Los senadores Enrique Salyn Buzarquis, Ever Villalba, Kattya González, Patrick Kemper, Rafael Filizzola, Líder Amarilla, Rubén Velázquez, Hermelinda Alvarenga, Noelia Cabrera y José Oviedo días atrás presentaron el proyecto de ley que pretende modificar el Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público.

Específicamente, esta propuesta legislativa plantea una modificación del Artículo 9 de la Ley 2.345/03 de Reforma y Sostenibilidad de la Caja Fiscal, modificada a su vez por la Ley N° 4.252/10, donde se hace mención a la edad obligatoria para acceder a la jubilación en la función pública (ver expediente online).

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El texto del proyecto establece: “La jubilación será obligatoria cumplidos los 75 (setenta y cinco) años de edad, sea ella la ordinaria o la extraordinaria”. Actualmente, la edad requerida es de 65 años para los funcionarios públicos.

En su argumentación, los proyectistas afirman que actualmente existen muchas personas que llegan a la edad establecida de 65 años, pero los años de aporte no les permiten acogerse a la jubilación digna, por lo que terminan presentando acciones de inconstitucionalidad para que se revea su situación.

La citada propuesta legislativa ya tuvo sus primeros cuestionamientos la semana pasada, cuando algunos internautas en redes sociales, al enterarse del planteamiento, reprocharon la intención de elevar la edad de jubilación para los funcionarios públicos.

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A esto se le debe sumar el hecho de que, en la actualidad, el promedio de vida estimado en Paraguay ronda apenas los 78 años de edad, por lo que llegar hasta los 75 años para acceder a la que llaman “jubilación digna” sería mucho más complicado.

Actualmente, este proyecto de ley presentado por la oposición se encuentra en la Cámara de Senadores y debe recibir el dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública; Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo; Hacienda y Presupuesto; Derechos Humanos; y Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado.

LA VERSIÓN DE LOS PROYECTISTAS

En entrevista con el diario La Nación, dos de los proyectistas hablaron sobre el trasfondo del citado proyecto de ley y el objetivo al que se apunta para beneficio de los funcionarios públicos.

Uno de ellos es el senador Rubén Velázquez (Yo Creo), quien afirmó que esta modificación no cambiaría el régimen jubilatorio de los trabajadores del sector público, sino que brindaría “una jubilación más digna” al sector.

Aquellas personas que ingresaron tarde en la función pública, llevan solo 10 años de aporte y ya están por alcanzar los 65 años de edad tendrán permitido seguir trabajando para continuar aportando y que así no deban jubilarse con un ingreso tan bajo, explicó.

A su vez, el senador José Oviedo (Cruzada Nacional) indicó que la eventual modificación en la ley no afectará las condiciones para que los funcionarios públicos puedan jubilarse, puesto que con este planteamiento se busca generar mayores garantías en beneficio de los mismos.

A su vez, el parlamentario afirmó que esta normativa no afectaría a la sostenibilidad de la Caja Fiscal, aunque de igual manera se seguirá debatiendo al respecto, tanto en las comisiones del Senado como en las audiencias públicas a ser convocadas.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.