Una millonaria línea de crédito de US$ 6 millones otorgó el banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo, a Gilberto Suárez, quien aparece en la investigación del Ministerio Público como supuesto prestanombre del conocido narcotraficante Luiz Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca. El tractorista puso como garantía del préstamo un inmueble que ahora está siendo administrado por la Senabico. El banco inició un proceso judicial para recuperar el dinero prestado y se desconoce si emitieron un reporte de operación sospechosa una vez revelado el vínculo del que solicitó el préstamo.

El fiscal Osmar Legal lleva actualmente una causa abierta por esta sospechosa operación financiera, a raíz del pedido hecho por su colega Lorena Ledesma, quien investiga a Cabeza Branca y detectó los laxos controles que realizaron las entidades financiaras al ofrecer créditos a personas vinculadas al narcotraficante.

“La denuncia nace por una llamada de atención que tiene Lorena Ledesma sobre los préstamos otorgados a grupos criminales. Se analiza el momento y si se hicieron las debidas diligencias. En uno de los casos (en el de Atlas) hay juicio civil en contra los inmuebles y debemos analizar eso”, expuso el investigador en entrevista con la radio 650 AM.

El interviniente expuso que aún falta cerrar el análisis técnico que está a cargo de un perito financiero, de modo a determinar si son falencias administrativas o tienen relevancia penal. “La documentación es cuantiosa y hay insuficiencia de recursos internos del Ministerio Público”, explicó sobre la tardanza del proceso investigativo.

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Luiz Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, es considerado el mayor narcotraficante de América del Sur. Está preso en Brasil desde julio del 2017 por tráfico de drogas. Según la Fiscalía paraguaya, es el principal inyector de dinero sucio proveniente del narcotráfico en nuestro país.

Da Rocha tiene un proceso abierto en Paraguay desde el 2017 por lavado de dinero y otros delitos. Existe una veintena de personas, presuntamente prestanombres del capo narco, procesadas por las inyecciones de dinero de origen ilícito a través de numerosas empresas en Paraguay.

Entre sus innumerables bienes encontrados en nuestro país, el considerado “barón de la droga” posee 20 estancias, de las cuales siete están siendo administradas por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico); las mismas están valuadas en US$ 50 millones.

Entre estas siete estancias, aparece la denominada Cielo Azul, de 5.945 hectáreas, ubicada en la localidad de Paso Barreto, departamento de Concepción.

Según documentos a los cuales accedió el equipo de “La caja negra”, la estancia Cielo Azul está compuesta por las fincas 7.034 (de 3.640 hectáreas), 10.914 (1.064 hectáreas) y 11.046 (1.242 hectáreas). En diciembre del 2010, la sociedad civil Santa Clara Komitee las vendió y transfirió a la firma Biocombustible Brasilero Biobras por el precio de 2.500.000 dólares americanos. En ese entonces el presidente de Biobras era Ailton Alves de Lima.

En marzo del 2015, la presidencia de la empresa Biobras recayó sobre el señor Gilberto Suárez, quien aparece en la investigación fiscal como supuesto prestanombre del narcotraficante Luiz Carlos da Rocha.

En noviembre del 2015, Suárez suscribió un contrato con el banco Atlas, de la familia Zuccolillo, para una línea de crédito con garantía hipotecaria.

Según consta en documentación, los abogados Eduardo Queiroz García y Jorge Enrique Vera Trinidad, en representación de Atlas, y Gilberto Suárez y la esposa de este, Rosa Amarilha Gomes (en calidad de codeudora), acordaron una línea de crédito de hasta la suma de US$ 6.421.857,37, la cual iba a ser utilizada mediante préstamos y otras operaciones bancarias. Se tuvo acceso además al pagaré firmado por el presunto prestanombres, Gilberto Suárez, por el valor mencionado.

Como garantía hipotecaria, el presidente de Biobras ofreció las fincas números 7.034, 10.914 y 11.046, de la estancia Cielo Azul. Tras el incumpliendo del acuerdo, el banco de la familia Zuccolillo recurrió en el 2019 a la Justicia. El Juzgado del 5° Turno en lo Civil y Comercial, a cargo del magistrado Alfredo Barrios, fue el que inició el juicio del “Banco Atlas SA contra la empresa Biocombustible Brasilero Biobras SA y otros sobre ejecución hipotecaria”.

Al margen de la anterior causa judicial, el 5 de junio del 2020 la agente fiscal Lorena Ledesma, de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico, dispuso que la Senabico se haga cargo de la empresa Biobras Biocombustibles SA, en el marco de la investigación contra el narco Luiz Carlos da Rocha, y un mes después, el 7 de julio, la Senabico dictó la resolución 284/20 para administrar la empresa y sus bienes, entre ellos las fincas que eran objeto de la ejecución hipotecaria del banco Atlas en la otra causa.

En el marco de la administración de la estancia por Senabico, el juez Barrios, que tenía el caso del banco Atlas contra Biobras, dictó una sentencia definitiva que ordenaba la subasta del establecimiento ganadero, prevista para el 11 de febrero del 2021.

Sin embargo, en la causa penal contra Da Rocha, la jueza Lici Teresita Sánchez dictó un auto interlocutorio el 4 de febrero de ese año, disponiendo la medida de “prohibición de contratar” sobre varios inmuebles, entre ellos Cielo Azul, perteneciente a la empresa Biobras.

