Los convocantes, pertenecientes a la plataforma Ñamoseke Monsanto (Fuera Monsanto), integrada por asociaciones sociales y campesinas, reclamaron “el derecho a una alimentación segura y libre de transgénicos” y la aplicación de una ley que obligue a las empresas a etiquetar los productos transgénicos, como parte del “derecho a la información de los consumidores”.

La marcha finalizó frente a las oficinas de la multinacional Monsanto, en un barrio céntrico de Asunción, donde los manifestantes se cubrieron la boca y la nariz con mascarillas y dos jóvenes vestidos con equipos de protección rociaron el suelo con agua, simulando una fumigación con agrotóxicos.

“En Paraguay sufrimos muchísimo a causa de estas empresas multinacionales que acaparan nuestro territorio, privatizan nuestra agua y hasta patentan nuestra semilla, que es patrimonio de los pueblos”, dijo a Efe Alicia Amarilla, representante de la Coordinadora de Mujeres Rurales e Indígenas (Conamuri).

Según Amarilla, esta situación trae como consecuencia el “desalojo de los campesinos y los pueblos indígenas” de zonas rurales para instalar grandes extensiones de monocultivos altamente mecanizados.

“Paraguay es uno de los países más desiguales de América Latina, por el acaparamiento de tierras que traen estas empresas. Este modelo que ellos llaman de desarrollo, para nosotros no es tal, sino pobreza y muerte segura”, dijo la representante de las mujeres campesinas.

Criticó además el uso de agrotóxicos como el glifosato, sustancia que recientemente fue catalogada como “potencialmente cancerígena para los humanos” por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Aseguró además que Paraguay importó en los últimos seis meses 9.900 toneladas de herbicidas, muchos de los cuales a base de glifosato o de otros productos “que ya están prohibidos en otros países, pero que en Paraguay se siguen utilizando”.

Según datos de Ñamoseke Monsanto, en Paraguay se vierten anualmente 60 millones de litros de agrotóxicos, unos 10 litros por habitante.

Esta mañana se llevó a cabo el acto de inauguración oficial del nuevo Centro de Mando y Control de la Prefectura General Naval, ubicado en el Destacamento Naval “Héroes del Chaco”.

La actividad estuvo encabezada por el presidente de la República, Santiago Peña, y el ministro de Defensa, Óscar González, contando también con la presencia del Encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Paraguay, Robert Alter, entre otras autoridades.

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Este nuevo espacio cuenta con una moderna infraestructura tecnológica diseñada para optimizar la vigilancia, coordinación y respuesta operativa en los ríos de nuestro país.

Tal es así que se disponen de drones, embarcaciones y personal especializado que tendrán a su cargo coordinar acciones de patrullaje, control y seguridad en tiempo real.

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El gobierno de los Estados Unidos realizó la entrega de 8 embarcaciones interceptoras fluviales que forman parte del Programa de Resiliencia Fluvial, con capacidad de carga de hasta 2,600 lbs entre personal y equipo.

Las embarcaciones cuentan con tecnología de alta velocidad y maniobrabilidad, con capacidad de superar los 45 nudos, autonomía de 270 millas náuticas y equipamiento especializado para operaciones de patrullaje, rescate y control, fortaleciendo significativamente la presencia del Estado en las vías navegables.

Enrique López Arce informó que, según datos relevados en al menos 50 empresas de la ciudad de Asunción, se detectó un incremento de parejas dentro del entorno laboral, situación que, si bien no está prohibida ni constituye causal de despido, preocupa por sus efectos posteriores especialmente tras las rupturas amorosas.

Señaló que constantemente recibe consultas de este tipo a través de WhatsApp (991 700370) y que en los últimos tiempos aumentaron significativamente, pasando de un promedio de entre 5 a 10 casos mensuales a cerca de 30 en lo que va del 2026.

