El MOPC y la Essap realizaron el jueves una misión en la zona de Puerto Casado y Loma Plata del Chaco paraguayo, a fin de verificar las obras del acueducto e informarse personalmente sobre las necesidades técnicas que se requieren para su completo funcionamiento.

La comitiva estuvo conformada por autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), encabezados por el viceministro de Obras, José Espinosa; la titular de la Dirección de Agua Potable y Saneamiento (Dapsan), Claudia Crosa y Pablo Adorno, coordinador de Proyectos de Agua Potable, Saneamiento y Obras Hidráulicas, (CAPSOH).  Además estuvieron representantes de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap S.A.), así como autoridades de los municipios y gobernaciones de la zona.

Una vez detectados los problemas técnicos, desde ambas instituciones se trabajará de forma coordinada en una solución para proveer agua potable a los pobladores del Chaco, a fin de cumplir con una de las prioridades del presidente Santiago Peña.

Pablo Adorno, Coordinador de Proyectos de Agua Potable Saneamiento y obras Hidráulicas del MOPC, comentó que la idea es solucionar el tema del acueducto, trabajar de forma organizada y conjunta, y darle participación a las cooperativas de la zona que conocen mejor el lugar. “La prioridad es ponerlo en operación en la brevedad posible. Se puede usar lo que hay. Desde el MOPC creemos que el acueducto puede funcionar, de hecho funcionó durante dos años, en la sequía y abasteció de agua a todo el Chaco”, resaltó.

Según explicó a la radio 650 AM, el acueducto tiene pérdidas que implican trabajos de reparación y una vez subsanado el problema puede entrar en operación en un breve periodo.

Una vez que se llegue a un acuerdo entre las autoridades de Essap y MOPC, en un mes se podría poner en poner en funcionamiento la estructura, salvo que ocurra alguna eventualidad inesperada, de acuerdo con el entrevistado. Consultado sobre por qué el gobierno anterior no solucionó el problema, dijo que era una pregunta complicada de responder.

Sobre los trabajos hechos desde el Gobierno ante el inconveniente generado en el Chaco, citó que se rescindió el contrato a los dos contratistas responsables de los lotes del primer tramo que está registrando inconvenientes, por lo que el caso se encuentra en Tribunal de Cuentas para ejecutar la póliza, y además la actual ministra de Obras Públicas inició un proceso de auditoría en paralelo para deslindar responsabilidades.

Adorno recordó que la construcción del acueducto pasó por varios gobiernos y que fue dejado de lado por muchos años. “El acueducto tiene 4 etapas, la primera es la que transporta todo el agua tratada para luego ser distribuida en todo el Chaco. La primera etapa inicio en el 2013, tuvo unos inconvenientes, recién en el 2020 se pudo hacer funcionar”, detalló.

El funcionario explicó que el agua se capta del río Paraguay, en la ciudad de Puerto Casado, donde se trata y se transporta a través de unos ductos de 203 km hasta el centro de Loma Plata, de donde se redistribuye hacia las localidades más alejadas que hoy sufren a causa de la sequía.

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El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.