El ciudadano Fede Cazal presentó una denuncia ante la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO) contra la agencia Smart Travel por la supuesta infracción a la ley de defensa del consumidor y del usuario. Está prevista una audiencia entre las partes con dicho organismo para el próximo 29 de diciembre.

El denunciante indicó que ante una supuesta negligencia o presunta estafa reclama la devolución de un dinero abonado por un paquete de viaje que no pudo utilizar a causa de la pandemia del Covid-19.

En charla con Hoy Digital, Cazal explicó que en diciembre del 2019 pagó la suma de USD 1.440 por un paquete de viaje en base doble a Punta Cana, previsto para el 16 de marzo del 2020, pero como justo en esa fecha todos los aeropuertos cerraron por la pandemia, se vio obligado a posponer su viaje.

El denunciante indicó que inmediatamente se contactó con su agente de viaje y este le informó sobre los pasos a seguir para no abonar ninguna multa y poder utilizar luego su paquete.

“Yo hice todo lo que me indicó el agente. Además todos los meses estaba en contacto vía mail y mensajes de WhatsApp para saber hasta qué fecha podía hacer ese viaje, y me respondía que no me preocupara. Como el año pasado ya se podía volver a viajar, entre los meses de septiembre y octubre comencé a gestionar de vuelta para poder usar el paquete pero la agencia ya comenzó a cambiar de postura e incluso me cambiaron a mi agente y me derivaron a otra”, relató.

Sostuvo que desde la agencia luego le indicaron que su caso era uno “excepcional” y que le prometieron dar un bono con la aerolínea pero que él debía gestionar eso. Como no entendía cuáles eran las gestiones que debía realizar, pidió a la agencia encargarse de las mismas. “Siguieron supuestamente gestionando, pero cuando con mi grupo organizamos un viaje a Punta Cana para este año y pedí una cotización de vuelta, me dijeron que debía pagar USD 1.800 (aparte de los USD 1.440 que abonó en el 2019) por la diferencia de vuelo y hotel (que es de la misma cadena). Es decir, querían que pague otro paquete siendo que ya tenía uno. Entonces pedí que me devuelvan mi dinero, pero el dueño me dice que no puede, sino que solo puede hacer una excepción y devolverme el importe del hotel que es de USD 700, pero no el ticket aéreo”, comentó.

Cazal sostuvo que, tras hacer las averiguaciones con otras agencias de viajes, supo que las líneas aéreas establecen un tiempo de expiración de un ticket aéreo y que suelen avisar a las agencias de este tope para utilizarlo. Entonces, el denunciante sospecha que hubo una negligencia o mala fe de parte de la empresa turística al no avisarle de esta situación, que ahora estaría impidiendo que pueda utilizar su paquete y también que pueda recuperar su dinero de vuelta.

La Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO) recuerda a la ciudadanía en general la importancia de tomar los recaudos necesarios para verificar y garantizar los servicios proveídos por las Agencias de Turismo. En caso de que ocurra alguna controversia y agotada la instancia de reclamo con el proveedor pueden comunicarse para consultas al 021 52 44 55, consultas@sedeco.gov.py, los números de WhatsApp habilitados 0961 940 710 y 0962 127 110 y para reclamos a reclamos@sedeco.gov.py.

Así también la Senatur tiene habilitado el correo sugerencias@senatur.gov.py y su línea telefónica (021) 441-530, interno 169 al 170, para denuncias o reclamos de este tipo.

El pronóstico indica que el cielo estará mayormente nublado, con vientos del sur y precipitaciones dispersas. La temperatura llegará a 18 °C.

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Para mañana, jueves, se esperan lluvias dispersas con tormentas eléctricas ocasionales, cielo nublado a parcialmente nublado y vientos variables. La mínima será de 12 °C y la máxima de 16 °C.

El viernes, las extremas oscilarán entre 9°C y 22°C. El cielo estará escasamente nublado, soplarán vientos variables, luego del sureste.

El sábado se prevé un día frío en las primeras horas, luego cálido por la tarde, cielo escasamente nublado y vientos del sureste.

El procedimiento fue realizado este martes 18 de agosto, desde las 04:00, por funcionarios de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), con apoyo de personal policial, en la zona de Coronel Oviedo.

Durante el control fue verificado un vehículo perteneciente a la empresa transportadora Alberdi Exprés, en cuyo interior se encontraban varias mercaderías.

Entre la carga fueron detectadas 74 cajas de calzados, cada una con 12 pares, además de otra caja que contenía 36 pares de calzados de distintas marcas.

En total, fueron retenidos 924 pares de calzados deportivos, que, de acuerdo con el informe de la DNIT, serían de posible procedencia brasileña.

Al momento de solicitar la documentación correspondiente, se presentó una Boleta de Levante N.º 0001425, a nombre de una ciudadana argentina. Sin embargo, según el informe, no se contaba con documentación que acreditara la importación o el libre tránsito de los calzados dentro del territorio nacional.

Posteriormente, una vez trasladado el procedimiento al predio de GICAL, se presentó Carlos Saúl González Báez, quien se identificó como propietario de la empresa transportadora.

El hombre fue informado sobre la situación de las mercaderías retenidas durante el procedimiento.

EL RESTO DE LA CARGA SÍ TENÍA DOCUMENTOS

Desde la DNIT señalaron que las demás mercaderías transportadas contaban con sus respectivas documentaciones legales.

Por este motivo, esas cargas fueron liberadas, al igual que el vehículo de la empresa transportadora.

El procedimiento culminó a las 10:46 y quedó documentado con la firma de los funcionarios intervinientes y del propietario de la empresa.

La mercadería retenida quedó sujeta al procedimiento correspondiente para determinar su situación legal y eventual ingreso irregular al país.

La mujer expuso públicamente en comunicación con la radio Universo 970/Nación Media, la crítica situación burocrática y procesal que atraviesa desde hace más de cinco años. Denunció el incumplimiento del deber alimentario por parte de su expareja, quien pese a acumular una deuda calculada en G. 131.791.000 y contar con antecedentes de rebeldía judicial, no figura en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM).

El conflicto inició en el año 2016 con la firma de un acuerdo de homologación judicial en el cual se estableció una prestación mensual de G. 2.000.000 más la cobertura de un seguro médico.

Según el relato de Melgarejo, el demandado nunca cumplió con el pago del seguro ni con el monto estipulado de forma regular. Ante la falta de pago, en el año 2020 la denunciante formalizó la denuncia en la vía penal, lo que derivó en la apertura de una investigación fiscal por el incumplimiento de las obligaciones alimentarias.

Durante el proceso penal, el denunciado fue declarado en rebeldía y se mantuvo prófugo de la justicia durante varios años. Pese a que en las audiencias el imputado alegaba no contar con recursos económicos para cubrir la suma adeudada, el Ministerio Público otorgó un plan de pagos a 36 meses, pero volvió a incumplir lo pactado y permaneció prófugo dos años más, hasta entregarse en febrero de este año.

Melgarejo señaló que el tercer juicio oral programado para el pasado 30 de julio volvió a ser suspendido, mientras que el hombre actualmente se desempeña en el área de gastronomía y trabaja en instituciones educativas.

La denunciante cuestionó además las barreras administrativas para lograr la inclusión del moroso en el REDAM. Tras iniciar las averiguaciones este año, Melgarejo acudió al juzgado de la niñez correspondiente para solicitar el trámite, esperando que la inscripción fuera inmediata o respetara los plazos estipulados de 72 horas. Sin embargo, denunció haber recibido un trato deficiente y exigencias que contravienen la normativa vigente.