“Le manifestamos lo importante que consideramos los diálogos iniciados con el auspicio de Noruega, insistiendo que aspiramos que se logre la convocatoria a elecciones justas, libres y verificables, como solución a la grave crisis que vive Venezuela y que afecta a la región”, escribió en Twitter la exdiputada Olivia Lozano.

En la reunión virtual también participó el exparlamentario William Dávila, el opositor David Olson, y la directora para América del Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay, Doris Román.

En el encuentro, detalló Lozano, facilitaron “detalles de la grave crisis política, social e institucional” de Venezuela y denunciaron “el incremento de las persecuciones y la violencia política” contra líderes políticos de oposición.

Fue “enfática” al subrayar que, en paralelo al proceso de negociación iniciado en México, continuarán “promoviendo mayor presión internacional”.

Román, siempre según la versión de Lozano, “destacó la necesidad de llegar a una solución integral que beneficie a todos los venezolanos” y destacó “el valor y convicción” de Juan Guaidó “en la lucha por el rescate de la libertad y la democracia”.

El encuentro permitió dar a conocer detalles de la grave crisis política, social e institucional de #VZLA, a la vez de denunciar el incremento de las persecuciones y la violencia política por parte del régimen de Maduro contra los dptdos. de la @AsambleaVE y líderes políticos.

— Olivia Lozano (@oliviaylozano) August 17, 2021

El pasado viernes, el Gobierno y la oposición firmaron un memorándum en México para iniciar un nuevo diálogo.

Las reuniones en ese país norteamericano transcurrieron durante el fin de semana de forma hermética y sin que se conocieran los resultados finales de estos primeros encuentros.

Con este proceso, impulsado por Noruega, la oposición exige elecciones “libres, transparentes y justas”, mientras que Maduro pretende que se levanten las sanciones internacionales.

El Gobierno y la oposición acordaron el domingo retomar la negociación del 3 al 6 de septiembre.

Para promoverlo en el exterior, el sector más cercano a Guaidó nombró una delegación compuesta por Lozano, Dávila y al también político opositor Ismael García.

Nicolás Maduro compareció este miércoles ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York. La sesión duró pocos minutos y definió el futuro procesal del exmandatario y su esposa, Cilia Flores. El juez Alvin Hellerstein anunció el 1 de junio de 2027 como el día formal para el inicio del juicio oral.

El acusado enfrenta cuatro cargos graves, entre ellos conspiración para el narcoterrorismo e importación de cocaína hacia Estados Unidos. Maduro ingresó a la sala con un uniforme carcelario de color beige y escuchó la traducción mediante auriculares.

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Esta comparecencia constituye su tercera aparición ante la justicia neoyorquina desde su captura en Caracas el pasado 3 de enero.

La defensa técnica, encabezada por el abogado Barry Pollack, busca la desestimación total del expediente. El equipo legal de Maduro presentará una moción de inmunidad soberana el próximo 17 de noviembre. En esa jornada, los defensores argumentarán que Maduro posee protección jurídica por su antiguo cargo de jefe de Estado.

Por su parte, la fiscalía entregará el grueso de las pruebas clasificadas también en noviembre de 2026. El cronograma incluye una segunda ronda de mociones para el 11 de enero de 2027. Mientras el proceso avanza, Maduro sigue recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn

La abogada Alba Mariela Giménez de Vera, Defensora Pública en lo Laboral del Segundo Turno de la Capital, tomó intervención en un caso de despido injustificado que tuvo como afectada a una trabajadora en etapa de gestación.

Según los antecedentes, esta mujer había sido desvinculada en el año 2022 de una empresa distribuidora mientras se encontraba embarazada, motivo por el que inició una demanda contra la firma en cuestión.

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En este caso puntual, la acción judicial consistió en una demanda de nulidad de despido y cobro de guaraníes, la cual tuvo curso favorable en primera instancia gracias al fallo del Juzgado Laboral.

Un juez ordenó el reintegro de la trabajadora, el pago de salarios caídos y la regularización de sus aportes al Instituto de Previsión Social (IPS). Posteriormente, el Tribunal de Apelación confirmó sustancialmente dicha decisión.

Sin embargo, la empresa promovió una acción de inconstitucionalidad, medida que amenazaba con prolongar el litigio y seguir postergando el acceso de la afectada a la reparación económica reconocida previamente por la Justicia.

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Gracias a la intermediación de la defensora pública, se abrió un proceso de diálogo y negociación entre las partes, el cual culminó de manera fructífera con un acuerdo transaccional, de acuerdo al informe del Ministerio de la Defensa Pública.

De esta manera, la denunciante recibirá una compensación económica, luego de que la empresa se comprometiera al pago de G. 80.000.000, monto que comprende las indemnizaciones, haberes laborales y demás conceptos reclamados en el proceso.

La iniciativa, presentada por el diputado José Domingo Adorno, fue respaldada por unanimidad durante la reunión de la comisión presidida por el senador Javier Zacarías Irún.

De acuerdo con la exposición de motivos, las precipitaciones provocaron una situación crítica que compromete el acceso de la población a servicios esenciales como salud, educación, alimentación, combustibles e insumos, además de afectar el desarrollo económico y social del departamento.

El proyecto busca dotar al Estado de herramientas para responder a la emergencia y atender las necesidades de las comunidades afectadas.

En la misma reunión, la comisión también resolvió acompañar la objeción parcial del Poder Ejecutivo al proyecto de ley sobre el ejercicio profesional de la radiología, al considerar que algunos artículos presentan incompatibilidades con disposiciones de la reforma de la Caja Fiscal.

Asimismo, los senadores respaldaron el veto total del Ejecutivo al proyecto de ley marco sobre el derecho humano a la alimentación adecuada, al concluir que los argumentos expuestos por el Gobierno son suficientes para sostener la objeción.