El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) no rescinde contrato y dilata el pedido de la segunda tanda de insumos médicos a pro­veedor que entregó una pri­mera partida defectuosa y, que se llevó jugoso anticipo.

Nada se sabe de una segunda emisión de orden de com­pra y, es que el ministerio, de esta forma, da una mano al cuestionado proveedor, mientras arriban al país nuevas cargas de insumos médicos.

En los contratos con provee­dores se estipulan entregas fraccionadas y, en ese sen­tido, un cronograma. Hay un rosario de irregularidades, el contratista no cumple, pero según el viceministro Julio Rolón “asesoría jurí­dica tiene que dictaminar si rescinden o no el contrato”.

Las empresas ya entrega­ron una primera partida de insumos de la cantidad que se les adjudicó, previa emi­sión de orden de compra por parte de Salud.

Las empresas ya entrega­ron una primera partida de insumos de la cantidad que se les adjudicó, previa emi­sión de orden de compra por parte de Salud.

Se estableció una segunda entrega de hasta el 20% y, el saldo, en otra tanda.

Recordemos que las empre­sas Insumos Médicos SA y Eurotec SA fueron adju­dicadas con contratos en Salud por el valor total de G. 85.220 millones.

Los documentos muestran que dos órdenes de compra, una para Insumos Médicos y otra para Eurotec, fue­ron emitidas el 6 de abril, 3 días después de la firma de los contratos y, el proveedor se da por notificado el 13 de abril; es decir, 10 días des­pués de rubricarse el com­promiso.

Otra orden de compra para Eurotec emitieron al día siguiente. Todo estaba ajus­tado conforme a la llegada de las cargas de los pro­veedores que se dio con el arribo del avión el 17 de abril pasado.

Los contratos suscritos establecen que el plazo de entrega de los bienes es de 7 días corridos, luego de emitida la orden de compra (con multa del 1% diario por retraso y con posibilidad de rescindir el contrato llegado al 10%).

La firma Insumos Médicos es la que el pasado 27 de abril entregó, entre otros insu­mos, 15 camas hospitala­rias de las 50 adjudicadas que fueron rechazadas por la cartera de Salud, por no reunir las especificaciones técnicas del pliego de bases y condiciones y deficiencia documental.

Estas camas que fueron ofer­tadas a Salud a G. 4.250.000 cada una, al proveedor le salió a un precio unitario de G. 670.571, según un despa­cho de importación al que tuvo acceso La Nación.

También, otros insumos como mascarillas y tra­jes de protección fueron rechazados, tanto de Insu­mos Médicos como de Euro­tec. No cuentan con registro sanitario, trascendió en las últimas horas.

Los proveedores, de acuerdo a los contratos, tenían el plazo de un día hábil para rectificar o reemplazar los bienes rechazados. Hasta ahora no cumplen con lo establecido de reponer estos insumos a Salud, mientras suben los casos del Covid-19 y el personal no cuenta con los equipos de protección.

Las dos firmas proveedoras pertenecen a una misma familia que tiene numero­sos contratos con el Estado. Insumos Médicos es repre­sentada por Patricia Ferreira y Eurotec por su hermano Marcelo Ferreira; son hijos del empresario Justo Ferreira, quien también representa a otras empre­sas proveedoras.

Los hermanos Patricia y Marcelo, cuyas firmas fueron adjudicadas en la misma licitación y, de manera presurosa, inclu­sive fueron beneficiados con anticipos del 20%, que en principio no esta­ban previstos.

RENUNCIAS EN SALUD

Las irregularidades que van saliendo a la luz ya hicieron rodar varias cabe­zas en la institución.

Hasta el momento pre­sentaron sus renuncias la doctora Lourdes Rivaldi, quien era directora gene­ral de Vigilancia Sanitaria; y el Lic. Alcides Velázquez, director general de Admi­nistración y Finanzas.

En total suman tres los altos funcionarios que renuncia­ron en Salud. El primero en renunciar fue Pablo Lezcano, quien era director de la Uni­dad Operativa de Contratacio­nes del ministerio, cargo que interina ahora Osvaldo Brítez.

La joven de 25 años de edad, María Nathalia Samaniego Maciel, sobrina de la senadora Lilian Samaniego y del dipu­tado Arnaldo Samaniego, en cuyo depósito se observaron camas hospitalarias idénticas a las vendidas por la empresa Insumos Médicos SA a la cartera de Salud, envió una nota a la redacción de La Nación, en la que, entre otras cosas, mani­fiesta que la propiedad está alquilada.

Samaniego dice que, como licenciada en Administración de Empresas, decidió ser emprendedora. “(…) uno de mis emprendimientos ha sido la construcción de un depósito para su posterior arrendamiento. El mismo fue alquilado desde el 1 de noviembre del año pasado a una empresa comercial, con la cual no tengo ningún otro vínculo que no sea el estrictamente del contrato de locación”, dice parte de la nota.

Al ser entrevistado por los medios este lunes, el presidente de la República se expresó en relación al último asalto a una sucursal bancaria ocurrido en Natalio, Itapúa.

Sobre el punto, Peña aseguró que ya dio instrucciones tanto al ministro de Defensa, Óscar González, como al titular de la cartera del Interior, Enrique Riera, para que arbitren los medios y dispongan de todos los recursos que sean necesarios.

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Respecto a la posibilidad de que los militares retomen la custodia en el Banco Nacional de Fomento (BNF), mencionó que la seguridad de las instituciones pública recae en el ámbito de la Policía Nacional.

“El argumento de que solo los militares pueden resguardar las instituciones públicas creo que no viene al caso, pero vamos a hacer todo lo que sea necesario”, añadió en relación al asunto.

