Una millonaria línea de crédito de US$ 6 millones otorgó el banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo, a Gilberto Suárez, quien aparece en la investigación del Ministerio Público como supuesto prestanombre del conocido narcotraficante Luiz Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca. El tractorista puso como garantía del préstamo un inmueble que ahora está siendo administrado por la Senabico. El banco inició un proceso judicial para recuperar el dinero prestado y se desconoce si emitieron un reporte de operación sospechosa una vez revelado el vínculo del que solicitó el préstamo.

El fiscal Osmar Legal lleva actualmente una causa abierta por esta sospechosa operación financiera, a raíz del pedido hecho por su colega Lorena Ledesma, quien investiga a Cabeza Branca y detectó los laxos controles que realizaron las entidades financiaras al ofrecer créditos a personas vinculadas al narcotraficante.

“La denuncia nace por una llamada de atención que tiene Lorena Ledesma sobre los préstamos otorgados a grupos criminales. Se analiza el momento y si se hicieron las debidas diligencias. En uno de los casos (en el de Atlas) hay juicio civil en contra los inmuebles y debemos analizar eso”, expuso el investigador en entrevista con la radio 650 AM.

El interviniente expuso que aún falta cerrar el análisis técnico que está a cargo de un perito financiero, de modo a determinar si son falencias administrativas o tienen relevancia penal. “La documentación es cuantiosa y hay insuficiencia de recursos internos del Ministerio Público”, explicó sobre la tardanza del proceso investigativo.

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Luiz Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, es considerado el mayor narcotraficante de América del Sur. Está preso en Brasil desde julio del 2017 por tráfico de drogas. Según la Fiscalía paraguaya, es el principal inyector de dinero sucio proveniente del narcotráfico en nuestro país.

Da Rocha tiene un proceso abierto en Paraguay desde el 2017 por lavado de dinero y otros delitos. Existe una veintena de personas, presuntamente prestanombres del capo narco, procesadas por las inyecciones de dinero de origen ilícito a través de numerosas empresas en Paraguay.

Entre sus innumerables bienes encontrados en nuestro país, el considerado “barón de la droga” posee 20 estancias, de las cuales siete están siendo administradas por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico); las mismas están valuadas en US$ 50 millones.

Entre estas siete estancias, aparece la denominada Cielo Azul, de 5.945 hectáreas, ubicada en la localidad de Paso Barreto, departamento de Concepción.

Según documentos a los cuales accedió el equipo de “La caja negra”, la estancia Cielo Azul está compuesta por las fincas 7.034 (de 3.640 hectáreas), 10.914 (1.064 hectáreas) y 11.046 (1.242 hectáreas). En diciembre del 2010, la sociedad civil Santa Clara Komitee las vendió y transfirió a la firma Biocombustible Brasilero Biobras por el precio de 2.500.000 dólares americanos. En ese entonces el presidente de Biobras era Ailton Alves de Lima.

En marzo del 2015, la presidencia de la empresa Biobras recayó sobre el señor Gilberto Suárez, quien aparece en la investigación fiscal como supuesto prestanombre del narcotraficante Luiz Carlos da Rocha.

En noviembre del 2015, Suárez suscribió un contrato con el banco Atlas, de la familia Zuccolillo, para una línea de crédito con garantía hipotecaria.

Según consta en documentación, los abogados Eduardo Queiroz García y Jorge Enrique Vera Trinidad, en representación de Atlas, y Gilberto Suárez y la esposa de este, Rosa Amarilha Gomes (en calidad de codeudora), acordaron una línea de crédito de hasta la suma de US$ 6.421.857,37, la cual iba a ser utilizada mediante préstamos y otras operaciones bancarias. Se tuvo acceso además al pagaré firmado por el presunto prestanombres, Gilberto Suárez, por el valor mencionado.

