El Juzgado Electoral de Central, a cargo del Dr. Modesto Nuñez, citó los hechos punibles relacionados con la jornada electoral detalladas tanto en el Código Electoral como en el Código Penal, también las prohibiciones vigentes antes y durante la jornada eleccionaria.

Ejercer violencia sobre los electores para que no voten o lo hagan en un sentido determinado o exigieren la violación del voto secreto, acorde al Código Electoral, es pasible de una pena de 300 jornales mínimos (G. 29 millones).

Así también, si un ciudadano vota más de una vez en la misma elección, recibirá una multa de 200 jornales mínimos (G. 19 millones).

Se dispone una sanción de 500 jornales mínimos (G. 49 millones) si se llegase a realizar propaganda electoral fuera del plazo en los medios de comunicación social.

Si policías y militares participan activamente en reuniones políticas, campañas proselitistas o donación para campañas internas, podrán ser penados con seis meses a un año de privación de libertad o una multa.

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Impedir, perturbar una elección o la constatación del resultado con violencia o amenaza de violencia puede ser sancionado con una pena de cinco años de pena privativa de libertad o multa. Misma pena recibirá el ciudadano si acude a votar sin estar habilitado, falsear el resultado o si coacciona a otro elector para votar en un sentido determinado o bajo fuerza, presión económica, abuso de relación de dependencia profesional.

Se dispone que un ciudadano podrá ser condenado a una pena de cinco años de prisión o una multa si ofrece, promete u otorga algún tipo de dádiva para que un elector no vote.

En tanto que 300 jornales mínimos de multa (G. 29 millones) es la sanción si un ciudadano viola gravemente las formalidades para constituir una Mesa Receptora de Voto, o causa conflictos durante la jornada eleccionaria, o durante el escrutinio. Igual pena recibirá el miembro de mesa que admita a un elector votar en una mesa cuyo nombre no figure en el padrón, o permitir que un votante participe dos o más ocasiones. Así también se sancionará con ese mismo monto al que retenga documentaciones de electores o impida la entrada sea a votantes.

Por otra parte, realizar propaganda electoral una vez finalizado el plazo definido en el Cronograma Electoral puede resultar en una multa de 100 jornales mínimos (G. 9 millones).

Fuente: AFP

Durante la gira de seis días, Kishida se reunirá con el presidente francés, Emmanuel Macron, con el mandatario brasileño Luiz Inacio Lula da Silva y el presidente Santiago Peña, informó su despacho.

“Este es el año de América Latina, y es el centro de atención del mundo”, afirmó el portavoz del gobierno japonés, Yoshimasa Hayashi, en una rueda de prensa en la que destacó que Brasil preside el G20 y Perú tiene la presidencia del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

“Japón quiere aprovechar esta oportunidad para fortalecer sus vínculos con los países de Latinoamérica”, agregó.

En la reunión con Lula, se espera que Kishida firme un acuerdo de cooperación bilateral sobre varios temas medioambientales, incluyendo el cambio climático y el proceso de reducción de emisiones de carbono, informó la agencia japonesa Kyodo News.

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Kishida viajará con representantes de al menos 40 empresas, con el objetivo de aumentar las inversiones de Japón en Brasil y de impulsar la cooperación en tecnologías verdes, indicó el diario Nikkei.

El gigante automovilístico japonés Toyota anunció en marzo un plan para invertir 11.000 millones de reales (2.200 millones de dólares) para aumentar la producción de vehículos híbridos en Brasil.

Los procedimientos fueron encabezados por el fiscal antidrogas Néstor Narváez, en el marco del Operativo Arambe II en el departamento de Canindeyú, desarrollado del 23 al 25 de abril de 2024,.

Los trabajos de control se desarrollaron en las zonas rurales del distrito de Villa Ygatimi, y los datos finales señalan que la pérdidas económicas aproximadas para los grupos criminales que operan en estas actividades ilicitas alcanzan la suma de Gs. 22.037.000, equivalente a US$ 2.966.000.

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Durante los procedimientos llevados en forma conjunta con los agentes antinarcóticos de la Policía Nacional se logró la destrucción de 48 hectáreas de supuesta marihuana en etapa de cosecha, distribuidas en 14 parcelas, equivalentes a 144.000 de kilos de marihuana prensada.

Además, se requisaron 6250 kilogramos de supuesta marihuana picada. También se destruyeron once campamentos precarios ubicados en la zona y se requisaron diez zarandas y enseres varios.

La ley establece que el Consejo Nacional de la Lectura y el Libro, presidido por la Secretaría Nacional de Cultura y acompañado por el Ministerio de Educación y Ciencia y el apoyo de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, deberán diseñar y conducir el Plan Nacional de fomento del libro y la lectura.

Deberán facilitar el acceso de toda la población a las bibliotecas públicas, principalmente, de las personas en condiciones de vulnerabilidad, mediante la incorporación de nuevas tecnologías de la información y el conocimiento, articular la compra de libros de autores nacionales e internacionales destinados a bibliotecas públicas, comunitarias y a aquellas habilitadas en espacios no convencionales, impulsar la investigación científica en el ámbito de la lectura, el libro y el acceso a la cultura, además de otras disposiciones.

Trabajarán con las gobernaciones y los municipios la implementación de programas locales de fomento al libro y la lectura y la correspondiente asignación presupuestaria anual, según la particularidad de sus territorios.

En los casos de territorios en frontera, los planes incluirán, al mismo tiempo, programas de afirmación de la soberanía cultural y de fomento de la integración regional, promoviendo acciones conjuntas con los países vecinos, que beneficien el intercambio de libros, conferencias, presentación de autores, entre otras iniciativas.