Representantes del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y el Instituto de Previsión Social (IPS) mantuvieron ayer una reunión interinstitucional en la que se abordó la situación del nuevo Hospital Ingavi.

El punto principal analizado durante el encuentro es el vertido de desechos cloacales del citado centro asistencial, el cual aún no puede ser habilitado debido a que aún no se encuentra conectado al sistema de desagüe cloacal.

Desde el IPS responsabilizan de esta situación al MOPC debido a que dicha cartera de Estado tenía a su cargo la construcción de una planta de tratamiento en la ciudad de San Lorenzo, además de la puesta en condiciones del alcantarillado sanitario.

Tras un minucioso análisis del asunto, finalmente se decidió que el Instituto de Previsión Social presente ante el Ministerio del Ambiente un ajuste de su “Plan de Gestión Ambiental” aprobado en el Estudio de Impacto Ambiental.

De esta manera, se otorgará un permiso “como una medida paliativa y temporal” para que el Hospital Ingavi arroje de manera provisoria sus efluentes cloacales en el cauce del arroyo San Lorenzo, hasta tanto se complete la construcción de la planta de tratamiento.

Carolina Pedrozo, de la Dirección de Control del MADES, manifestó que el IPS tiene que arrimar todas las documentaciones requeridas en forma oficial y posteriormente se otorgaría el permiso para la habilitación “en la brevedad posible”, siempre y cuando la información se encuentre acorde a las leyes ambientales.

El acuerdo contempla que el IPS remita un informe al MADES en relación a la calidad del agua que será tratada en la planta de tratamiento del nosocomio, esto para que posteriormente se puedan verter los efluentes cloacales en un aliviadero que desemboca en el arroyo.

“El Ministerio del Ambiente pide acogerse a las condiciones de parámetros establecidos para los efluentes, para que los vertidos no sean contaminantes de los cauces hídricos”, refiere el comunicado oficial publicado tras la reunión.

Desde la institución aclaran que esta medida será para “una operatividad momentánea” del nuevo IPS Ingavi, debiendo ser cambiada cuando la planta de tratamiento de San Lorenzo se encuentre habilitada y en operatividad.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.