No descartan que narcos mataron a paraguayos para saldar deuda

Continúa la investigación del asesinato de los paraguayos en Uruguay. Ahora surge la versión de que el abogado Ramón Agustín Quevedo Arce (45) debía dinero a los narcos, quienes al no poder saldar la deuda decidieron acabar con su vida y la de su esposa ante el hijo de ambos de 7 años.

​El ministro de la Senad, Luis Rojas, indico que el paraguayo estaba en el negocio del narcotráfico y era un elemento importante en la estructura del crimen organizado. Operaba para narcos fuetes del país, incluso alguno de ellos recluidos en cárceles.

“La manera en que Quevedo fue acribillado es la firma del narcotráfico. La vinculación es obvia Rumores no confirmados dan cuenta que él estaba con deudas impagas”, refirió el titular de la Secretaría Nacional Antidrogas.

Agregó que los delincuentes deciden acabar con la vida de una persona para saldar la deuda. En Uruguay se maneja la hipótesis que mataron al paraguayo para no pagarle por una carga que llevó.

Rojas también confirmó que nuestro país envía droga a Uruguay porque “es el puerto de salida al mundo”. Aclaró que Paraguay no produce pasta base sino lo que hace es aumentar las cantidades que vienen desde Perú y Bolivia, para luego enviarlas a otros destinos.

MARIHUANA

Según el ministro, el rubro de recuperación es la marihuana. “Estructuras que pierden plata con la cocaína se recuperan con la producción de marihuana, el 80 % de la marihuana paraguaya tiene asegurado el mercado del Brasil, es barato operar con esta droga para fortalecerse económicamente”, declaró.

El funcionario se ánimo a decir que somos campeones en la marihuana. “Somos los mayores productores de la región, con los productores de Bolivia hacemos un trueque: cambiamos marihuana por pasta base”, detalló.

Rojas se mostró a favor de la liberación de la droga. “No hay que cerrar la mente, al contrario, hay que impulsar el debate. La ley no se discute, la ley se cumple, y hoy en día la ley dice que debemos combatir la marihuana pero hay que discutir sobre bases científicas”, sentenció.

Buscan a mujer desaparecida hace ocho días en Concepción

La mujer fue vista por última vez el lunes pasado, 20 de abril, en horas de la noche. Desde esa fecha no saben nada de la misma.

Una mujer que se encuentra desaparecida desde hace ocho días, genera gran preocupación entre sus familiares. Se trata de Alberta Galeano Medina, de 48 años, pobladora del asentamiento Núcleo 3 de la ciudad de Arroyito, departamento de Concepción, quien fue vista por última vez el sábado, 20 de abril, por la noche.

En ese sentido, sus parientes solicitan la colaboración de la ciudadanía para ayudar a localizarla. Cualquier información sobre su paradero es crucial.

En caso de contar con información sobre el paradero de la misma, favor comunicar a la comisaría más cercana o al número (0983) 893-855, el cual pertenece a su hija Mariela.

IPS recorta el haber mínimo para nuevos jubilados

El Consejo del IPS resolvió reducir al 50% el haber mínimo jubilatorio que hoy es del 75 %. La disposición regirá para nuevos jubilados.

Durante la última sesión del jueves pasado, el Consejo de Administración del IPS aprobó la resolución, según la cual, se dejó sin efecto aquel aumento del haber mínimo jubilatorio al 75 %, con lo cual, el monto mínimo con el que una persona puede jubilarse pasa a ser el 50 % del salario mínimo legal, pese a que su aporte sea inferior.

Víctor Insfrán, consejero y representante de los trabajadores, explicó que la decisión tomada el jueves atañe a los a nuevos jubilados en condiciones especiales, es decir, los que se aportan por debajo del mínimo, pero aun así cobrarán la mitad del salario mínimo.

“Aquellas personas que tengan un aporte inferior al 50 % del salario mínimo, que su promedio dé una suma inferior, igual van a tener el 50 % del salario mínimo”, explicó Insfrán, en una entrevista con la emisora 1020 AM.

Durante la administración anterior, el haber mínimo fue incrementado dos veces, del 25 al 50 % y del 50 al 75 %. Sin embargo, estas decisiones, según el actual consejo, carecían de sustento financiero y pecaron de irresponsables y populistas.