Como garantía hipotecaria, el presidente de Biobras ofreció las fincas números 7.034, 10.914 y 11.046, de la estancia Cielo Azul. Tras el incumpliendo del acuerdo, el banco de la familia Zuccolillo recurrió en el 2019 a la Justicia. El Juzgado del 5° Turno en lo Civil y Comercial, a cargo del magistrado Alfredo Barrios, fue el que inició el juicio del “Banco Atlas SA contra la empresa Biocombustible Brasilero Biobras SA y otros sobre ejecución hipotecaria”.

Al margen de la anterior causa judicial, el 5 de junio del 2020 la agente fiscal Lorena Ledesma, de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico, dispuso que la Senabico se haga cargo de la empresa Biobras Biocombustibles SA, en el marco de la investigación contra el narco Luiz Carlos da Rocha, y un mes después, el 7 de julio, la Senabico dictó la resolución 284/20 para administrar la empresa y sus bienes, entre ellos las fincas que eran objeto de la ejecución hipotecaria del banco Atlas en la otra causa.

En el marco de la administración de la estancia por Senabico, el juez Barrios, que tenía el caso del banco Atlas contra Biobras, dictó una sentencia definitiva que ordenaba la subasta del establecimiento ganadero, prevista para el 11 de febrero del 2021.

Sin embargo, en la causa penal contra Da Rocha, la jueza Lici Teresita Sánchez dictó un auto interlocutorio el 4 de febrero de ese año, disponiendo la medida de “prohibición de contratar” sobre varios inmuebles, entre ellos Cielo Azul, perteneciente a la empresa Biobras.

El 9 de febrero de este año, el director de Asuntos Legales de Senabico, Santiago Arza, presentó un pedido de suspensión del remate judicial ante el juez Alfredo Barrios. En su solicitud aclaró que no se buscaba perjudicar al acreedor (banco Atlas), ya que el artículo 89 del Código Penal Paraguayo establece la indemnización de terceros cuando ocurra el comiso de los bienes. Argumentó que el remate será lesivo no solo a los intereses de Senabico, sino que también del Estado paraguayo. Y recordó que el comprador que adquiera los inmuebles no podrá inscribirlos a su nombre, al existir la prohibición de contratar que pesa sobre los mismos.

Tras esta solicitud de Senabico, el juzgado dictó la providencia mediante la cual se suspendió el remate y el banco Atlas apeló la decisión, por lo que la causa se elevó al Tribunal de Apelación, Segunda Sala, donde debe estudiarse el expediente.

El banco propiedad de la familia Zuccolillo intenta recuperar el dinero prestado al testaferro de un poderoso criminal acusado de lavar dinero sucio proveniente del mundo narco en Paraguay.

Diez personas, cinco hombres y cinco mujeres, fueron beneficiadas este martes con cirugías gratuitas de cataratas en el Hospital Regional de Concepción, con lo que la cifra de pacientes intervenidos asciende a 114 desde el inicio del programa, el pasado 13 de abril.

Las intervenciones son realizadas todos los martes, con un promedio de entre ocho y diez cirugías por jornada, mediante un servicio especializado y sin costo para los pacientes.

El programa es impulsado por el Ministerio de Salud Pública, a través de la I Región Sanitaria, y busca ampliar el acceso a tratamientos oftalmológicos para personas que necesitan recuperar su capacidad visual.

Durante la jornada, el presidente Santiago Peña, la primera dama Leticia Ocampos, la ministra de Salud, María Teresa Barán, y la gobernadora de Concepción, Liz Meza, visitaron el Hospital Regional para conocer el funcionamiento del servicio y dialogar con pacientes y profesionales.

¿Cómo acceder a una cirugía gratuita de cataratas?

Las personas interesadas deben acudir de lunes a viernes al Hospital Regional de Concepción. El agendamiento se realiza en el día, a partir de las 06:00.

Posteriormente, los pacientes pasan por una evaluación en el Consultorio de Oftalmología, donde se realizan la consulta médica, los estudios prequirúrgicos y la valoración para determinar si requieren la intervención.

