El comunicado de la OMCT se refiere a dos resoluciones en las que el Comité determinó que el Estado paraguayo fue responsable de “graves violaciones a los derechos humanos”: la ejecución del dirigente campesino Eulalio Blanco, y las torturas al dirigente campesino Ernesto Benítez, ambos hechos ocurridos en el año 2003, según un comunicado de la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy).

La Codehupy y la OMCT denunciaron estos casos ante el Comité de la ONU en 2008, que emitió sus dictámenes en marzo de 2012, pero el Estado paraguayo aún no les ha dado cumplimiento.

La Codehupy señaló que el no cumplimiento de estos dictámenes “implica la persistencia de la impunidad en ambos casos”, en los que no se ha reparado ni a Ernesto Benítez ni a los familiares de Eulalio Blanco.

Tampoco se han adoptado medidas por parte el Estado paraguayo para evitar que se repitan hechos similares, denunció la coordinadora.

Blanco, dirigente de un grupo de productores de cedrón, fue asesinado por un agente policial durante una protesta contra el Gobierno en el departamento de San Pedro, en la que otros 16 participantes resultaron heridos por arma de fuego.

Benítez, que apoyó la protesta, fue herido con un proyectil de goma y después torturado en comisaría por militares y policías, según Codehupy.

La coordinadora, que representa a familiares de Blanco y a Benítez, aseguró que ambos casos quedaron impunes debido a la “mediocre investigación fiscal”.

La instalación se llevó a cabo conjuntamente entre el Hospital Regional que invirtió para la mano de obra, el Instituto Nacional de Nefrología, que brinda los insumos y el catéter para los pacientes, y la empresa Index SACI, que proveyó de pinturas, mamparas y otros equipamientos para adecuar la sala.

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La diálisis es un tratamiento para pacientes con enfermedad renal crónica y les brinda la oportunidad de utilizar esta opción, colocación de catéter, si reúnen las condiciones, según criterio médico, lo que a su vez les permite mejorar su calidad de vida.

El Dr. Emilio Cabrera, especialista en cirugía mínimamente invasiva, instruyó a los cirujanos del Hospital Regional de Paraguarí en la colocación del catéter de diálisis peritoneal.

El evento contó con la participación de la directora de la IX Región Sanitaria, Dra. Auria Villalba; Dr. Luis Yd, director del Hospital Regional de Paraguarí; Dr. Ernesto Wasmosy, presidente de Index SACI; Dra. Natalia Wasmuth, jefa de díalisis peritoneal del Instituto de Previsión Social y del Instituto Nacional de Nefrología; Lic. Marisa Lezcano, jefa de docencia del Instituto Nacional de Nefrología; Mgter. Deisy Benítez, jefa de enfermería de la IX Región Sanitaria; Sr. Modesto Arce, representante de la Gobernación de Paraguarí.

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Desde hace meses, aparecen denuncias de múltiples irregularidades de la administración comunal en esta ciudad que hasta ahora no fueron aclaradas.

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Ciudadanos autoconvocados a través de la Contraloría de Ñemby marcharán este viernes para pedir una intervención real y que la gestión de Tomás Olmedo sea transparentada.

“Hay cuestiones de mal manejo administrativos de los recursos públicos. Hay denuncias en la Fiscalía con respecto a pagos dobles de empedrados que ya se habían hecho de años anteriores y se hicieron figurar que hicieron ahora”, explicó Óscar Patiño, de la Contraloría de Ñemby, durante una entrevista a la radio 650 AM.

Informó que entre pobladores se unen para presionar y que Tomás Olmedo rinda cuentas sobre el uso del erario municipal. La marcha está prevista para las 18:00 hs y el punto de encuentro es en la biblioteca local.

Así también, señala que existen licitaciones que aparentemente fueron sobrefacturadas y funcionarios que llevan meses sin percibir sus haberes.

“Algunos tienen 4 a 5 meses de atrasos y el que reclama se le despide directamente”, agregó Patiño.

Las agentes fiscales Belinda Bobadilla, anticorrupción, e Yrides Avida, agente de turno en Lambaré, coordinaron  las investigaciones iniciadas tras las denuncias efectuadas por la Dirección de Asesoría Jurídica del IPS, a cargo de José González, sobre la supuesta expedición de certificados médicos falsos para que jubilados de la previsional pudieran acceder a préstamos de la Caja de Préstamos, y en conexión con otra causa denunciada por el presidente de la Caja de Jubilados de la ANDE.

La detención de la sospechosa se desarrolló durante un procedimiento llevado adelante por la fiscala anticorrupción, Belinda Bobadilla.

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Un hombre fue detenido luego por los agentes intervinientes, debido a que supuestamente habría entregado los certificados médicos de contenido falso a los jubilados del IPS, que solicitaban préstamos a la Caja de IPS.

En horas de la tarde, la fiscal de turno de Lambaré, Yrides Ávila, junto con Bobadilla realizaron allanamientos en busca de evidencias relacionadas con las causas abiertas. En el domicilio del hombre se encontraron en concreto con la resolución judicial supuestamente falsificada que reconocía como sucesora a la detenida.

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También se hallaron copias de otras resoluciones judiciales, pedidos de préstamos de terceras personas en la Casa de Préstamos del IPS.