Oscar Nalerio, miembro del Sindicato Nacional de Trabajadores de Copaco (Sintraco), se refirió en charla con la radio Universo / Nación Media a la negociación que lleva adelante la estatal Copaco con la empresa norteamericana Rivada Network, para hacerse de la conectividad de VOX y comercializar este espectro con otras compañías telefónicas como un operador virtual.

“Nosotros denunciamos este tema hace como tres semanas. Estamos haciendo lobby para que esto se pueda atajar y estudiar mejor este tema. Creemos que las cosas no están claras“, sostuvo Nalerio al respecto. Agregó que el modelo que se quiere implementar no está reglado ni reglamentado. “No se tiene previsto hacer este tipo de concesiones a una empresa virtual”.

Si bien reconoció que Copaco-Vox requiere de una urgente inyección económica, consideró que no corresponde la forma en que se pretende hacer, aparentemente de manera ilegal. “Estamos preocupados porque no tenemos recursos para seguir percibiendo nuestros salarios, pero también preocupados porque nos saquen un bien que el día de mañana vamos a necesitar. Estamos en esa tesitura”, acotó.

El entrevistado sostuvo que tras mucha presión, los trabajadores lograron mantener un encuentro con las autoridades de Copaco, y estas les prometieron que van a ir haciendo los ajustes necesarios al proyecto, de acuerdo a la coyuntura, los cuestionamientos y los intereses que vayan surgiendo.

“Nosotros manifestamos que vamos a esperar el preacuerdo. Nosotros vamos a salir a favor de la empresa y de los trabajadores. Nosotros vamos a tener celo del espectro, que en total suman cinco los que se están negociando (los espectros de Vox, incluido el de Copaco) y queremos revisar absolutamente todo. Como trabajadores no nos vamos a quedar sentados. Vamos a pedir explicaciones“, indicó.

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Las autoridades policiales informaron sobre la detención de un hombre de 26 años de edad, quien cuenta con una herida de arma de fuego. El mismo fue trasladado con custodia policial a un centro asistencial privado en la ciudad de Hohenau, de su poder fue incautado un vehículo, así también del interior del vehículo se encontró un bidón de combustible tipo nafta.

También se procedió al levantamiento de indicios del lugar donde ocurrió asalto tipo comando en la sede del BNF en Natalio, de donde se incautó varias vainillas servidas y percutidas de diferentes calibres, cartuchos, cargadores de la marca FAL entre otras evidencias.

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Además fueron localizados dos vehículos presuntamente utilizados para cometer el hecho, los mismos fueron abandonados entre un yerbal del barrio San Miguel del Distrito de Natalio en cercanías del Arroyo Pirayui, del interior de uno se logró levantar dos pasa montañas de tela color negro, un quepis de color negro y rojo, y un balde de plástico de color amarillo conteniendo varios clavos miguelito, otro automóvil de la marca Toyota modelo Runx color plateado, de cuyo interior se logró levantar dos cartuchos sin percutir calibre 556, un rastro papilar latente que fueron levantados y protegidos, una pata de cabra.

Asimismo, en la Comisaría 17ª –Natalicio se levantaron indicios balísticos consistentes en vainas servidas y percutidas calibre.

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Como había ocurrido semanas atrás también en el departamento de Itapúa, los delincuentes tomaron la ciudad de Natalio, donde bloquearon los accesos para evitar que las autoridades de seguridad puedan reaccionar.

Unos 15 delincuentes llegaron hasta la sede del BNF y con explosivos accedieron a la bóveda para alzarse con al menos G. 1.000 millones.

“Lastimosamente no es el primer caso, prácticamente en todos los distritos de Itapúa se vienen dando acciones de estas bandas”, dijo Marcos Maidana en comunicación con la 1020 AM.

El intendente de Natalio sostuvo que, en contrapartida, hay escasez de personal policial para cubrir la ola creciente de inseguridad a nivel departamental.

Por su parte, el senador Kolyn Soroka dijo que la situación amerita la militarización de Itapúa, hasta tanto se aplique un nuevo esquema de seguridad por parte de la Policía.

“Hasta hace poco Itapúa no tenía casi hechos de esta naturaleza, es claro que se produjo una migración de los grupos criminales que accionaban en otras partes del país”, remarcó el legislador.