Los beneficiarios provienen de diferentes zonas del país, entre ellas Pedro Juan Caballero, San Pedro, Puerto Casado, Horqueta y varios distritos del departamento de Concepción.

Una cirugía de rápida recuperación

Las operaciones se realizan mediante facoemulsificación, una técnica considerada estándar para el tratamiento de las cataratas.

El procedimiento consiste en fragmentar mediante ultrasonido el cristalino que perdió su transparencia, a través de una pequeña incisión, para luego reemplazarlo por un lente intraocular plegable.

Se trata de una cirugía mínimamente invasiva que permite una recuperación rápida y una importante mejoría de la visión.

Desde el inicio del programa, los pacientes intervenidos han recibido el alta médica con evolución favorable, permitiéndoles recuperar su capacidad visual y mejorar su calidad de vida.

Con estas jornadas, Salud Pública busca descentralizar la atención oftalmológica y acercar cirugías especializadas, gratuitas y de calidad a pacientes que necesitan recuperar la visión.

La advertencia municipal surge tras una seguidilla de denuncias vecinales recibidas en las últimas semanas, las cuales alertaron sobre intervenciones ilegales en distintos puntos de la capital. Ante esta situación, el director general de Gestión Ambiental, Máximo Barreto, recordó que el derribo de ejemplares debe ser siempre el último recurso, sujeto a una previa verificación técnica.

El titular de la dependencia ambiental explicó que las sanciones económicas se establecen según la gravedad del hecho y oscilan entre 20 y 2.700 jornales mínimos. Por esta razón, la comuna exhorta a los frentistas y propietarios a gestionar la consulta formal ante el municipio antes de realizar cualquier intervención.

Desde la Dirección de Gestión Ambiental recalcaron que no todo árbol con problemas sanitarios debe ser talado, ya que en muchos casos se pueden aplicar tratamientos fitosanitarios o podas controladas de sanitación.

La autorización para la remoción se reserva únicamente para situaciones irreversibles, como ejemplares completamente secos, huecos, con alto riesgo de caída inminente o pertenecientes a especies invasivas no recomendadas para el entorno urbano.

De forma paralela a las fiscalizaciones ciudadanas, la comuna lleva adelante un relevamiento continuo en avenidas, paseos centrales y plazas de la ciudad. Como resultado de estos monitoreos, se proyecta intervenir cerca de un centenar de árboles en espacios públicos que registran riesgo potencial.

Las autoridades destacaron el rol clave del arbolado como aliado esencial para mitigar las extremas temperaturas del verano capitalino, generar sombra y aportar frescura y oxígeno a los barrios.

A través de una carta abierta remitida a las autoridades, la organización advirtió que el nulo avance en los procesos de provisión deja a decenas de personas sin la posibilidad de someterse a este examen en el momento indicado por los médicos.

Desde el gremio remarcaron que el retraso se debería a deudas pendientes con los prestadores del servicio, por lo que urgieron medidas presupuestarias para destrabar las contrataciones y regularizar los compromisos asumidos.

Los representantes de APACFA destacaron que el acceso a este estudio no representa un privilegio, sino un derecho esencial para la salud de quienes luchan contra la enfermedad, señalando que cada día de demora se traduce en angustia y en la pérdida de oportunidades críticas para la efectividad del tratamiento.

“No estamos solicitando un privilegio. Estamos solicitando que los pacientes con cáncer puedan acceder a un estudio esencial para su atención en el momento en que lo necesitan. Los pacientes necesitan respuestas. Los pacientes necesitan acceder al estudio de PET Scan. Los pacientes necesitan que las soluciones lleguen ahora”, concluye el comunicado.

El pedido formal fue dirigido al presidente Santiago Peña, al vicepresidente Pedro Alliana, a la ministra de Salud María Teresa Barán y al ministro de Economía Óscar Lovera.