Según la propuesta legislativa, los trabajadores sin antigüedad que sean despedidos de forma injustificada, pueden optar por continuar en su puesto y percibir su salario caído en ese periodo de tiempo, en vez de simplemente cobrar la indemnización. Un juicio es lo que determina siempre si el trabajador fue despedido sin razón alguna, o no.

Actualmente el proyecto, que modificó el artículo 82 y 83 del Código Laboral, cuenta con media sanción y pasó al Senado.

“Es inaplicable, una locura”, calificó Eduardo Felippo. “No sé qué hay detrás de todo esto. Supongo que debe de haber algún tipo de negociación, de negocio, de algo”, estimó el titular de la UIP.

Según el Código Laboral actual, un trabajador tiene un periodo de prueba de dos meses cuando empieza a trabajar en un lugar, durante los cuales, si el trabajador o el empleador finaliza la relación, el segundo no tiene más obligación que pagar por los días trabajados, sin que haya ninguna otra obligación para ambas partes.

A partir de entonces (luego de los dos meses), si una de las dos partes desea rescindir el contrato, ya existen responsabilidades que se deben asumir.

Cuando el trabajador alcanza la antigüedad de 10 años, y si es despedido posterior a ello, la empresa debe pagar al trabajador 30 salarios mínimos por cada año trabajado. En el país existen muchas quejas sobre pequeñas “trampas” de las patronales, muchas de las cuales obligan a sus empleados a renunciar antes de que se cumplan los 10 años, para recontratarlos y así evadir esa disposición que beneficia al trabajador con la estabilidad especial adquirida por el empleado tras ese periodo de tiempo trabajando en un mismo lugar.

“Lo que se está buscando ahora es que el trabajador adquiera estabilidad a partir de un día de trabajo”, dijo Felippo en Ñanduti AM, asegurando que el proyecto “ahuyenta cualquier deseo de poner puestos laborales”.

“No tenemos la ley del primer empleo para permitir entrar a nivel de aprendiz por debajo del mínimo, porque es aprendiz. Todavía no lo logramos y quieren venir con esto”, continuó descalificando la propuesta normativa, el empresario al tiempo de quejarse de la falta de una buena capacitación de mandos medios en el país.

Este importante paso se da en el marco de la misión realizada por el organismo financiador, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, (CAF), cuyos representantes se encuentran desde esta semana en nuestro país haciendo una revisión del estatus de ejecución de la operación.

En representación del MOPC, firmó el documento la Ing. Claudia Crosa, responsable de la Dirección de Agua Potable y Saneamiento (DAPSAN) y por el municipio, la intendenta Carolina Aranda. Acompañaron los diputados Marcelo Salinas y Johana Vega, además de los concejales municipales.

Durante el encuentro desarrollado en la sede del municipio, se expusieron también los aspectos generales del proyecto y se destacó el gran impacto social y ambiental que tendrán las obras.

Con este acuerdo se cumple uno de los requisitos que posibilitarán iniciar los procesos para el llamado a licitación de las obras de alcantarillado sanitario, Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y mejora del sistema de agua potable, que en su conjunto beneficiarán a 290.000 habitantes de Mariano Roque Alonso y algunos barrios de Asunción.

Posterior a la rubricación de firmas, la misión de CAF prosiguió con el recorrido de la zona donde se ubicará la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) y algunos de los futuros emplazamientos de las estaciones de bombeo.

Por la tarde se realizó el cierre de la misión, con la elaboración de conclusiones, compromisos y cronograma futuro.

Más sobre el programa

El “Programa de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario para el Área Metropolitana de Asunción – Cuenca Mariano Roque Alonso” contempla una red de alcantarillado sanitario (red cloacal) de más de 447 Km, 10 estaciones de bombeo y una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR). Cabe destacar que, la PTAR podrá recibir a futuro también los efluentes provenientes de una parte de la ciudad de Luque. Todo esto representa una inversión de USD 160.000.000.

La gestión y ejecución de este emprendimiento corre por cuenta del MOPC, mientras que la operación y mantenimiento del sistema, una vez concluidas las obras, estará a cargo de la Empresa de Servicios de Sanitarios del Paraguay S. A. (ESSAP S.A.), prestadora del servicio en el área de proyecto.

El senador Basilio Núñez informó que inició conversaciones con sus colegas de otras bancadas para dar tratamiento al proyecto de ley contra nepotismo, que ya cuenta con media sanción por parte de Diputados.

“El tratamiento no debería pasar mayo, ya estamos llegando este mes, entonces las comisiones se deben mover”, señaló, al momento de resaltar la importancia de avanzar con el análisis de la propuesta.

De modo a avanzar en la cuestión, el senador Núñez planteó propuestas a sus colegas para sancionar el proyecto de nepotismo. “Estaba comentando con el senador Eduardo Nakayama de aprovechar que ya hay una media sanción de Diputados, entonces podemos ver con los colegas y hacer la modificación respectiva si es necesaria y si estamos de acuerdo, damos media sanción con modificaciones, eso vuelve a Diputados, ahí ellos vuelven a aprobar y así la ley ya es enviada al presidente de la República”, explicó.

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En otro procedimiento de erradicación de cultivos ilícitos en zona de Yby Pytá, la SENAD inhabilitó dos hectáreas de marihuana.

La incursión se enmarca dentro del plan estratégico que busca marcar mayor presencia operativa en el departamento de Canindeyú.

Los antidrogas emplearon tareas para destruir alrededor de seis toneladas de la droga. Según datos manejados, las parcelas serían parte de todo el soporte logístico que reúnen grupos criminales de la zona.

Desde la SENAD se encuentran trabajando para la instalación de otra base operativa en zona de Canindeyú, acción con la que se pretende establecer mayor capacidad de control sobre la región en términos de investigaciones y lucha contra el narcotráfico.