De los contratos adjudicados por el Estado a Dysa Healthcare SA y ejecutados en los tiempos en que el hoy senador Luis Pettengill Vacca formaba parte del cuadro directivo queda un historial de denuncias por diferentes irregularidades que quedaron básicamente en la nada. Precios de “oro”, falta de experiencia en prestación de ciertos servicios en el rubro sanitario, adjudicaciones sin el cumplimiento de especificaciones técnicas, etc.

En los tiempos en que el senador figuraba con su nombre en Dysa Healthcare saltó el cuestionado contrato para mantenimiento y reparación de tomógrafos y angiógrafos del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) en el que se incluyó compra de teclados y mouses a precios de “oro”.

En el contrato firmado en diciembre de 2019 con la empresa de Pettengill figuraban accesorios como el caso de teclados a G. 6,8 millones cada uno y mouses de computadora a G. 2 millones cada uno, una diferencia abismal con relación a los precios de mercado, que en el caso del mouse rondaba los G. 100 mil cada uno. La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) tuvo que intervenir ante el escándalo mediático y se anuló el lote de los cotizados accesorios.

EN EL IPS

Dysa Healthcare, en consorcio CBD (Dysa/Casa Boller), también tiene en su haber cuestionamientos por un supercontrato de G. 600.000 millones en el Instituto de Previsión Social (IPS) para servicios tercerizados de esterilización para el Hospital de Especialidades Quirúrgicas (Ingavi) adjudicado en 2019 y rige hasta 2029.

El proceso ninguneó protesta sobre la presunta inexperiencia para provisión del servicio. Una denuncia en contra de la firma vinculada al senador señala adjudicación sin cumplimiento de especificaciones técnicas ni plan de contingencia, etc.

La misma firma fue denunciada ante la Fiscalía en agosto de 2020 por un grupo de diputados por la supuesta venta sobrefacturada de 31 ventiladores pulmonares para el Ministerio de Salud, que, según informe de la Contraloría General de la República (CGR), fueron proveídos con 243 % de sobreprecio con relación al valor de importación de los equipos y con un aumento del 30 % con relación al precio referencial de licitaciones adjudicadas a la contratista en ese entonces.

Es importante mencionar que, si bien las adjudicaciones citadas datan de 2019, la ejecución del contrato fue entre los años 2020 y 2021, periodos que coinciden con el cargo directivo que tenía en Dysa Healthcare el actual senador Pettengill. Tampoco es menos relevante que, aunque el parlamentario borró su nombre de los documentos de la empresa, la última actualización de beneficiarios en el Ministerio de Economía registra que el 50 % de las acciones corresponde a la supercontratista de la familia, Ocho A SA, de que a la vez es parte Constructora Paraná, firma en la que declara acciones Pettengill al momento de asumir en el Congreso.

Pettengill es uno de los considerados “pulpo” de las licitaciones, ya que junto con su clan amasaron G. 6,3 billones en adjudicaciones en la última década.

Denis Steven Bareiro Chávez, Carlos Alfredo Bereiro Benítez y Carlos Rubén Yrala Fernández, de Steven Automotores, fueron acusados por estafa y asociación criminal. Mientras que el juez de Paz de Chaco´i, Jorge Adolfo Franco Garelik, fue acusado por la presunta comisión del hecho punible de prevaricato, lo mismo que la actuaria judicial Gabriela Noemí Gaona Benítez. En esta carpeta fiscal se contabilizaron 255 personas que fueron perjudicadas por este modus operandi.

En uno de los casos, la señora Natalia Bareiro, en fecha 5 de agosto de 2023, adquirió un vehículo de la playa de autos ubicada en la calle Acceso Sur casi Mangore de Ñemby, haciendo una entrega de G. 13.500.000 y pagaderos en 36 cuotas de Gs. 1.694.000, con sistema de rastreo satelital (GPS), siendo el primer vencimiento el 10 de setiembre de 2023, firmando un contrato privado con Bareiro Benítez, en representación de Bareiro Chávez, con certificación de firmas de la escribana Olga Valentina Insaurralde.

