugar.

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Según la investigación, el hecho ocurrió el 8 de abril pasado, oportunidad en que el imputado llamó supuestamente por teléfono a Arrúa Servián, manifestándole su intención de abonar la deuda reclamada en un juicio ejecutivo. En el momento, Cattebeke le solicitó al oficial que le llevara los pagarés originales a su domicilio para poder realizar el pago.

En efecto, Arrúa Servián se comunicó con el abogado demandante, Roberto Navarro, para coordinar la entrega de los pagarés. Éste le confirmó que tenía los documentos en su poder y que lo acompañaría a la residencia del demandado para el cobro correspondiente.

Al llegar a la residencia del sospechoso, la víctima fue recibida por una mujer que se identificó como la esposa del deudor y lo invitó a pasar a la oficina. Una vez dentro, el dueño de la casa le pidió los pagarés y el recibo de pago correspondiente. Luego, al tener en su poder los documentos, presuntamente sacó un arma de fuego y lo amenazó de muerte, advirtiéndole que tenía “cinco segundos para volar de su casa, si no quería que lo llenara de plomo”.

Juan Antonio, muy asustado y temiendo por su vida, salió corriendo de la vivienda, pero en el apuro se le cayeron otros recibos de pago y facturas legales que tenía consigo. Cattebeke le gritó que no dejara nada en su casa.

La víctima logró subir al vehículo del abogado Navarro y de allí se dirigieron directamente a la comisaría para radicar la denuncia correspondiente. Intervino en el caso el fiscal Gabriel Segovia, quien luego de reunir los elementos incriminatorios presentó la imputación contra Vladimir Ramón Riveros Cattebeke y requirió al Juzgado que declare su rebeldía.

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