Era el 9 de septiembre del 2020, y Óscar Denis se encontraba en su estancia “La Tranquerita”, entre los departamentos de Concepción y Amambay (norte), zona de influencia de la guerrilla.

Apenas unos días antes, un operativo de las fuerzas especiales destinadas a combatir al Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) culminó con la muerte de dos niñas, supuesta hijas de líderes guerrilleros. La versión del Gobierno es que las menores estaban integradas en la guerrilla y que una de ellas llegó a abrir fuego durante ese choque.

Lo cierto es que este hecho fue señalado por algunas fuentes como el posible motivo que derivó en una búsqueda de venganza, que llevaría a que Denis, ex vicepresidente paraguayo, fuera secuestrado aquel fatídico día de septiembre.

Además del ex vicepresidente, que fue llevado al fuerza, también fue secuestrado un trabajador de la finca, aunque éste fue liberado unos días después. Denis, en cambio, todavía sigue en cautiverio, a casi dos años de que fuera tomado como rehén del grupo guerrillero.

Denis fue vicepresidente del gabinete del presidente Federico Franco (del Partido Liberal), entre 2012 y 2013, además de gobernador de Concepción, empresario ganadero.

Su vehículo fue encontrado cerca de su casa en el noreste del país, con panfletos de la organización paramilitar de ideología marxista.

Vista de la camioneta propiedad del ex vicepresidente de Paraguay que fue hallada abandonada a 30 km de su estancia Tranquerita, en el departamento de Amambay (Paraguay) (EFE/Nathalia Aguilar)

La familia afirmó haber cumplido la exigencia del EPP para liberar a su padre: el reparto entre comunidades campesinas de alimentos por valor de dos millones de dólares. La otra exigencia iba dirigida al Gobierno: la excarcelación de dos presos históricos de la guerrilla, que el Ejecutivo descartó como inviable.

Pero, ¿quiénes son los secuestradores y qué es lo que quieren? La primera parte de la pregunta es más fácil de contestar que la segunda.

Las autoridades lo consideran un grupo armado pequeño, prácticamente un clan familiar, pero hasta ahora les ha sido imposible derrotarlo. El Ejército del Pueblo Paraguayo opera desde hace 14 años en la rica zona ganadera de Concepción, en el centro del país, donde sus secuestros mantienen en vilo a la población.

Con apenas un centenar de integrantes, según expertos y autoridades, al EPP se le atribuyen 74 muertes de civiles, militares y policías desde 2008.

“Ellos dicen que quieren ayudar a los pobres, que están a favor de los pobres. Pero siempre perjudican a los pobres. Nosotros no somos ricos, somos pobres. Somos trabajadores, somos humildes. Se llevaron al hijo de una familia pobre”, se queja entre lágrimas Obdulia Florenciano, madre del policía Edelio Morínigo, secuestrado hace ocho años, mientras muestra junto a su esposo una foto de su hijo en uniforme.

Un panfleto del EPP

También Beatriz Denis, hija de Óscar Denis, se lamenta por la suerte de su padre: “Yo aceptaría cualquier cosa con tal de tener a papá. Voy a negociar lo que sea, por más de que suene feo (…) Todas las veces en las que un secuestrado volvió al hogar, no volvió porque el gobierno lo encontró. Se pagó y volvió el secuestrado”.

El padre Domingo Savio Ovelar, párroco de la localidad de Yby-Yaú, habla del temor de la población en Concepción, donde viven unos 300.000 de los 7,4 millones de habitantes de Paraguay y en el que se confunden militantes del EPP, narcotraficantes y contrabandistas.

“Convivimos prácticamente juntos y no nos damos cuenta. Aquí no podemos distinguir quién es narcotraficante, quién sicario o quién tiene ese pensamiento extremista”, dice. “Hay una zozobra permanente. No sabemos con qué vamos a amanecer”.

La organización, creada por antiguos seminaristas, también tiene en su poder al ganadero Félix Urbieta, de 73 años, capturado en 2016 en su hacienda.

Las autoridades lo consideran un grupo armado pequeño, prácticamente un clan familiar, pero hasta ahora les ha sido imposible derrotarlo

El EPP plantea el canje de los secuestrados por dos de sus máximos líderes: Alcides Oviedo, de 52 años, y Carmen Villalba, de 50, presos en Asunción e involucrados en el secuestro y asesinato en 2004 de Cecilia Cubas, hija del ex presidente Raúl Cubas, cuando aún no habían fundado el EPP.

Oviedo, sentenciado a 40 años de cárcel, se casó con Villalba en 2006, cuando ya ambos estaban presos, pero la pareja se separó en 2019. Ambos tienen una hija de 15 años desaparecida durante un choque con el Ejército en 2020. En ese ataque murieron también dos niñas de 11 y 12 años, Lilian y María Carmen, de nacionalidad argentina, sobrinas de Carmen Villalba.

