Una millonaria línea de crédito de US$ 6 millones otorgó el banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo, a Gilberto Suárez, quien aparece en la investigación del Ministerio Público como supuesto prestanombre del conocido narcotraficante Luiz Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca. El tractorista puso como garantía del préstamo un inmueble que ahora está siendo administrado por la Senabico. El banco inició un proceso judicial para recuperar el dinero prestado y se desconoce si emitieron un reporte de operación sospechosa una vez revelado el vínculo del que solicitó el préstamo.

El fiscal Osmar Legal lleva actualmente una causa abierta por esta sospechosa operación financiera, a raíz del pedido hecho por su colega Lorena Ledesma, quien investiga a Cabeza Branca y detectó los laxos controles que realizaron las entidades financiaras al ofrecer créditos a personas vinculadas al narcotraficante.

“La denuncia nace por una llamada de atención que tiene Lorena Ledesma sobre los préstamos otorgados a grupos criminales. Se analiza el momento y si se hicieron las debidas diligencias. En uno de los casos (en el de Atlas) hay juicio civil en contra los inmuebles y debemos analizar eso”, expuso el investigador en entrevista con la radio 650 AM.

El interviniente expuso que aún falta cerrar el análisis técnico que está a cargo de un perito financiero, de modo a determinar si son falencias administrativas o tienen relevancia penal. “La documentación es cuantiosa y hay insuficiencia de recursos internos del Ministerio Público”, explicó sobre la tardanza del proceso investigativo.

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Luiz Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, es considerado el mayor narcotraficante de América del Sur. Está preso en Brasil desde julio del 2017 por tráfico de drogas. Según la Fiscalía paraguaya, es el principal inyector de dinero sucio proveniente del narcotráfico en nuestro país.

Da Rocha tiene un proceso abierto en Paraguay desde el 2017 por lavado de dinero y otros delitos. Existe una veintena de personas, presuntamente prestanombres del capo narco, procesadas por las inyecciones de dinero de origen ilícito a través de numerosas empresas en Paraguay.

Entre sus innumerables bienes encontrados en nuestro país, el considerado “barón de la droga” posee 20 estancias, de las cuales siete están siendo administradas por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico); las mismas están valuadas en US$ 50 millones.

Entre estas siete estancias, aparece la denominada Cielo Azul, de 5.945 hectáreas, ubicada en la localidad de Paso Barreto, departamento de Concepción.

Según documentos a los cuales accedió el equipo de “La caja negra”, la estancia Cielo Azul está compuesta por las fincas 7.034 (de 3.640 hectáreas), 10.914 (1.064 hectáreas) y 11.046 (1.242 hectáreas). En diciembre del 2010, la sociedad civil Santa Clara Komitee las vendió y transfirió a la firma Biocombustible Brasilero Biobras por el precio de 2.500.000 dólares americanos. En ese entonces el presidente de Biobras era Ailton Alves de Lima.

En marzo del 2015, la presidencia de la empresa Biobras recayó sobre el señor Gilberto Suárez, quien aparece en la investigación fiscal como supuesto prestanombre del narcotraficante Luiz Carlos da Rocha.

En noviembre del 2015, Suárez suscribió un contrato con el banco Atlas, de la familia Zuccolillo, para una línea de crédito con garantía hipotecaria.

Según consta en documentación, los abogados Eduardo Queiroz García y Jorge Enrique Vera Trinidad, en representación de Atlas, y Gilberto Suárez y la esposa de este, Rosa Amarilha Gomes (en calidad de codeudora), acordaron una línea de crédito de hasta la suma de US$ 6.421.857,37, la cual iba a ser utilizada mediante préstamos y otras operaciones bancarias. Se tuvo acceso además al pagaré firmado por el presunto prestanombres, Gilberto Suárez, por el valor mencionado.

Como garantía hipotecaria, el presidente de Biobras ofreció las fincas números 7.034, 10.914 y 11.046, de la estancia Cielo Azul. Tras el incumpliendo del acuerdo, el banco de la familia Zuccolillo recurrió en el 2019 a la Justicia. El Juzgado del 5° Turno en lo Civil y Comercial, a cargo del magistrado Alfredo Barrios, fue el que inició el juicio del “Banco Atlas SA contra la empresa Biocombustible Brasilero Biobras SA y otros sobre ejecución hipotecaria”.

Al margen de la anterior causa judicial, el 5 de junio del 2020 la agente fiscal Lorena Ledesma, de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico, dispuso que la Senabico se haga cargo de la empresa Biobras Biocombustibles SA, en el marco de la investigación contra el narco Luiz Carlos da Rocha, y un mes después, el 7 de julio, la Senabico dictó la resolución 284/20 para administrar la empresa y sus bienes, entre ellos las fincas que eran objeto de la ejecución hipotecaria del banco Atlas en la otra causa.

En el marco de la administración de la estancia por Senabico, el juez Barrios, que tenía el caso del banco Atlas contra Biobras, dictó una sentencia definitiva que ordenaba la subasta del establecimiento ganadero, prevista para el 11 de febrero del 2021.

Sin embargo, en la causa penal contra Da Rocha, la jueza Lici Teresita Sánchez dictó un auto interlocutorio el 4 de febrero de ese año, disponiendo la medida de “prohibición de contratar” sobre varios inmuebles, entre ellos Cielo Azul, perteneciente a la empresa Biobras.

El 9 de febrero de este año, el director de Asuntos Legales de Senabico, Santiago Arza, presentó un pedido de suspensión del remate judicial ante el juez Alfredo Barrios. En su solicitud aclaró que no se buscaba perjudicar al acreedor (banco Atlas), ya que el artículo 89 del Código Penal Paraguayo establece la indemnización de terceros cuando ocurra el comiso de los bienes. Argumentó que el remate será lesivo no solo a los intereses de Senabico, sino que también del Estado paraguayo. Y recordó que el comprador que adquiera los inmuebles no podrá inscribirlos a su nombre, al existir la prohibición de contratar que pesa sobre los mismos.

Tras esta solicitud de Senabico, el juzgado dictó la providencia mediante la cual se suspendió el remate y el banco Atlas apeló la decisión, por lo que la causa se elevó al Tribunal de Apelación, Segunda Sala, donde debe estudiarse el expediente.

El banco propiedad de la familia Zuccolillo intenta recuperar el dinero prestado al testaferro de un poderoso criminal acusado de lavar dinero sucio proveniente del mundo narco en Paraguay.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.