Desde el MOPC recuerdan que existen tres clases de señales de tránsito que son: la reglamentaria, la preventiva y la informativa, que, a través de códigos gráficos, simbólicos, sonoros, visuales o de otro tipo regulan la circulación de vehículos y peatones. Los mismos pueden ser diferenciados entre tipos, según el color que se presente.

Por una parte, están las señales reglamentarias que tienen como objetivo anunciar a los usuarios sobre las previsiones que hay en las vías. Este tipo de advertencias nos recuerdan que debemos obedecer determinados controles que se establecen para organizar la circulación y se caracterizan por ser totalmente de color rojo, aunque también se tienen los de color blanco con bordes rojos. Algunas señales conocidas son las de pare, ceda el paso, contramano, etc.

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A su vez, este tipo de indicativos señalan el máximo o mínimo de velocidad permitida, el sentido reglamentario del tránsito e inclusive las prohibiciones en la calzada. Un ejemplo de este último tipo puede encontrarse en lugares donde no está permitido o prohibido detenerse o hacer giros en “U”, entre otras prohibiciones que están señaladas con una franja roja diagonal.

Por otra parte, las señales preventivas se encargan de comunicar posibles peligros en las cercanías y siempre están instaladas a una distancia prudencial para que haya tiempo de reaccionar antes de llegar al sitio del peligro. Aquí, los carteles son de color amarillo y pueden prevenir lo que se encuentra más adelante en el camino como lomadas, puentes, curvas pronunciadas, cruces peatonales, zona escolar, rotondas u otros.

Entre tanto, está la señalización informativa puede ser tanto de color verde como de color azul y se encargan de señalar sitios de interés. En el caso de la cartelería verde, se encarga de señalar rumbos, como la distancia hasta determinadas ciudades o pueblos y también el rumbo que tomar, mientras que el color azul señala sitios de interés cercanos, como hospitales, paradas de autobús, estaciones de servicio, etc.

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Además de la cartelería, se encuentran las señales horizontales que son las que se tienen pintadas en la calzada misma y son un complemento de las señales verticales. Un ejemplo son las franjas peatonales o pasos de cebra, que son espacios exclusivos para que las personas puedan cruzar, por lo que es vital reducir la marcha o frenar ante la presencia de personas en esta zona.

Otras señales horizontales son las líneas que marcan la presencia de lomadas, que siempre van acompañadas con su debida advertencia a 200 a 300 metros de antelación, y también conforman este tipo de señales las que demarcan en el pavimento (con un recuadro blanco) los espacios donde está permitido estacionar.

Finalmente, están las señales luminosas, que son los semáforos y las transitorias, que son de color naranja y por lo general indican la presencia de obras en pista.

Según el dictamen de la Dirección General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Desarrollo Social, se concluyó que no existen elementos que sustenten un incumplimiento contractual por parte de la empresa proveedora, ya que la entrega del almuerzo se realizó dentro del horario adecuado, de acuerdo a lo confirmado en las actas de recepción de alimentos y los informes de auditores.

El informe señala que la investigación también evidenció una actitud poco colaborativa por parte de la directora, Mecedes Jacquet, quien además de no proporcionar testigos que corroboren sus denuncias, impidió la entrega oportuna de las grabaciones del circuito cerrado que, si hubiese entregado antes de los 7 días posteriores al hecho denunciado, hubiera podido aportar claridad.

La conclusión agrega que tampoco la directora y la vicedirectora de la institución prestaron declaración formal, limitando significativamente la posibilidad de obtener información objetiva sobre el desarrollo del servicio.

Paralelamente, los investigadores recolectaron múltiples testimonios de instituciones adyacentes que en el mismo día, consumieron el mismo alimento preparado por la empresa COMEPAR sin que se haya reportado ninguna irregularidad o rechazo del alimento.

“La investigación detectó la manipulación inadecuada de desechos alimentarios en la institución, y también se verificó que se incentiva la recolección de sobras de alimentos en recipientes no aptos, lo que daría pie a una supuesta redistribución de dichas sobras, por lo que se recomienda la implementación de medidas correctivas”, dice la última parte del informe.

Zárate Jiménez, de 29 años, fue capturado el pasado miércoles en la madrugada durante un operativo en el barrio Virgen del Carmen de Katueté, departamento de Canindeyú. El fiscal solicitó al juzgado que ordene la prisión preventiva del imputado.

La imputación detalla que Zárate Jiménez, desde el 22 de junio de 2024 y en un período anterior, habría formado parte de la estructura delictiva liderada por Acosta. Este grupo se dedicaría a la producción, acopio y tráfico ilícito de sustancias estupefacientes a nivel nacional e internacional.

El 22 de junio de 2024, alrededor de las 07:25 horas, en una vivienda ubicada en la compañía Karupera II, distrito de Yby Pytâ, Zárate Jiménez habría estado en posesión de presunta marihuana.

Entre los elementos de sospecha arrimados por el Ministerio Público contra el detenido, se encuentran 24 fardos incautados, que contenían 238,415 kilogramos de presunta marihuana prensada.

Los fiscales especializados en Delitos Económicos y Anticorrupción, Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero, presentaron imputación contra magistrados y funcionarios de Juzgados de Paz de Asunción.

La imputación abarca a los actuarios judiciales, como presuntos cómplices en el prevaricato, producción y uso de documentos públicos de contenido falso, así como a los ujieres notificadores de los juzgados de Paz de La Encarnación, La Recoleta, Catedral del 2do. turno y San Roque.

Se identificaron numerosas inconsistencias, como notificaciones supuestamente realizadas por ujieres en la misma fecha y horario, incluso en ciudades diferentes, así como mandamientos diligenciados por oficiales de justicia en condiciones similares.

Los jueces habrían dictado resoluciones fraudulentas beneficiando a empresas actoras, especialmente de cobranzas, incluso cuando sabían que las notificaciones para reconocer firmas y oponer excepciones no se habían realizado. En muchos casos, los procesos avanzaban hasta llegar a sentencias definitivas de remate y embargos con descuentos compulsivos de salarios.

Los actuarios, por su parte, habrían contribuido elevando informes procesales indicando falsamente el cumplimiento de notificaciones, aun cuando estas coincidían en tiempo y espacio imposibles o incluso eran notificadas en días inhábiles.

Abogados vinculados habrían instado el avance de procesos, pese a conocer que las diligencias no se realizaron conforme a la ley, afectando garantías como el derecho a la defensa y el principio de igualdad procesal.

Ujieres y oficiales de Justicia habrían reportado falsamente la realización de diligencias que, en los hechos, no ocurrieron.