Luis Fernando Alegre comentó que su esposa -quien venía afrontando un embarazo complicado a causa de un desprendimiento que sufrió- logró llegar a las 38 semanas de gestación, momento en el que acudieron al IPS para programar la fecha del parto.

Una vez allí, uno de los médicos que la había atendido le manifestó que no estaban dispuestos a asumir la responsabilidad de someterla a un parto por cesárea debido a unos desmayos que había sufrido previamente.

“Ella se desmayó dos veces y con esa excusa nos dijeron, sin que se haga un estudio del corazón, que ningún doctor se iba a hacer responsable”, expresó en entrevista con la 650 AM

Te puede interesar: Reclaman deuda de US$ 270 millones al IPS: si no paga, se cortaría provisión de fármacos

Según Alegre, los profesionales del IPS le habían dicho que no estaban seguros de si su esposa iba a poder soportar la anestesia debido a esos desmayos que había sufrido. Posteriormente, le agendaron unos estudios para determinar qué pudo haberlos provocado.

Después de muchas gestiones y moviendo contactos para conseguir turno, finalmente lograron agendar una fecha para someterla al estudio denominado monitoreo de Holter, cuyos resultados estuvieron ayer. “Nosotros hicimos todo lo que pudimos, movimos cielo y tierra para conseguir el Holter a tiempo”.

El denunciante indicó que, con los resultados en mano, ayer fueronn para que les puedan agendar el parto lo antes posible, sobre todo considerando que el bebé ya no se estaba moviendo desde el sábado.

Leé también: Transformación educativa no sacará la patria potestad, responde MEC a padres

Cuando acudieron a consultar con otra doctora del IPS, ésta les confirmó que su bebé había fallecido dentro del vientre de la madre y que por ello ya no se registraba ningún movimiento desde hace unos días.

“Ella (médica) me dijo que esto es normal, pero no puede ser normal que un bebé muera así”, indicó Alegre, quien repudió lo que considera como “la mafia de los hospitales” por el hecho de permitir que se pierda otra vida por culpa de una negligencia médica.

La acción encarada por la Ande se realizó en el marco de las festividades del 14 y 15 de mayo, con el fin de acompañar todas las actividades previstas en los días de conmemoración del día de la independencia del Paraguay y de las gloriosas madres paraguayas.

Se realizaron las reparaciones necesarias en 116 artefactos de alumbrado público, asegurando así un entorno seguro y adecuadamente iluminado.

Puede interesar: Ministerio Público tilda de “falacia” el reclamo de forense por falta de infraestructura

A su vez, la Policía Nacional prepara un operativo de seguridad para resguardar la seguridad de todas las personas que participarán de los diferentes actos festivos para este 14 y 15 de mayo.

Desde el viceministerio impulsarán alternativas de desplazamientos en caso de que el Centro de Empresarios del Transporte Público del Área Metropolitana (Cetrapam) persista con el paro de buses.

Te puede interesar: Estas son las calles que serán clausuradas en Asunción por las festividades patrias

Este denominado plan de contingencia incluye el apoyo y acompañamiento de instituciones gubernamentales, como el ofrecimiento del sector privado, para garantizar a los ciudadanos el servicio de transporte.

Fernández informó a los representantes de Opama, respecto a la reunión tripartita convocada por el Viceministerio de Trabajo para el próximo 16 de mayo, y las acciones que se llevarán adelante.

Indicó que las conversaciones con las organizaciones civiles son importantes y aportan de manera estratégica en el plan de reforma del sistema de transporte que se prevé impulsar. Además, reiteró que el paro de buses es una medida anacrónica, e insistió que el diálogo es el camino que conducirá a mejorar el servicio público.

“Rechazamos cualquier medida de presión como el paro, y nos mantenemos en eso. Nosotros hemos dicho desde el primer día que nuestra estrategia es el diálogo institucionalizado, lo que significa tratar los puntos en las mesas establecidas”, manifestó.

“Un paso trascendental, luchamos en su momento para que la ley se haga realidad. Hoy estamos haciendo realidad la reglamentación que va a permitir que productos paraguayos, productos que se realizan aquí en el Paraguay, el cemento, pueda ser utilizado para las obras viales, que nos van a permitir también dar, aparte de la mano de obra, una mayor calidad y durabilidad a nuestra red vial”, expresó el presidente Santiago Peña.

Al respecto de la promulgación, la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, manifestó que después siete años hoy finalmente están dando inicio a una transformación de infraestructura, la de pavimento rígido con cemento nacional, marcando un hito importante en el desarrollo del país.

Puede interesar: Diputados piden informes sobre áreas protegidas

Cabe recordar que durante el Seminario Internacional Construcción de Pavimentos de Hormigón organizado por la Asociación Paraguaya de Carreteras (APC), la ministra Centurión había enfatizado la importancia del pavimento rígido, el hormigón, como un elemento fundamental en la ingeniería, destacando su nobleza y su contribución al progreso y desarrollo nacional.

Subrayó el papel crucial que desempeña la utilización de este tipo de pavimento, su impacto en la industria nacional, impulsando el crecimiento económico y la generación de empleo en todo el país.

IMPLEMENTACIÓN

Según el Decreto 1.683/24 “Que establece la utilización de pavimento rígido en los proyectos de obras viales”, a los efectos del cumplimiento gradual de las disposiciones contenidas en el Artículo 2° de la Ley N.º 5841/2017, será considerado “Primer año inicial” al año 2024, “Segundo año” al año 2025, “Tercer año” al año 2026 y “Cuarto año” al año 2027.

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) deberá planear, programar, presupuestar y contratar la construcción de pavimento rígido en un porcentaje del: 15% del total de las obras viales programadas para el año 2024; 20% del total de las obras viales programadas para el año 2025; 25% del total de las obras viales programadas para el año 2026; 30% del total de las obras viales programadas para el año 2027 y subsiguientes, según reza el artículo 3 de la normativa.