En ámbito de la Policía se señala que la migración de bandas organizadas es un hecho, tras el reforzamiento de la presencia policial en Alto Paraná.

Cabe indicar que, la cárcel de Cambyreta, Itapúa, es el centro de reclusión que cuenta el mayor número de reos integrantes del Primer Comando Capital (PCC). No se descarta que este foco instalado en esa penitenciaría sea el que comanda a la facción operativa del cártel brasileño que opera en el país.

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Por Cinthia Mora

Periodista

La estrategia de defensa desarrollada por los abogados de Mario Abdo Benítez y su gavilla se dedica desde el 11 de marzo pasado, fecha en que se conoció la imputación, a la defensa mediática más que jurídica. Presentaron una docena de recursos procesales que lograron, hasta ahora, paralizar la causa.

La campaña desatada por los medios afines al abdismo y los abogados defensores para intentar invalidar la imputación cae por su propio peso al demostrarse que todo el procedimiento fiscal estuvo ajustado a lo que establece la ley penal. Las actuaciones de los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti, actualmente desafectados de la causa, contó con aval y control judicial. El acta de imputación fue admitida por un Juzgado Penal de Garantías por reunir todos los requisitos que establece la ley.

Uno de los argumentos utilizados por la estrategia mediática de los abogados para intentar sabotear la investigación es que sus clientes “no fueron notificados” por la Fiscalía de que estaban siendo investigados. Trasladando el mismo argumento al plano de lo absurdo, a partir de ahora los casos de narcotráfico o secuestro que se encuentren en plena etapa de investigación (durante la etapa preparatoria) se tendrían que poner a conocimiento de los sospechosos la existencia de una investigación en curso.

Ante la imposibilidad de refutar los más de 40 elementos que aporta la Fiscalía y que sostienen la imputación, una de las abogadas defensoras, Cecilia Pérez, quien actúa en representación del diputado Mauricio Espínola, plantea este argumento: “Esta es una causa jurídico-política y separar no es posible”; mientras que su defendido, quien sigue gozando de fueros, solicita que la causa “comience de cero”.

Tanto el actual diputado, sobre quien existe un pedido de desafuero para que se someta a la Justicia, como su abogada Cecilia Pérez no pueden desconocer la existencia de la publicación realizada con los datos confidenciales.

En una entrevista radial, la propia Cecilia Pérez quedó en “off side” cuando fue consultada sobre la ilegalidad de la publicación realizada por su cliente y solo atinó a responder que en este caso le corresponde hablar como abogada y no en otra condición.

Esos documentos confidenciales filtrados, según sostienen los fiscales, se obtuvieron de la Seprelad, ya que consta en los registros encontrados durante la pesquisa, que fueron redactados dentro de una oficina paralela por funcionarios ajenos a la institución y montados exclusivamente para perseguir a los enemigos políticos de Abdo.

DILACIÓN EN LA CORTE

Hace 15 días que los ministros e integrantes de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Luis María Benítez Riera, César Diesel y Manuel Ramírez Candia, no resuelven la recusación que pesa sobre los camaristas María Belén Belén Agüero, Arnaldo Fleitas y Jesús Riera, recusados por el abogado Felino Amarilla, defensor del imputado por la filtración de información de la Seprelad, Carlos Arregui, extitular de esa institución.

Una vez que los magistrados se expidan sobre la recusación contra los camaristas, los mismos a su vez deberán estudiar la recusación contra la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera. En caso de que Lovera sea confirmada para el presente caso, deberá resolver más de doce chicanas presentadas por los abogados defensores del expresidente y sus excolaboradores.

NUEVO EQUIPO DE FISCALES

Por otra parte, el fiscal Osmar Segovia, de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado, conformará el equipo de agentes fiscales encargados de investigar al exmandatario Mario Abdo Benítez y otros ocho altos funcionarios de su administración en la causa que investiga la denuncia por persecución política durante su gobierno con el uso de las instituciones públicas como garrote político.

La decisión fue dada a conocer a través de la resolución n.° 986 firmada por el titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón. De esta forma, Segovia se integra al equipo conformado por Fabiola Molas y Guillermo Sanabria para continuar con las investigaciones en torno a las supuestas filtraciones de informes de inteligencia de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).