En la exposición de motivos, los proyectistas refieren que con la promulgación de la nueva Ley N° 6875/2022, que regula el ejercicio de la agrimensura, es necesario aclarar algunos puntos complementarios, a través de una normativa, que evite, principalmente, las situaciones irregulares a la hora de registrar un inmueble ante las instituciones legales encargada del proceso.

Según publica el portal de Diputados, ambos proyectistas enfatizaron que la propiedad de un inmueble solo podrá ser acreditada de conformidad a los asientos registrales de la Dirección de Registros Públicos (DGRP).

Aluden que, actualmente, el Servicio Nacional de Catastro, dependiente del Ministerio de Hacienda, permite que se modifiquen, de forma privada, instrumentos públicos con la sola presentación de un informe de un perito, inconveniente que corrige el presente proyecto de ley.

Explican, además, que la modificación de instrumentos públicos solo se podrán hacer con un contradocumento público; juicio de rectificación de instrumento público; o juicio de mensura judicial, de acuerdo a lo estipulado a la nueva ley de agrimensura.

Para los proyectistas, es preocupante la situación irregular que se suscita con respecto a la distribución de tierras en el país.

“Existen casos de venta total de la superficie de la parcela; desaparición ‘milagrosa’ del asiento registral; reinscripción nueva con el área original; casos de usucapión donde se ocupan 20 Has., se siembran 10 Has., y se realiza la usucapión sobre 10.000 ha. Estas son situaciones claramente ilegales”, aseveran los legisladores, en la exposición de motivos.

Teniendo en cuenta lo mencionado, precedentemente, es que buscan establecer que en cualquier juicio y en cualquier cuestión sobre derechos reales, se debe solicitar a la DGRP y al Servicio Nacional de Catastro, un informe sobre la parcela original y los desprendimientos, como así también requerir a los propietarios o al solicitante, la presentación de una declaración jurada sobre el área.

El art. 1 del proyecto, refiere que de aprobarse esta Ley “la propiedad de un inmueble solo podrá ser acreditada de conformidad a los asientos registrales de la DGRP. Solo se podrá ordenar la inscripción registral de títulos de propiedad cuando tengan origen en un instrumento público que acredite la titularidad de un inmueble y el mismo se halle inscripto con anterioridad en la mencionada institución”.

Entre otros puntos, en el apartado número dos del marco normativo, se estipula que “no se podrá realizar la inscripción registral de títulos de propiedad o de cualquier otro instrumento público cuando tengan correcciones o rectificaciones realizadas de forma privada, y que estén fuera de lo establecido en apartados del Código Civil Paraguayo y la Ley N° 6875/2022 que dispone nuevos lineamientos sobre la agrimensura”

Los alcances de dicho proyecto de ley, serán analizados en las comisiones asesoras de Justicia, Trabajo y Previsión Social; Legislación y Codificación; Asuntos Municipales y Departamentales y; en la comisión de Bienestar Rural, para su posterior estudio en el plenario de la Cámara de Diputados.

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El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.