Gran parte de estas consultas están vinculadas a conflictos tras el fin de relaciones sentimentales entre compañeros, hay trabajadores que solicitan cambios de sección o área para no verle más a su ex y así evitar situaciones incómodas o tensiones laborales.

En empresas grandes, predominan los pedidos de reubicación interna, mientras que en compañías pequeñas aumentan las denuncias relacionadas con posibles casos de acoso laboral de parte de las exparejas, según detalló.

El especialista recordó que mantener una relación con un compañero de trabajo no es motivo de despido ni debe ser objeto de sanción. Sin embargo, aclaró que los conflictos derivados, especialmente si escalan a situaciones de acoso, sí pueden tener implicancias laborales.

En ese sentido, recomendó no “normalizar” este tipo de vínculos dentro del entorno laboral sin considerar sus posibles consecuencias, sobre todo cuando impactan en el clima organizacional.

Sobre el aumento de relaciones en el trabajo, el experto mencionó las largas jornadas laborales, el cansancio acumulado y el menor tiempo destinado a la vida social fuera del ámbito laboral.

A esto se suman condiciones económicas como el aumento del costo de la canasta familiar, subas en alquileres y combustibles, que llevan a muchas personas a pasar más tiempo en el trabajo que en otros espacios.

“Hoy la gente pasa más tiempo en la oficina que en su casa”, explicó, al describir la “tormenta perfecta” que favorece este tipo de vínculos.

En charla con GEN, el fiscal Néstor Coronel señaló que existen múltiples oficios enviados tanto al IPS como a la entidad bancaria, algunos de los cuales ya fueron respondidos parcialmente, aunque otros puntos siguen pendientes.

En particular, el Banco Atlas no aclaró aspectos vinculados a la inclusión de una cláusula específica dentro del contrato de fideicomiso, que posteriormente permitió la reasignación de recursos.

Coronel explicó que la investigación se encuentra en etapa de análisis documental, con revisión de contratos, borradores y órdenes de pago, en coordinación con información remitida por el IPS.

De acuerdo con los antecedentes, el fideicomiso estaba inicialmente orientado a la financiación de cuatro obras de salud: la terminación del Hospital Ingavi, la construcción de una policlínica, un hospital de día y un hospital hemato-oncológico.

Sin embargo, en el documento final se incorporó un quinto punto denominado “otros centros de salud”, lo que habilitó la redistribución de recursos hacia proyectos distintos a los originalmente previstos.

Varias auditorías del IPS señalan que esa modificación contractual derivó en la utilización de una parte significativa de los fondos en obras no contempladas inicialmente, algunas de ellas inclusive fueron obras fantasmas.

El fiscal indicó que la investigación busca establecer responsabilidades dentro del proceso de estructuración y ejecución del fideicomiso, aunque aclaró que aún no es posible atribuir responsabilidades individuales de forma definitiva. “Sería irresponsable adelantar conclusiones mientras seguimos analizando la documentación”, señaló durante la entrevista.

Añadió que el equipo fiscal continúa reconstruyendo el circuito administrativo y financiero del contrato para determinar cómo se aplicaron los recursos y bajo qué decisiones se realizaron las modificaciones.

Coronel sostuvo que tampoco es posible establecer un plazo exacto para la conclusión del análisis, aunque afirmó que el objetivo es avanzar en el menor tiempo posible.

Hay siete razones para rescindir el acuerdo leonino con Atlas y garantizar que los recursos se utilicen de manera correcta y transparente.

1. Desviaron gran parte del dinero a obras no presupuestadas:

El contrato tenía como objetivo financiar la construcción del Hospital Ingavi, la Policlínica, el Hospital Día (Buongermini) y el Hospital Hemato-Oncológico. Solo el 26 % del dinero se destinó a estos proyectos, mientras que el 74 % restante se desvió a obras y refacciones bajo el ítem “Otros Centros de Salud”, incluido sin autorización del IPS.