El 9 de febrero de este año, el director de Asuntos Legales de Senabico, Santiago Arza, presentó un pedido de suspensión del remate judicial ante el juez Alfredo Barrios. En su solicitud aclaró que no se buscaba perjudicar al acreedor (banco Atlas), ya que el artículo 89 del Código Penal Paraguayo establece la indemnización de terceros cuando ocurra el comiso de los bienes. Argumentó que el remate será lesivo no solo a los intereses de Senabico, sino que también del Estado paraguayo. Y recordó que el comprador que adquiera los inmuebles no podrá inscribirlos a su nombre, al existir la prohibición de contratar que pesa sobre los mismos.

Tras esta solicitud de Senabico, el juzgado dictó la providencia mediante la cual se suspendió el remate y el banco Atlas apeló la decisión, por lo que la causa se elevó al Tribunal de Apelación, Segunda Sala, donde debe estudiarse el expediente.

El banco propiedad de la familia Zuccolillo intenta recuperar el dinero prestado al testaferro de un poderoso criminal acusado de lavar dinero sucio proveniente del mundo narco en Paraguay.

El presidente de la República y el ministro de Educación y Ciencias esta mañana acudieron a los depósitos de la empresa Unión Guarany, a fin de verificar el proceso de recepción de útiles escolares.

Funcionarios de la citada firma, con sede en San Lorenzo, se encargarán de la revisión de cuadernos, lápices, borradores, marcadores y otros artículos que formarán parte de los kits escolares a ser entregados a miles de alumnos.

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Para el ciclo lectivo 2026, se espera beneficiar a 1.488.462 estudiantes de instituciones de gestión oficial y privada subvencionada, superando la cantidad del año en curso.

De acuerdo al informe proveído por el MEC, en total se distribuirán 20.164.721 útiles, organizados en 25 ítems y 23 tipos de kits, previendo abastecer a 78.078 secciones educativas (desde preescolar hasta educación inclusiva).

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Unos 5.003.004 materiales educativos serán recepcionados en esta ocasión, con 49 ítems de cuadernillos diseñados para preescolar, Educación Básica (1°, 2° y 3° ciclos) y Educación Media, con contenidos actualizados.

La distribución se llevará a cabo en seis fases para cubrir todo el territorio nacional, incluyendo la Zona Chaco, Región Norte, Región Este, Región Sur, Región Centro y la zona de Capital y Central.

La jueza Rosarito Montanía suspendió las visitas a Giannina García Troche por presunto mal comportamiento dentro de la cárcel militar de Viñas Cue.

Se trata de una sanción disciplinaria de 5 días, tiempo en el que no podrá recibir ninguna visita de sus familiares.

La esposa del prófugo Marset destruyó las cámaras de seguridad de su lugar de reclusión además de amenazar con suicidarse.

Hace apenas dos días, la uruguaya fue dada de alta en el Hospital Militar donde estuvo internada en terapia luego de perder el conocimiento, producto de una serie de convulsiones que sufrió dentro de su celda.

La sanción también alcanzó a los abogados de García, quienes fueron emplazados para reponer las cámaras dañada por la uruguaya.

La suscripción estuvo encabezada por el canciller nacional Rubén Ramírez Lezcano y el embajador japonés Katsumi Itagaki, con acompañamiento del sector privado y autoridades del Ministerio de Industria y Comercio.

El ministro Javier Giménez definió la firma como un punto de inflexión para la economía paraguaya, al destacar que el tratado representa mucho más que el cierre de décadas de negociaciones bilaterales.

Señaló que Paraguay se posiciona ahora con una oferta más sólida para captar inversiones japonesas en segmentos estratégicos, especialmente en tecnología, electrónica y automotriz, áreas donde Japón mantiene liderazgo mundial.

Recordó que el país asiático es el segundo mayor inversor global y que ya existen experiencias exitosas de empresas de capital japonés instaladas en el país.

Giménez sostuvo que este paso “marca un día histórico”, subrayando que Paraguay está en plena misión de “construir puentes” con grandes potencias industriales, y que Japón constituye uno de los socios más valiosos para acompañar la expansión del sector productivo nacional.

Según señaló, el nuevo marco jurídico acelerará la incorporación de Paraguay a cadenas globales de valor y facilitará la instalación de industrias con alto componente de innovación.

El canciller Rubén Ramírez Lezcano coincidió en que la suscripción del acuerdo envía un mensaje inequívoco a la comunidad internacional, que es que Paraguay apuesta a un modelo económico sustentado en seguridad jurídica, reglas claras y respeto a los compromisos.

Indicó que la relación con Japón se sustenta en valores compartidos, y que el país asiático representa un referente en materia tecnológica, industrial y ética empresarial. Afirmó que el tratado permitirá convertir esta alianza en proyectos productivos que generen empleo y mayor prosperidad.

El embajador Katsumi Itagaki remarcó que el instrumento ofrece un marco estable, previsible y transparente para los inversionistas de ambos países, protegiendo derechos fundamentales, previniendo expropiaciones injustas y habilitando mecanismos modernos de solución de controversias.

Señaló que durante su misión diplomática pudo constatar el dinamismo industrial del Paraguay y el creciente interés de compañías extranjeras en instalar operaciones en el país.

El acuerdo, según coincidieron las autoridades, afianza la posición de Paraguay como destino competitivo para los negocios y fortalece la confianza de los inversores en un momento en que el país busca dar un salto cualitativo en su desarrollo económico.