Los convocantes, pertenecientes a la plataforma Ñamoseke Monsanto (Fuera Monsanto), integrada por asociaciones sociales y campesinas, reclamaron “el derecho a una alimentación segura y libre de transgénicos” y la aplicación de una ley que obligue a las empresas a etiquetar los productos transgénicos, como parte del “derecho a la información de los consumidores”.

La marcha finalizó frente a las oficinas de la multinacional Monsanto, en un barrio céntrico de Asunción, donde los manifestantes se cubrieron la boca y la nariz con mascarillas y dos jóvenes vestidos con equipos de protección rociaron el suelo con agua, simulando una fumigación con agrotóxicos.

“En Paraguay sufrimos muchísimo a causa de estas empresas multinacionales que acaparan nuestro territorio, privatizan nuestra agua y hasta patentan nuestra semilla, que es patrimonio de los pueblos”, dijo a Efe Alicia Amarilla, representante de la Coordinadora de Mujeres Rurales e Indígenas (Conamuri).

Según Amarilla, esta situación trae como consecuencia el “desalojo de los campesinos y los pueblos indígenas” de zonas rurales para instalar grandes extensiones de monocultivos altamente mecanizados.

“Paraguay es uno de los países más desiguales de América Latina, por el acaparamiento de tierras que traen estas empresas. Este modelo que ellos llaman de desarrollo, para nosotros no es tal, sino pobreza y muerte segura”, dijo la representante de las mujeres campesinas.

Criticó además el uso de agrotóxicos como el glifosato, sustancia que recientemente fue catalogada como “potencialmente cancerígena para los humanos” por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Aseguró además que Paraguay importó en los últimos seis meses 9.900 toneladas de herbicidas, muchos de los cuales a base de glifosato o de otros productos “que ya están prohibidos en otros países, pero que en Paraguay se siguen utilizando”.

Según datos de Ñamoseke Monsanto, en Paraguay se vierten anualmente 60 millones de litros de agrotóxicos, unos 10 litros por habitante.

En la sesión ordinaria de este martes, la Cámara Baja analizó en uno de sus puntos del orden del día el proyecto de ley “Que establece el procedimiento jurídico marco para la exoneración de la tasa de peajes del país”.

Por mayoría, los diputados resolvieron aprobar esta propuesta, que permitirá realizar los trámites para exoneración del cobro a lugareños de cada ciudad donde existan puestos de peaje.

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El documento establece el descuento del 100% del pago de la tasa a los ciudadanos de aquellos distritos donde se encuentran los peajes. Dicho beneficio solo podrá ser utilizado dos veces al día (ida y vuelta).

Por otra parte, también contempla un descuento del 50% para los habitantes de otras ciudades que se encuentran en el mismo departamento donde operan los puestos de peaje, bajo el mismo criterio de ida y vuelta.

Los documentos requeridos para acceder a este beneficio son: constancia de inscripción en el Registro Cívico Permanente (RCP) correspondiente al distrito de residencia, copia autenticada de cédula de identidad, certificado de vida y residencia expedido por la comisaría local, copia autenticada de la licencia de conducir y la habilitación vehicular del municipio, y una copia de la cédula verde o contrato privado.

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En vista a que esta propuesta generaliza a todos los distritos donde exista intención de lograr una exoneración, los parlamentarios optaron por rechazar los proyectos similares que corresponden a las ciudades de General Delgado, Presidente Franco y Emboscada.

El proyecto pasa ahora a la Cámara de Senadores, para su respectivo estudio.

El agente fiscal de Filadelfia, Lucrecio Cabrera, se encuentra en el ojo de la tormenta luego de verse vinculado a un llamativo caso de liberación de personas.

El representante del Ministerio Público dispuso la libertad de dos personas oriundas de China Continental, quienes habrían ingresado a nuestro país a través de la frontera con Bolivia.

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Según el reporte, ambos extranjeros, identificados como Jinxing Zhuang (35) y Yan Xiwu (48), eludieron los controles migratorios, por lo que no contaban con un documento que certifique su ingreso legal a Paraguay.

Los asiáticos se encontraban transitado la Ruta Transchaco cuando fueron interceptados por agentes policiales de Mariscal Estigarribia. Al solicitarles sus respectivas documentaciones, estos no presentaron ningún papel, por lo que fueron detenidos.

Luego de remitirse los antecedentes del caso a la Fiscalía, Cabrera tomó la determinación de poner en libertad a los chinos, junto a las otras dos personas que los acompañaban. Se trata de Miguel Ángel Cardozo Ramírez y Pablo Emanuel Arequipa, este último de nacionalidad argentina.

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Así también, el fiscal no realizó la comunicación formal del hecho a la Dirección Nacional de Migraciones, al tratarse de la institución que debe atender estos asuntos y ordenar la expulsión de los extranjeros.

Para su estadía legal en suelo paraguayo, los ciudadanos chicnos debían de contar con una visa expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

De acuerdo con la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial N.º 5016/14, el conductor debe detenerse por completo ante la luz roja, antes de la línea de frenado o del cruce peatonal, evitando todo tipo de movimiento. Esta norma no solo protege a otros vehículos, sino también a peatones y ciclistas, quienes muchas veces se ven vulnerables ante maniobras imprudentes.

El artículo 62 de la mencionada ley establece que, incluso cuando el semáforo indique luz verde, no debe iniciarse la marcha si la intersección está obstruida, a fin de evitar el bloqueo del cruce. Asimismo, la luz amarilla debe ser interpretada como una advertencia: si no se podrá cruzar antes de que cambie a rojo, lo correcto es detenerse.

MULTAS

Cruzar con luz roja representa una infracción gravísima y, según el artículo A62.A.2, se sanciona con una multa de 15 jornales mínimos, equivalente a G. 1.614.405. Además del impacto económico, esta conducta pone en riesgo la vida de conductores, pasajeros y transeúntes, y puede derivar en responsabilidades penales en caso de un accidente.

Desde el MOPC insisten en que el respeto a las señales de tránsito, en especial a los semáforos, es un acto de responsabilidad ciudadana que contribuye al orden vial, reduce los niveles de siniestralidad y mejora la convivencia en las calles. Los semáforos no son simples luces, sino dispositivos esenciales para la gestión segura del tránsito en cruces, avenidas y zonas escolares.