Óscar Charotti, director ejecutivo de Juntos por la Educación, explicó que la Ley 5590/16 obliga a las municipalidades a convocar audiencias públicas, a más tardar, el 15 de febrero de cada año para rendir cuentas sobre la aplicación y ejecución de los rubros del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) relacionados con inversiones en infraestructura y alimentación escolar.

Sin embargo, muchos municipios no satisfacen estos requerimientos, tal como señala Faraón Galeano, director de la escuela básica 7025 Ngalec Qom de Benjamín Aceval: “En 2020, solamente una vez nos entregaron el kit; en 2021 y 2022 no entregaron almuerzo escolar”.

“En el 2019, la municipalidad de Benjamín Aceval no cumplió  con los requisitos legales y, en consecuencia, en el 2020 no recibió el desembolso de Fonacide. En dicho periodo, Benjamín Aceval necesitaba 39 aulas y no se construyó ninguna. Además, se debía alimentar a 1926 estudiantes, pero solo 337 alumnos recibieron alimentación escolar”, lamentó el director ejecutivo de Juntos por la Educación.

“En el 2021, el intendente de Benjamín Aceval ejecutó apenas un 4 % en infraestructura, frente a una necesidad de construir 13 baños, solo fue construido un baño. Mientras que los fondos para alimentación escolar tuvieron una ejecución del 0 %, es decir, los niños se quedaron sin comida”, dijo.

En este sentido, Mariano Bareiro de la Federación de Entidades Vecinalistas del Paraguay (FEDEM) sostuvo: “La rendición de cuentas por parte de los intendentes a la ciudadanía es el arma más poderosa para la participación ciudadana, la transparencia y la lucha contra la corrupción”, enfatizó.

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Otro caso que tampoco realizó la rendición de cuentas a la ciudadanía es el intendente de Lima del departamento de San Pedro, quien en  el 2021 ejecutó solo el 44 % del monto destinado para infraestructura educativa, construyendo apenas 3 aulas de las 20 aulas que se requerían. “En este caso, además damos cuenta de la insuficiencia de recursos, ya que a pesar de haber ejecutado el 71 % del monto asignado a alimentación escolar, de 1751 estudiantes solo recibieron alimentación 114 niños”, recalca Charotti.

Para conocer más detalles y la información completa sobre estos casos expuestos o de otros municipios están disponibles las Fichas Distritales, como parte de la campaña Más Transparencia, impulsada por Juntos por la Educación y FEDEM. www.observatorio.org.py/ficha-distrital/1/2

Sobre Juntos por la Educación 

Es una organización sin fines de lucro, independiente a cualquier gobierno, que no recibe dinero público y se financia con aportes de empresarios comprometidos con el país y con una educación pública inclusiva e integral que haga posible la convivencia en valores solidarios y que ayude a responder los desafíos del país y de su inserción en el mundo.

Asimismo, Juntos por la Educación, a través del Observatorio Educativo Ciudadano, pone a disposición información sobre la inversión del Fonacide y los requerimientos de infraestructura y equipamientos en los 255 municipios del país. Las personas pueden ingresar a la web, elegir el distrito que deseen y conocer en detalle cuánto dinero recibe la municipalidad en concepto de Fonacide y cuáles son las necesidades.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.