Regulación de criptoactivos y sus riesgos fueron ejes de discusión en audiencia pública

En una audiencia pública se debatió en torno al proyecto de ley “Que regula la industria y comercialización de activos virtuales criptoactivos”. El documento ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores.

El proyecto de ley tiene como fin regular las actividades relacionadas a la producción y comercialización de activos virtuales o criptoactivos a fin de garantizar la seguridad jurídica financiera y fiscal de los negocios derivados en el país.

Un criptoactivo es un medio digital de intercambio que utiliza criptografía fuerte para asegurar las transacciones financieras, controlar la creación de unidades adicionales y verificar la transferencia de activos. Por ende, se clasifican en tokens que están creados con el objetivo de intercambiarlos por bienes y servicios. Una gran parte de las criptomonedas están dentro de la categoría de tokens y la otra denominada criptomoneda, es una moneda digital que no pertenece a ningún banco central.

El principal fin del proyecto de ley es el registro, supervisión y control sobre las empresas proveedoras de servicios esto a través del ministerio de Industria y Comercio que será la autoridad de aplicación reguladora de la normativa. Que tendrá a su cargo la inscripción de las empresas dedicadas a la minería de activos digitales.

En torno a los posibles danos ambientales sobre la minería en criptomonedas específicamente el ingeniero Ricardo Canese, parlamentario del Mercosur,  explicó de los posibles efectos colaterales que traería la explotación de la minería en criptomonedas “En Europa plantean prohibir la criptomineria en especial lo que sería la prueba de trabajo, los funcionarios suecos dentro de la Unión europea han planteado sobre el alto consumo de la energía y han propuesto una prohibición” puntualizó el parlasuriano.

Durante la audiencia pública representantes en pro y en contra del proyecto de ley explicaron los alcances de la normativa entre ellos el economista Fernando Arriola, Jefe Blockchain de la Cámara de Fintech Paraguay, quien defendió la iniciativa y mencionó que se trabajó con el gobierno en un plazo de cuatro años en la legitimación de las industrias derivadas en las cadenas de bloques. Mediante la coordinación con la Seprelad y que las empresas cumplen con las indicaciones provenientes de la Secretaría de Lavado y Prevención de dinero o bienes.

Sobre el cuestionamiento en el uso de los recursos energéticos y violaciones legales de empresas extranjeras, el técnico señaló: “Acá nos olvidamos muchas veces que hay manos paraguayas que trabajan aquí y no solo inversión extranjera. La mayoría de las empresas que están activamente trabajando somos los pequeños emprendedores paraguayos, que necesitamos queremos tarifas justas y un marco regulatorio”.

Finalmente, el presidente de la Comisión de Asuntos Económicos y Financieros, diputado Justo Zacarías, anunció que el proyecto tiene sanción ficta en junio y que será dictaminado antes de esa fecha y que continuarán las mesas de trabajo con las instituciones.

Zacarías puntualizó que, si bien hubo exposiciones sobre el posible daño ambiental, el parlamentario indicó que el uso de criptoactivos es una realidad que se debe adaptarse a los nuevos tiempos y las regulaciones estatales para dar mayores garantías a todos los paraguayos.

 

En charla con la radio 650 AM, el diputado Justo Zacarías ahondó que urge la necesidad de darle una luz a la gente respecto al tema de los criptoactivos. “La primera pregunta que surge es: ¿se regula o no se regula? Lo que se dice es que la política monetaria va a sufrir. Después de responder si se regula, lo siguiente es: ¿se regula la comercialización o la moneda en sí?”, argumentó.

El legislador mencionó que hay pocos países que tienen una regulación, y que existen dos países que aceptan las criptomendas como monedas del país, El Salvador y un país de África Central.

“Tenemos que internalizarlo mucho para tomar la decisión correcta”, precisó sobre cómo continuarán con este álgido tema.

Dan de alta a pacientes trasplantados con donantes cadavéricos en Clínicas

El Departamento de Trasplantes Órganos del Hospital de Clínicas dio de alta médica a dos pacientes quienes fueron trasplantados con donantes cadavéricos.