Luego, la señora Bareiro se atrasó en el pago de la primera cuota del 10/09/2023 y en fecha 02 de octubre de 2023, llegó hasta su domicilio el oficial de justicia Carlos Yrala, con una orden de secuestro firmado por el juez Franco Garelik y la actuaria judicial Gaona Benítez, cuya orden fue firmada por dicho juez el 14 de setiembre del 2023. Ante dicha situación, la misma entregó su auto y se acercó luego a la playa de venta de autos.

Ya en el lugar, pensado que iba a pagar la cuota atrasada le entregarían su vehículo, pero le solicitaron la entrega de G. 17 millones y ante su negativa, intentaron hacerle firmar un contrato de compra-venta a favor de Bareiro Chávez, a lo cual se negó y en un descuido logró tomar una foto del contrato. Ante su negativa a firmar no le entregaron el rodado ni la parte de pago que había entregado, así como tampoco los pagarés suscritos por ella. Este tipo de situaciones se repitieron por decenas, según las investigaciones de la Fiscalía.

El Ministerio Público sostiene que los acusados Bareiro Chávez, Bareiro Benítez e Yrala Fernández daban facilidad para adquirir vehículos, para luego aprovecharse del retraso en el pago de una cuota para dar trámite a expedientes judiciales en un Juzgado de Paz distante para obtener el mandamiento de secuestro y recuperar los rodados y volver a venderlos, haciendo firmar a las víctimas bajo engaño un contrato de compra-venta (dación de pago).

La acusación señala que el juez Franco Garelik y su actuaria Gaona Benítez tenían a su cargo expedientes judiciales en los cuales violaban los derechos de los demandados para favorecer al demandante (Steven Automotores), ya que ni siquiera cumplían con los mínimos requerimientos de enviar dichos expedientes a estadísticas o tasas judiciales.

A través de un comunicado divulgado el día de ayer, el INCAN anunció un corte programado en dicho centro asistencial por parte de la ANDE.

Dicha intervención en el suministro eléctrico, prevista en principio entre las 08:00 y las 15:00 hs, tenía como finalidad efectuar trabajos de mantenimiento en un alimentador de 23.000 voltios.

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Esto hubiese afectado directamente a las áreas de radioterapia, braquiterapia, tomografía, ecografía, mamografía y resonancia magnética, que sufrirían una “interrupción temporal en su atención”.

Finalmente, la Administración Nacional de Electricidad tomó la determinación de suspender este corte programado previsto para hoy, quedando sin efecto el último anuncio.

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La decisión fue tomada con el objetivo de evitar la afectación en los servicios brindados en el INCAN, de modo a no generar complicaciones a los pacientes que acuden allí para seguir sus tratamientos.

Ante el temor de que el generador de respaldo instalado para complementar el sistema de emergencia del INCAN no diera abasto, se optó por postergar el mantenimiento hasta nuevo aviso.

El comisario principal José Delgado, jefe de Investigaciones de Canindeyú, confirmó la detención de Giovanni Zárate Giménez (29), alias Jhonny, en el barrio Virgen del Carmen de la localidad de Katuete, departamento de Canindeyú, durante un allanamiento realizado esta madrugada.

El detenido cambia de domicilio con frecuencia para evitar ser atrapado.

De su poder incautaron 40 millones de guaraníes en efectivo en billetes de 100.000, un dron, cuatro celulares, un DVR y una tarjeta de memoria que será revisada.

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En julio del año pasado se enfrentó a la Fuerza de Tarea Conjunta, ocasión en la que resultó herido en el brazo. Además, se presume que fue uno de los responsables del ataque a balazos al helicóptero de la FTC en junio del 2024 en Yby Pytã.

La zona en la que detuvieron a Zárate es área de influencia de Felipe Santiago Acosta, alias Macho. Según los datos de inteligencia, el aprehendido no tenía un domicilio fijo y cambiaba constantemente de lugar para evitar ser atrapado.

La tarjeta de memoria del dron será analizada.

Respecto a la posibilidad de localizar a uno de los más buscados del país, Macho, el comisario dijo a la 730 AM que se encuentran cerca y que podrían hallarlo en cualquier momento.

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