En los dos últimos años se tuvieron varios casos tal vez el más sonado se dio el 30 de mayo de 2020 en la ruta que une Luque con San Lorenzo, en plena restricción por la pandemia Ricardo Riquelme, con su familia desvió una barrera policial, fue perseguido por los agentes que abrieron fuego e hirieron de bala a su hijo de seis años, quien fue internado en estado grave por varios días.

Otra niña herida en el 2020 fue una de siete años quien recibió un impacto de bala de parte de agentes del Grupo Lince que estaban haciendo un procedimiento el 7 de noviembre en la zona de la Chacarita, de Asunción.

Ya en el 2021 en Ciudad del Este un joven atropelló una barrera policial y huyó, los agentes lo persiguieron abriendo fuego y una de las balas terminó matando a Osvaldo Barrios, de 29 años, un mecánico que estaba sentado frente a su taller cuando recibió el proyectil y murió en el sitio.

En lo que va del 2022 los hechos de “gatillo fácil” se duplicaron, empezando con un hecho ocurrido el 3 de abril donde un menor de 14 años murió de un disparo de arma de fuego en Salto del Guairá, el autor del disparo un agente de policía que intervino en una carrera clandestina de motocicletas.

Julio fue mes negro para casos como estos ya que se registraron dos casos de “gatillo facil” el primero donde Amalio Meza, denunció que fue interceptado por agentes de la Comisaría de Itá Enramada quienes le robaron sus pertenencias y le dispararon en la cintura. Se abrió una investigación que no avanzó mucho, pese a que intervino El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.

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El otro caso mortal incidente se dio el 28 de julio pasado en Ciudad del Este donde Daniel Ortigoza Avalos, de 27 años, iba en un automóvil con su pareja Lorena Raquel Rivas, de 29 años y la hija de ambos de dos años, pero fueron interceptados por un vehículo desde el cual abrieron fuego contra ellos. Las balas mataron a Ortigoza. Luego se supo que los que hicieron los disparos eran agentes de Investigación de Delitos que estaban tras la pista de un asaltante que días antes había asesinado a un policía. Por este caso fueron imputados seis agentes.fallecimientos, el primero

El 6 de agosto pasado también murió en el Hospital de Calle’i San Lorenzo, Juan Pablo Meza González (34) quien recibió una descarga de balines de goma, de parte del oficial Héctor Sánchez, los suboficiales  Rubén González y Carlos Vega, quienes ya están bajo investigación.

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Finalmente la lista de hechos de sangre se cierra con el hecho ocurrido el pasado sábado en Ciudad del Este donde Alex Enrique Ortiz fue asesinado a tiros mientras que su pareja Gloria Espínola, resultó gravemente herida y hasta hoy sigue con pronóstico reservado. Por este caso están siendo investigados once agentes de policía.

Si bien la Constitución Nacional les faculta a los agentes policiales a utilizar la fuerza y poder portar armas, no se puede ir repartiendo tiros a las personas, como vemos eso se repite cada vez con más frecuencia.

Hace cuestión de meses la justicia condenó a cinco años de la Senad que en un errado procedimiento en el 2016 mataron a una niña en la ciudad de Nueva Italia.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.