Tras varios días de estallar la polémica, José Cantero decidió romper el silencio sobre la sanción al banco Interfisa y lo hizo con el diario Última Hora, medio de comunicación aliado al Gobierno de Mario Abdo Benítez -como también lo es el diario ABC Color de la familia Zuccolillo-.

En su entrevista, el titular del ente financiero matriz alegó que se respetó la autonomía de la Superintendencia de Bancos y sus conclusiones en el proceso de sumario. Asimismo negó considerarse “juez y parte” y sostuvo que el sumario correspondiente, como otros resueltos en los últimos años, se encaminó respetando a la institución y a las normativas.

Cantero señaló que como integrante del Directorio del BCP no tiene “ninguna atribución legal para iniciar una investigación, proponer un sumario y mucho menos para impedirlo”, y argumentó que la sanción a Interfisa se resolvió el 9 de junio pasado, fecha límite para su tratamiento. Esgrimió que si no daba cuórum, se iba a interpretar que primó la amistad por encima de la legalidad e institucionalidad.

En su descargo, realizado únicamente con los medios aliados, no así con otros medios críticos que expusieron también el caso, Cantero no explica por qué se excluyó el periodo donde él fue gerente general de Interfisa.

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El 8 de junio del 2023, el presidente de la entidad José Cantero, en complicidad con los miembros del directorio y del Superintendente de Bancos, sancionó a un entidad financiera por faltas cometidas en el manejo de sus finanzas, las cuales habrían sido maquilladas al registrar pérdidas.

Cantero decidió imponer una multa a la entidad de la que formó parte en el pasado, pero se excluyó de la sanción, consumando así un acto administrativo arbitrario y con fuerte tinte político. Llamativamente, en la resolución no se incluyó el periodo en el cual el propio Cantero se desempeñó como gerente general de la entidad hoy sancionada.

Según los propios documentos de la denuncia y del sumario, la irregularidad en la entidad financiera comenzó en el año 2016, cuando Cantero era el gerente de la misma, pero el BCP solamente sancionó a los siguientes gerentes que lo reemplazaron en los sucesivos años.

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El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.