Carmen Villalba cumplió el año pasado una primera condena de 18 años por secuestro, pero su pena se amplió a 17 años más por el intento de homicidio de tres policías. Su hermano Osvaldo Villalba conduce la guerrilla. Otra hermana, Laura, fue capturada en 2021 y procesada por terrorismo.

La desgarradora lucha de las hijas: “600 días en el olvido”

En la imagen un registro Beatriz Denis, hija del secuestrado exvicepresidente Óscar Denis, durante una rueda de prensa (EFE/Nathalia Aguilar/Archivo)

Beatriz Denis extraña a su papá. Ella y sus otras dos hermanas, que luchan incansablemente para recuperarlo.

Hace unos días declaró a la emisora ABC Cardinal que su familia está dispuesta a hacer un “trueque” de información con el EPP, en respuesta a un pedido de ese grupo.

El pasado 14 de marzo, Carlos González, quien recobró su libertad ese día tras haber sido secuestrado por el EPP el 5 de marzo, dijo a periodistas que esa guerrilla está dispuesta a ofrecer información sobre Denis y Morínigo. A cambio, solicitó datos acerca de Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, conocida como “Lichita”, hija de Alcides Oviedo y Carmen Villalba, dos líderes históricos del EPP que se encuentran encarcelados.

“Nosotras seguimos recorriendo y buscándole a papá y también buscamos a Lichita, porque nosotras sabemos lo que es no tener a esa persona amada dentro del hogar”, declaró Denis a la emisora.

Un camión cargado con víveres, que la familia del secuestrado ex vicepresidente entregó a comunidades del norte paraguayo, como exigencia de los guerrilleros (EFE/Nathalia Aguilar)

En ese contexto, indicó que quieren hacer “un trueque de información”. “Que ellos nos digan qué hicieron, dónde lo dejaron, a dónde dejaron a papá”, agregó la hija del ex vicepresidente.

Beatriz también leyó un comunicado de los familiares del ex vicepresidente, cuando se cumplieron 600 días de su secuestro: “Hoy recordamos 600 días de derrota. Mientras este Gobierno se sigue mirando al ombligo al tiempo que se congratula a sí mismo por logros inexistentes”.

“Hoy se cumplen 600 días sin Óscar Denis, 600 días sin papá, 600 días en el olvido, 600 días de dolor, 600 días de derrota”.

(Con información de AFP y EFE)

La reglamentación de esta ley implica que el científico paraguayo va a tener mejores herramientas para poder realizar su tarea, y la carrera misma del investigador toma otra preponderancia, según explicó el presidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Benjamín Barán, quien además destacó que la carrera del investigador está plenamente vigente.

El decreto firmado por el presidente Santiago Peña busca sentar las bases para la implementación de una política pública que impulse la labor científica, con observancia de principios y valores éticos, esperando que su labor redunde en beneficio de la calidad de vida de toda la población.

Por su parte, el asesor presidencial en materia científica, Antonio Cubilla, destacó que esta reglamentación marca un hito en la historia de la ciencia paraguaya y resaltó el gran apoyo del presidente Santiago Peña quien brindó todas las garantías para que se lleve adelante este proyecto.

Asimismo, se crea una estructura orgánica dentro del sistema que tendrá como rol la implementación de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la actividad científica y, en particular, los mecanismos y lineamientos para el acceso, permanencia, ascenso, descenso o salida de los investigadores del sistema.

El fiscal Edgar Benítez Delgado, de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Propiedad Intelectual, el Contrabando, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, allanó el local de “Cable Visión Kaarendy” de la ciudad de Juan León Mallorquín y decomisó equipos codificadores que transmitían señales ilegalmente.

La intervención se produjo tras una denuncia presentada por representantes de empresa Teledeportes Paraguay y en cumplimiento de una disposición judicial firmada por el juez de atención permanente, Amílcar Antonio Marecos.

Los responsables del hecho serán investigados por los presuntos delitos de violación del derecho de autor y aprovechamiento clandestino de señal.

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La mayor proporción de las 2.268 familias afectadas se reporta en Ñeembucú, departamento declarado en situación de emergencia. Allí, hay 2.204 familias damnificadas y desplazadas por la crecida de las aguas, con anegamiento de sus viviendas, pérdidas materiales y daños en cultivos. Igualmente se encuentran afectadas unas 64 familias provenientes del departamento de Misiones.

De dicha cifra, las Unidades de Salud de la Familia (USF) asistieron a unas 1.628 personas, con atención médica y vacunación. También se brindó provisión de víveres a través de la gobernación de Ñeembucú.

Los principales problemas de salud registrados fueron diarrea y enfermedades tipo influenza (ETI). No se registran accidentes por animales ponzoñosos.

Existe una alta probabilidad de que se generen fenómenos de tiempo severo en el transcurso de lo que queda de esta semana en Misiones y Ñeembucú.

En Limpio, Pilar y Tacuaras se estableció emergencia distrital.