El informe del Hospital de Clínicas indica que ambos pacientes realizaban su tratamiento de hemodiálisis y a través de este gesto altruista de donación de órganos tienen una nueva oportunidad de mejorar su salud y la calidad de vida.

Cabe resaltar que uno de los pacientes tiene 64 años del sexo masculino, oriundo de la ciudad de Capiatá, el mismo recibió el riñón donado por una persona de 61 años de edad, fallecida en el Hospital de Clínicas por ACV hemorrágico.

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En tanto el otro paciente que recibió el trasplante es un hombre de 37 años, proveniente de la ciudad de CDE, quien fue trasplantado con un riñón de una donante de 47 años, quien falleció en el Hospital de Trauma por un trauma craneal.

Ambos pacientes llevaban años siguiendo su tratamiento de hemodiálisis, respectivamente fueron 4 años para uno y 2 años para el otro.

UNA NUEVA ETAPA COMIENZA

Los familiares de los pacientes trasplantados expresaron su agradecimiento y alegría por este nuevo comienzo para sus seres queridos, ya que a través de esta acción podrán volver a llevar la vida que tenían antes y gozando de buena salud.

Agradecieron enormemente a todo el staff de médicos, enfermeros y personal en general que trabajaron en todo este proceso y con los cuidados específicos que deben tener.

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Cabe resaltar que el Hospital Escuela cuenta con un equipo multidisciplinario que trabaja en conjunto para la realización de este tipo de intervenciones quirúrgicas complejas. Teniendo en cuenta también que el Hospital de Clínicas de la Facultad de Ciencias Médicas UNA, cumple con otros Hospitales del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y el Instituto de Previsión Social (IPS), abriendo así un camino de esperanza a los compatriotas que tienen el derecho de ser trasplantados en su país.

Dinavisa clausura laboratorio por vender productos sin registro sanitario

La Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria emitió una alerta sanitaria ante la circulación y venta de medicamentos ilegítimos fabricados por Laboratorio del Águila. Instan a prestar atención a al número de registro sanitario a la hora de adquirir algún insumo médico.

Una larga lista de medicamentos aparecen como comercializados y Dinavisa llegó hasta el supuesto laboratorio donde constataron que no estaba habilitado y no cumplía con las normas mínimas.

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El titular de Dinavisa, Dr. César Cristaldo, indicó a la radio 650 AM que todos los medicamentos fueron retirados y el laboratorio clausurado. La situación fue comunicada al Ministerio Público.

Recordó que hay riesgos graves si se adquieren o utilizan productos no registrados ante la autoridad sanitaria, que se manipulan en establecimientos no habilitados, en condiciones que no cumplen con las normativas vigentes

Los medicamentos adquiridos deben contar el número de registro sanitario, expedido por Dinavisa, dato del lote de fabricación, vencimiento, responsable técnico, reacciones adversas, indicaciones, advertencias, posología.



Presentan denuncia contra expresidente del IPS por estafa

El extitular del Instituto de Previsión Social (IPS), Andrés Gubetich, fue denunciado penalmente por los supuestos hechos de estafa agravada y lavado de activos.

La denuncia refiere que Andrés Gubetich firmó contratos de compraventa sobre 4 inmuebles comprometiéndose a transferirlos libre de gravámenes al denunciante, Eustacio Rojas.

Sin embargo, uno de los inmuebles estaba hipotecado, otro tenía un usufructo vitalicio, otro ya estaba transferido a un tercero y el último también terminó escriturado a un tercero.

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El abogado José Fernández Zacur, explicó a Universo 970 AM de Nación Media, que en todos los casos recibió entregas dinerarias y pagarés o cheques que descontó dejando al comprador con las deudas.

Al respecto de la participación de su esposa, María Rosa Araujo, el abogado explicó que los bienes eran gananciales al momento de las “ventas” y la mujer omitió suscribir los contratos frustrando cualquier reclamación civil por cumplimiento contractual.

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Asimismo, el abogado enfatizó que el matrimonio Gubetich - Araujo utilizó al sistema financiero para descontar varios de los títulos de crédito provenientes de la estafa. El perjuicio asciende a cerca de U$s. 2.400.000.