El Gobierno Nacional habilitó su plataforma http://www.rindiendocuentas.gov.py, la cual fue creada para hacer el control de los gastos durante la pandemia de COVID-19.

En dicha página web se visualiza que al corte del pasado 28 de abril recién se destinó la suma de US$ 633 millones, de los 1.600 millones previstos en la LEY N° 6524 que declara estado de emergencia en todo el territorio de la República del Paraguay.

En el detalle de los desembolsos, Salud Pública aparece entre los organismos del Estado que menos ejecutó. Apenas utilizó US$ 99 millones de dólares de los 514 millones planificados. Esta situación se da en medio de dudosas licitaciones y reclamos del funcionariado de salud ante la carencia de los insumos necesarios para hacer frente al coronavirus.

Siguiendo con los desembolsos, se observa en la página web que para el funcionamiento del Estado se ejecutó US$ 51 millones de los 534 millones proyectados para esta emergencia sanitaria.

Para salvar a las Mipymes y la Capitalización de la economía, se usaron US$ 38 millones de los 64 millones que están previstos en la normativa que establece los recursos para el Gobierno Nacional.

En cuando a los subsidios de los servicios públicos para el sector vulnerable, se utilizó la suma de US$ 19 millones de los 62 millones estimados.

El único programa que fue exitoso, de acuerdo con el portal de cuentas del Gobierno, es el de la protección social. En ese sentido se invirtió todo el dinero previsto para el efecto, la suma de 426 millones de dólares.

CUESTIONAMIENTOS

A tan solo unas horas de haber sido lanzada al público, la plataforma creada por el gobierno es blanco de cuestionamientos por la falta de datos abiertos, tal y como lo prometió el propio ministro del MITIC, Alejandro Peralta Vierci.

Si bien esta herramienta web se destaca por su finalidad de brindar transparencia al proceso de control de gastos del Estado en el marco de la pandemia de COVID-19 -tal y como habían solicitados diversos sectores de la sociedad-, carece de importantes aspectos que deben ser corregidos para poder realizar un verdadero control ciudadano.

Erick Urueta, veedor judicial de Colombia, señaló que de confirmarse esa versión, y que EEUU tenga pruebas de que los asesinos ingresaron de ese modo a su esquema legal, corresponderá la extradición de los sujetos ya condenados en Colombia.

“Lo que sí está claro es que para que EEUU pida extradición de estas personas es porque se cometió una conducta delictiva en EEUU, a pesar de que el crimen fue en Colombia. Si se llega a demostrar que uno de los bancos fue utilizado para hacer llegar a Colombia la plata que salió de Paraguay para pagar el crimen, estaríamos frente a una legalidad acerca de que ese país pida la extradición. Eso es lo que cree EEUU”, manifestó Urueta en comunicación con la 1020 AM.

Enfatizó que con la evolución de las investigaciones, en Colombia existe la convicción de que se puede llegar hasta la persona que ordenó matar a Pecci.

“No es una retaliación a ese pedido de extradición. Se está solicitando una reunión urgente con la Fiscalía de Colombia para tratar ese asunto, pero no se pueden ir a EEUU si no llegamos a los autores intelectuales y yo creo que tarde o temprano lo haremos”, acotó.

El funcionario colombiano significó que la pesquisa de la DEA, podría desembocar en dilucidar las conexiones que se tejieron en torno al magnicidio.

“Pienso que se debe determinar si el fiscal Pecci fue asesinado por alguna persona intelectualmente que esté relacionada con actos delictivos en EEUU. Tiene que demostrarse muchos elementos probatorios que demuestren que estas conductas afectaron a ese país”, concluyó Urueta.

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El presidente del Banco Nacional de Fomento (BNF), Manuel Ochipinti, en entrevista con diversos medios habló sobre el asalto ocurrido en la noche de ayer en la sucursal ubicada en el distrito de Natalio, departamento de Itapúa.

Segun precisó, el monto sustraído por la banda criminal detrás de este golpe asciende a unos G. 300.000.000 y cerca de 100.000 dólares americanos, lo cual totalizaría alrededor de G. 1.000 millones al cambio actual.

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Así también, indicó que el dinero se encuentra asegurado y, por lo tanto, la entidad bancaria tendrá forma de gestionar la compensación por la pérdida sufrida con este atraco.

Al momento en que se produjo el asalto tipo comando -en el que habrían participado más de 15 personas- no se encontraba nadie en la sucursal del BNF, según mencionó Ochipinti.

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El titular del BNF también reveló que el día viernes se efectuó la recarga de la mencionada sucursal bancaria, motivo por el que contaba con tanta cantidad de dinero. A esto se le suma el hecho de que tenía a su cargo abastecer los cajeros automáticos de la zona.

Pese a ello, sostuvo que los cajeros “se quedaron con más dinero” y por ello el botín no fue mucho mayor.

Jara quedó con graves heridas como consecuencia del arrollamiento. Esto ya demandó muchos gastos médicos, según indicó, además de la imposibilidad de retomar su trabajo en la entidad comunal. Su cuadro empeora, considerando que la mujer está en tratamiento para someterse a una cirugía, explicaron familiares.

La agente Jara de la Unidad Operacional N° 2 se encontraba dirigiendo el tránsito cuando fue embestida por un automóvil.

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El arrollamiento quedó grabado por las cámaras de vigilancia. En las imágenes se observa a la uniformada cuando es atropellada por un conductor que pretendía incorporarse a la Avenida Mariscal López desde una de las arterias transversales (calle Bernardino Caballero).

Se observa también a la agente que estaba permitiendo la circulación de los vehículos que transitaban sobre Bernardino Caballero y que en ese momento se dispuso a detener el paso de los automovilistas para volver a habilitar la avenida Mariscal López. Allí el conductor la embiste, por lo que se verifica la negligencia de Delgado Ayala, que no prestó atención a la funcionaria comunal.

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