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Insfrán aludió directamente a Andrés Gubetich y a Pedro Halley, quienes, posteriormente lanzaron sus candidaturas políticas, con esta decisión previa.

El 50 % del actual salario mínimo es de G. 1.340.186 guaraníes. Este es el monto que recibirán los próximos nuevos jubilados con el haber mínimo.

La disposición no afecta a quienes ya se jubilaron con el 75 % del mínimo, equivalente a G. 1.716.000, pues, las leyes no son retroactivas. Cualquier medida tomada se aplica a futuro, no afecta a los que ya tienen un derecho adquirido.

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Revocan fallo contra Christian Chena, la denunciante accionará

La jueza Rossana Frutos revocó el fallo por el cual se condenó al empresario Christian Chena, denunciado por violencia contra la mujer. Los representantes legales de la denunciante Gisele Mousques presentarán una acción de inconstitucionalidad contra lo resuelto por la magistrada.

En la fecha, la jueza Rossana Frutos revocó el fallo de su colega Gloria Machuca, quien había hecho lugar a la denuncia por violencia contra la mujer interpuesta por Gisele Zuni Mousques contra el empresario Christian Chena y el programa RDN (Resumen de Noticias).

En entrevista con el canal GEN, la abogada Margarita Heralesky, representante de la denunciante Gisele Mousques, lamentó la decisión de la magistrada Frutos. Explicó que su clienta presentó una denuncia por violencia contra la mujer y solicitó medidas de protección. El pedido hecho, y concedido por la primera jueza, fue que Chena no realice calificaciones denigrantes y atentatorias contra su dignidad.

La defensa del denunciado apeló la decisión de la Jueza de Paz, y el expediente pasó al Juzgado de Primera instancia, donde ahora la magistrada Frutos hizo lugar a la apelación.

Ante este revés, la abogada Heralesky adelantó que presentará una acción de inconstitucionalidad en contra del fallo.

La letrada aclaró que en ningún momento se buscó censurar a la prensa, sino más bien proteger la dignidad de la denunciante.

MÁS DEL CASO

Mousques había formulado una denuncia contra Christian Chena por el hecho punible de Violencia Contra la Mujer, ante lo cual la jueza Gloria Machuca dispuso una medida de protección para que el empresario no pueda realizar publicaciones o referirse a la mujer a través de sus redes sociales, medios digitales y otros similares que sean de su propiedad, ya sea de manera directa o indirecta.

En el relatorio de hechos que obra en el expediente judicial, Mousques señala haber sido víctima de ataques infundados por parte del propietario del medio RDN (Resumen de Noticias), quien habría utilizado sus redes sociales para dañar su imagen.

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Según la denunciante, viene siendo víctima sistemática de amedrentamientos por parte de Chena, esto luego de haber salido victoriosa en un juicio laboral que data del tiempo en el que la misma trabajaba en el canal RPC (actual El Trece), cuyo propietario en su momento fue Chena.

En el documento se acusa a Chena de “proporcionar información falsa y denigrante” contra Mousques a través de “titulares tendenciosos”. De igual manera, se lo acusa de haber incumplido y desacatado las medidas de protección que habían sido dispuestas previamente por el juzgado.

Asimismo, Mousques alega haber sufrido hostigamientos a través de las redes sociales mediante perfiles falsos que realizaron comentarios denigrantes hacia su persona, en respuesta a un tweet realizado por Chena en su cuenta de Twitter. Además, dijo verse afectada “por el odio social que se instiga a la violencia con sus titulares tendenciosos y la información falsa que proporcionan a la opinión pública”.

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Mousques cuestionó el actuar de Christian Chena al “refritar” publicaciones periodísticas que datan de hace varios años y en los que la misma dijo sentirse agraviada, lo cual a su vez motivó el comentario negativo de varios de sus seguidores en la mencionada red social.

La denunciante sostiene haber sido violentada en su salud física y psicológica debido a estos ataques, al punto de tener que recibir tratamiento psicológico por parte de profesionales. Por ello, recurrió a la justicia para solicitar la aplicación de medidas de protección que actualmente siguen vigentes por disposición judicial.