Como consecuencia, dos de los cuatro hospitales no se concluyeron: el Hospital Día quedó con avance mínimo y el Centro Hemato-Oncológico ni siquiera fue iniciado con fondos del fideicomiso, obligando al IPS a destinar recursos propios para continuar las obras. Miles de asegurados quedaron esperando servicios que deberían haberse concretado hace años.

2. Falta de control: Atlas no informó al Banco Central, pese a ser su obligación legal.

El banco tenía la obligación de orientar y asesorar al IPS sobre las mejores prácticas para cumplir las cláusulas del contrato, pero no remitió los informes trimestrales al Banco Central del Paraguay (BCP).

Aquí surge una pregunta clave: ¿Qué control real tenía el IPS sobre los fondos?

3. Hubo un millonario beneficio indebido para el banco:

Una auditoría interna del IPS detectó que el contrato operaba con cuatro cajas de ahorro, una de las cuales no generaba intereses, manteniendo un saldo superior a G. 5.000 millones fuera de lo pactado. Además, un informe externo concluyó que Atlas no pagaba intereses sobre parte de los fondos fiduciarios, lo que representó un beneficio indebido para el banco y un perjuicio patrimonial para la previsional.

De acuerdo con cálculos estimativos, existirían alrededor de G. 803 millones que debieron haberse acreditado en concepto de intereses en la cuenta de ahorro. Esto nos lleva a hacernos la pregunta: ¿Cuánto ganó realmente el banco con este fideicomiso?

4. Se hicieron pagos con firmas no autorizadas:

De acuerdo con la auditoría, varios certifica­dos de obras fueron firmados por funcionarios no autoriza­dos del IPS. En documentos enviados al banco Atlas para el desembolso de dinero a las constructoras, se observa la firma del director de Man­tenimiento, cuando debe­ría ser el de Infraestructura quien rubrique el Certificado de Cumplimiento de Obra y Orden de Pago. Pese a la irre­gularidad, la entidad bancaria hizo el desembolso de dinero a las constructoras contratadas por la previsional.

5. Inacción de organismos de control:

Al estar involucrada una entidad bancaria, el Banco Central del Paraguay (BCP), como entidad reguladora del ecosistema bancario, debe intervenir. El propio IPS le solicitó formalmente un informe técnico y jurídico sobre el cumplimiento del contrato administrado por el Banco Atlas, en el marco de un arbitraje millonario iniciado por una constructora por los pagos que estaban pendientes por la construcción del Hospital Ingavi, uno de los cuatro hospitales previstos en el acuerdo de fideicomiso. Sin embargo, el BCP nunca respondió.

Una pregunta que aún no se responde es: ¿Por qué el Banco Central no intervino ante las irregularidades detectadas en las distintas auditorías?

6. Se pagaron obras fantasmas:

Con la auditoría interna del IPS se detectaron falencias que hacen suponer el pago por obras fantasmas, al constatarse diferencias entre las cantidades certificadas y las realmente ejecutadas, por un monto de alrededor de G. 1.760 millones. De la verificación en 24 hospitales regionales y unidades sanitarias verificadas en forma aleatoria, se constataron irregularidades en 16 sitios.

7. Responsabilidad penal de directivos de Atlas:

De acuerdo con el contrato, el banco Atlas era responsable de la verificación documental, tal como se encargó en el contrato. La cláusula décimo primera establecía las obligaciones especiales del fiduciario, entre ellos: cumplir con todas las obligaciones que en virtud del Contrato de Fideicomiso se le imponen, realizar diligentemente todos los actos necesarios para la consecución de la finalidad señalada en el Contrato de Fideicomiso, mantener actualizada y en orden la información y documentación relacionada con las operaciones realizadas para el cumplimiento de la finalidad señalada en el Contrato de Fideicomiso, entre otros.

En ese sentido, el banco Atlas debía velar por el buen uso de los recursos del IPS, sin embargo, lo que estaba expresamente presupuestado no se hizo y el dinero se esfumó.