Esta actividad se realiza en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre. Cuenta con la participación de mujeres indígenas de varios puntos del país, integrantes de organizaciones como la de Mujeres Indígenas de Paraguay (MIPY), la Coordinadora de mujeres indígenas y campesinas rurales (CONAMURI), Kuña Guaraní Aty y la Unión de Jóvenes Indígenas de Paraguay (UJIP).

“Vengo para hablar de mis experiencias y para escuchar cómo es en otras comunidades. Para sugerir lo que se puede hacer para evitar la violencia. No todas las violencias físicas se denuncian, muchas quedan en la familia. Nuestro pedido es acudir a las autoridades competentes, pero también les pedimos a estas autoridades, que nos escuchen. Porque muchas veces no escuchan a las mujeres, y más cuando somos mujeres indígenas”, señaló Teresita Sánchez, del pueblo Nivaclé, perteneciente a la comunidad Uj’e Lhavos, ubicada en Filadelfia, departamento de Boquerón.

En este sentido, la Ministra de la Mujer, Celina Lezcano, sostuvo que no se puede construir políticas públicas para las mujeres indígenas sin escucharlas debidamente. “Necesitamos construir respuestas específicas para problemas específicos, respuestas que además deben ser articuladas y que involucren a toda a la sociedad. La violencia hacia las mujeres es un tema a tratar de forma transversal en todas las instituciones del Estado y de la sociedad en general, ya que el daño que produce impacta en el desarrollo del país”, remarcó.

Bernarda Pesoa, del pueblo Qom, comunidad Santa Rosa, afirmó: “Estamos a 47 kilómetros de Asunción y las autoridades no nos ven, imaginen a las que están más lejos. Los líderes de la comunidad dicen que soy un peligro porque capacito a las mujeres en temas de violencia. En el INDI también hay muchas trabas; el proceso de reconocimiento de liderazgo dura tres meses, mi trámite duró un año y medio”.

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Por su parte, Tania Vera Portillo, puso énfasis en la situación de las jóvenes indígenas, quienes “se encuentran muy vulnerables por la falta de oportunidades. Muchísimas veces somos silenciadas como jóvenes, si quiero que me escuchen, debo hacerme escuchar, pero a la vez se menosprecia mi opinión por ser mujer”, afirmó Tania, del pueblo Ava Guaraní, comunidad Fortuna.

Durante la apertura de la actividad, Diana García, Jefa de cooperación adjunta de la Delegación de la Unión Europea (UE) en Paraguay, dijo que “las generalidades no valen si queremos hacer políticas públicas para todas las personas. Cada persona cuenta”. García habló además en representación del Programa “Apoyo a la implementación de la Agenda 2030 en Paraguay”, coordinado por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP).

Rocío Galiano Marés, Representante nacional del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, indicó que “las instituciones del Estado han avanzado mucho en la atención y respuesta a la violencia hacia mujeres, jóvenes y niñas en Paraguay. Sin embargo, sabemos que aún quedan múltiples desafíos para que la prevención, la atención integral, el acceso a la justicia, la protección sean efectivos y respondan a las situaciones y a las particularidades de mujeres, adolescentes y niñas de pueblos indígenas. Este encuentro se realiza considerando la existencia de altos niveles de violencia y vulnerabilidad a los que están expuestas las mujeres indígenas y ante la necesidad de ampliar los conocimientos sobre cómo abordar la violencia de manera efectiva, articulada y con pertinencia cultural”.

El objetivo de esta reunión es iniciar un proceso de discusión y reflexión colectiva entre mujeres indígenas y entidades del Estado, que permita contribuir al diseño de elementos para el abordaje institucional de la violencia contra las mujeres indígenas, con su participación y con enfoque intercultural, teniendo en cuenta experiencias de violencia vividas por mujeres indígenas, así como sus estrategias y desafíos para abordarlas desde la comunidad y las instituciones.

Conlleva desarrollar conocimientos para el diseño de políticas de atención y prevención de la violencia hacia mujeres indígenas que permitan ofrecer mejores servicios públicos, más apropiados y efectivos y bajo la premisa de “no dejar a nadie atrás”.

Segunda jornada
Para la segunda jornada está prevista la presentación y discusión sobre los instrumentos con los que cuenta Paraguay para abordar la violencia hacia mujeres indígenas y el respaldo de la normativa internacional, así como los elementos fundamentales de una política de abordaje de la violencia hacia las indígenas. Hablarán al respecto Line Bareiro, abogada y especialista en Derechos Humanos, Tina Alvarenga, representante de la Articulación de Mujeres Indígenas del Paraguay (MIPY) y la líder Maya Kiche, Alma López Mejía, reconocida por su gran contribución a la defensa de los derechos de las mujeres indígenas.

La actividad es iniciativa del Ministerio de la Mujer, del Fondo de Naciones Unidas de Población, UNFPA, y del Programa de cooperación de la Unión Europea “Apoyo a la implementación de la Agenda 2030 en Paraguay”, coordinado por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP).

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.