La megacontratista del clan del senador Luis Pettengill Vacca, que por adenda se quedó con la ejecución de la obra, que a estas alturas debía ser el nuevo tren de molienda de Petropar en Mauricio José Troche, asumió la culminación del montaje con una fecha tope al 7 de noviembre de 2023; sin embargo, a más de un mes del vencimiento de los plazos varias veces prorrogados, el compromiso es mera promesa.

Desde la empresa estatal confirmaron que ni el tinglado que forma parte de la estructura adjudicada por USD 29 millones en el gobierno anterior está listo. Édgar Ortiz, del gremio de cañicultores de la zona de Troche, ratificó la situación, aunque esperanzado comentó que solo “faltan las bases, el hormigonado”.

Ocho A es la empresa contratista vinculada al senador Pettengill, de la que presumiblemente continúa siendo activo, debido a que el mismo declara acciones en Constructora Paraná SA, que a la vez es accionista de la megacontratista de la fallida obra, según acta de asamblea del año pasado, cuando el empresario ya se postulaba al Congreso.

Recordemos que mediante una medida cautelar la empresa adjudicada Estructura Ingeniería SA cedió los derechos de la ejecución de la obra de la línea de molienda a Ocho A. En el cronograma, reajustado y con varias prórrogas, por cierto, figura que en noviembre pasado debían culminarse los últimos trabajos y ajustes como el tándem de molinos, montaje de la mesa alimentadora, de puente grúa, equipos de automatización de la planta, etc.

Este objetivo quedó en los papeles, ya que hasta ahora ni el pabellón se ha terminado, cuando este componente consistente en obra civil equivalente al 15 % del proyecto por el cual se abonó alrededor de G. 45.000 millones. Las maquinarias que conforman el 85 % del emprendimiento siguen dispersas en depósitos, algunas sin despacharse en zonas aduaneras y la incertidumbre en el cumplimiento del compromiso se torna más perjudicial por los desembolsos realizados por parte de la empresa estatal en la administración anterior.

MULTA

Tras una verificación contractual, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas estableció una multa de G. 18.603 millones para la empresa de Pettengill, precisamente por varias irregularidades en la ejecución del cronograma de obras. Figuran fuertes observaciones con relación al incumplimiento de los plazos, prórrogas sin documentos de respaldo, hasta incumplimiento de disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones para el pago del anticipo pertinente. Si bien la contratista solicitó que se congelen los plazos ante el inicio del análisis en setiembre último, varios de los ítems ya debían haberse completado para ese entonces.

El apuro que tuvo el gobierno de Mario Abdo Benítez en pagar un anticipo a la empresa adjudicada no se vio reflejado en la ejecución de los trabajos. Aseguraron un adelanto de USD 6 millones que pagó Petropar a Eisa, pero en un año la obra no avanzó, más que un terraplenado que servía de estacionamiento para visitas a la planta de Troche.

Mientras en Troche se frustra una obra de envergadura, estas cuestionadas contratistas de los “pulpos” de licitaciones, Alberto Palumbo y el actual senador Pettengill, se quedan con fortuna en adjudicaciones, en algunos casos con contratos en ejecución y negocios asegurados hasta el año 2029, como el caso de empresas del clan del parlamentario.

Según el anuncio hecho ayer por la cartera financiera, mañana viernes 22 de mayo pagarán a los veteranos, pensionados y beneficiarios del Programa Adultos Mayores.

El calendario continúa el lunes 25 con los jubilados de la Caja Fiscal.

En cuanto a los salarios, los desembolsos empiezan el martes 26 con los funcionarios administrativos y el personal del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

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El miércoles 27 será el turno de las Fuerzas Públicas, el Poder Judicial y las gobernaciones.

Por último, el jueves 28 pagarán a los funcionarios del Ministerio de Educación y de las Universidades Nacionales.

El viernes 29 de mayo se deja para los Servicios Personales pendientes.

El fiscal de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico, Deny Pak, presentó la acusación formal contra Gianina García Troche, pareja del presunto capo narco uruguayo Sebastián Marset, y solicitó que la causa sea elevada a juicio oral y público.

La acusación la sindica como una pieza activa y fundamental dentro del esquema de blanqueo de capitales de la organización criminal liderada por Marset y Miguel Ángel Insfrán, alias “Tío Rico”. Según la tesis fiscal, García Troche fue beneficiaria directa de las ganancias ilícitas del tráfico internacional de cocaína y participó en su inserción en el sistema financiero nacional.

El requerimiento conclusivo fue entregado a la jueza penal de Garantías Especializada en Crimen Organizado, Rosarito Montanía, quien ahora deberá analizar el documento y fijar la fecha para la correspondiente audiencia preliminar.

Los elementos recabados por la Fiscalía describen detalladamente cómo la mujer utilizó el dinero de origen ilícito para costear un ostentoso nivel de vida, realizar inversiones en un club de fútbol, montar empresas y adquirir bienes de alto valor.

El eje central de la estructura de lavado atribuida a García Troche fue la constitución de la sociedad “Grupo San Jorge SA”, que operaba bajo el nombre de fantasía “Total Cars”. La acusada poseía el 75% de la participación accionaria y ocupaba la presidencia de la firma.

De acuerdo con el Ministerio Público, esta empresa fue diseñada con el único objetivo de introducir al circuito financiero legal el dinero proveniente de las actividades del narcotráfico, funcionando como una pantalla para aparentar operaciones comerciales lícitas y justificar los millonarios movimientos económicos del entorno de Marset.

El fiscal Deny Pak sostiene que García Troche, en su condición de pareja del líder de la red, actuó con el propósito de asegurar el disfrute de los beneficios económicos obtenidos mediante el envío de grandes cargamentos de estupefacientes a nivel internacional.

En la sesión extraordinaria de ayer, la Cámara Alta incluyó en el orden del día el proyecto de ley que exonera del pago de impuestos y tasas a la importación de vehículos especializados donados y/o adquiridos a las instituciones de bomberos voluntarios del Paraguay.

Los tributos exonerados son: el IVA, el Impuesto Aduanero a la Importación, la tasa de despacho aduanero y cualquier otro gravamen aplicable al ingreso de estos bienes.

Se incluyen en la exoneración a camiones hidrantes, vehículos de rescate, unidades de intervención rápida, ambulancias destinadas a la atención de emergencias y cualquier otro vehículo de uso exclusivo de bomberos.

El presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, Silvio Ovelar, solicitó la postergación por ocho días, bajo el argumento de que el titular de la DNIT, Óscar Orué, no se presentó a la reunión en la que debía dar su parecer como institución afectada.

La propuesta fue aprobada por la Cámara de Diputados el 29 de diciembre pasado y tendrá sanción automática el próximo 31 de mayo, razón por la cual no queda mucho tiempo para expedirse al respecto.

La Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo emitió un dictamen por el rechazo de la propuesta.