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De esta manera, el mandatario da prácticamente por descartada la posibilidad de que las Fuerzas Armadas vuelvan a tener a su cargo el resguardo de las sucursales del BNF, tal y como ocurría anteriormente.

Cabe recordar que, desde febrero de este año, se dispuso el retiro de los efectivos militares de todas las sedes de la banca estatal a nivel país, mediante una resolución firmada por el presidente Santiago Peña.

Johana Villalba, la última víctima del violador serial de Coronel Oviedo, relató cómo logró salir con vida y evitar ser violada por el depravado sexual que ya sembró el terror en la ciudad, especialmente en las mujeres.

Contó que el viernes pasado, 26 de abril, su marido la despertó a las 4 de la madrugada para despedirse, ya que iría al festejo por el día del agente Lince, así que se levantó, cerró la puerta de la casa y volvió a acostarse con su hijita de 2 años.

Sin embargo, unos 20 minutos después un ruido extraño la despertó y se sentó en la cama para tratar de saber qué era, hasta que volvió a escuchar el mismo ruido creyendo que eran sus macotas, su perrita y su gatito, que estaban jugando por lo que abrió la puerta encontrándose con el hombre, llevándose el peor de los sustos.

“En mi puerta estaba un hombre robusto con abrigo, tapaboca, kepis y guantes negros, un jeans color oscuro, que me agarró de mi ropa (un vestido de dormir), me tiró del cuello por la pared y me sostuvo diciéndome intimidante ‘EÑETRANQUILIZA PORÂNDEMA O ROJUKATA NDEVE HA LA NE MEMBYKUÑAIPE, NDAIPORI HINA LA NDE DEFENDE ARÃ (tranquilizate bien o te mato a vos y a tu hija, no hay quien te defienda)”, manifestó.

Luego, la tiró al piso subiéndose sobre ella, la desnudó en la parte de arriba y le tocó los senos rebuscando su ropa interior, lamiéndole la cara. “Yo quedé helada, no tuve reacción alguna. Al instante sentí en mi pierna su erección, sentí tanta rabia e ira y de una patada en sus partes íntimas, logré sacarlo encima de mí”, contó. Pero cuando Johana intentó levantarse, el violador la agarró del pelo tirándola nuevamente al piso tratando de sostenerla con una pierna y su brazo derecho.

Su valentía pudo más que su miedo, Johana comenzó a golpear a su atacante en el rostro, le metió los dedos en los ojos, logró romper el tapabocas y mirarle la cara. De inmediato, el cobarde agarró el uniforme del marido de la mujer con el que trató de taparle la cara, pero ella le dio puñetazos por todas partes logrando sacarle de encima.

En ese momento, el hombre sacó un revólver de su cintura y le apuntó, se quedó petrificada, pero luego se dio cuenta que el arma estaba sin balas. “En ese momento, con la fuerza que solo puedo atribuir a Dios, me levanto y me abalanzo sobre él, logré que tire su revólver, pero me sostuvo del cuello y al tratar de agarrarme con ambas manos, veo que tiene tatuajes en su dedo pulgar e índice”.

Johana le dio un cabezazo y lo empujó, por lo que quedó algo aturdida, en ese momento el depravado se puso nuevamente de pie y sacó su cuchillo, pero cuando intentó clavarla, la mujer logró darle un estoque en el pecho. “ Rápidamente dio pasos hacia atrás y con ambas manos arriba me mira y me dice ‘MBA’EIKO LA EJAPOVA NDE PUTA GUAGUI KO’ANGA AE LA ROJUKATA’.

La víctima sabía que estaba en peligro, también su hija que estaba la pieza presenciando la horrible escena llorando y gritando en su inocencia “a mi mami no tío”. Johana entró a la habitación, agarró a su pequeña y la puso en la cama, luego cerró la puerta con el ropero evitando que el hombre ingrese, quien se retiró del lugar sin lograr su cometido.

“Desesperada llamé al 911 durante 19 veces seguida y no me atendieron. Llamé a mis padres que me socorrieron hasta un hospital por mis golpes. Eso sucedió hace dos días, mi agresor sigue libre y yo en zozobra con miedo, miedo al monstruo que me espera afuera para lastimarme”, lamentó.

Finalmente, Johana indicó que el agresor no la quería robar sino violar, además de saber todos sus movimientos, por lo que se animó a contar su historia y evitar que otras mujeres sean víctimas del depravado. Asimismo, destacó la labor del Ministerio Público y de la Policía Nacional.

Con respecto a este tema, hasta el momento hay un sospechoso detenido. Se trata de Emilio Javier Miranda Ramírez, de 25 años, quien posee orden de captura por hurto, como también antecedentes por hurto, abuso, reducción, violencia familiar y otros.

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Una comitiva de la Unidad Penal n.º 2, de la Fiscalía de Luque, supervisada por el agente fiscal Jorge Escobar, allanó la sede de la Municipalidad de Luque, de donde recabó varias documentaciones (notas, aprobaciones, resoluciones) en dos cajas y lacradas que estarán sujetas a una pericia.

La intervención se produjo en el marco de la investigación por la muerte de Sara Nilde Benítez (48) y Nilda Luján Barrios Benítez (21), quienes fueron arrastradas el miércoles 24 de abril por el caudaloso raudal al cauce hídrico en cercanías del club Balderrama.

La comitiva fiscal buscó documentos relacionados a las labores en torno a las obras de construcción en los tramos donde ocurrieron los hechos, específicamente, en las calles Mariscal López y Curupayty, cerca del arroyo San Juan, en Luque.

La investigación fiscal proseguirá su curso en busca de elementos que pudieran dar cuenta en el caso del fallecimiento, tras el temporal que azotó esa parte de la ciudad. Una de las mujeres murió por ahogamiento, en tanto la otra, como consecuencia de un severo trauma de cráneo.

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