El senador Amado Florentín instó a las autoridades sanitarias a solucionar la falta del milazolam y el atracurio, porque estos fármacos están en falta ya hace dos meses y no es algo reciente. “Ya desde el 22 de enero que mis conocidos me comentan que van a Clorinda a comprar porque es más barato o deben adquirir de las farmacias que están al lado de los hospitales”, refirió.

El político recordó que la ley de emergencia sanitaria aprobada por el Congreso flexibiliza los procesos licitatorios, pero criticó que Salud Pública no la utiliza por temor o inutilidad. “Tengo la información de que no hay licitaciones abiertas para estos productos desde hace tiempo”, reveló.

El legislador indicó que el presidente Mario Abdo Benítez debe hacerse eco del clamor ciudadano y tomar cartas en el asunto, y el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, debe dar un paso al costado por el bien del país.

“Se les brindó con exceso los mecanismos legales y no pueden venir hoy a decirnos que por falta de legislación no pueden comprar de una farmacia, no deben luego hacerlo si es que planifican sus compras. No se puede tapar con un dedo la inoperancia del ministro de Salud Pública y de su viceministro Julio Rolón, que sale a decir que hay falta de comunicación interna, tratando de justificar su inoperancia”, arremetió.

El decreto establece las pautas generales y describe los mecanismos, las metodologías y herramientas esenciales para la programación presupuestaria de todas las entidades del sector público.

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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció que, los plazos para la carga de los respectivos anteproyectos quedan definidos de la siguiente manera: el Anteproyecto de Presupuesto 2025 hasta el 27 de junio de 2024; y el Presupuesto Plurianual 2025–2027 hasta el 22 de julio de 2024.

Los Organismos y Entidades del Estado (OEE) en el proceso de elaboración de los anteproyectos de presupuesto deberán asignar los recursos para satisfacer las necesidades de la población, enfocándose en el logro de metas y resultados tangibles que beneficien a la sociedad.

Las entidades deberán planificar la adquisición de bienes y servicios que cumplan con los requerimientos para el cumplimiento de sus fines misionales y reflejar en el anteproyecto los requerimientos financieros para el efecto.

El gasto público debe mantenerse coherente con la capacidad de generación de recursos fiscales, en un contexto de racionalidad y austeridad en el uso de los recursos disponibles.

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“Desde la dirección de la Policía Municipal de Tránsito se prevé un plan de contingencia por los días de lluvia”, refiere el comunicado.

La medida es adoptada ante los inconvenientes registrados en las últimas lluvias, donde los semáforos quedaron fuera de funcionamiento y algunas calles fueron inundadas.

La alerta meteorológica es por el ingreso de sistema de tormentas es para la Región Oriental y sur de la Región Occidental, desde este miércoles 1 al viernes 3 de mayo.

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Los departamentos afectados son: Ñeembucú, Misiones, Itapúa, Central, Cordillera, Caaguazú, Guairá, Paraguarí, Caazapá, Alto Paraná, Presidente Hayes, Boquerón, San Pedro, Canindeyú y Concepción, además de la ciudad de Asunción.

El boletín refiere que se esperan lluvias con acumulados de entre 50 y 80 mm por día, con ráfagas de viento en torno a los 120 km/h.

Existe además una alta probabilidad de ocurrencia de granizo. Se espera que las condiciones climáticas tengan mejoras parciales con el correr de los días.

Morales refirió que no están en contra de competir con estas plataformas, pero exigen igualdad de condiciones para la competencia sea justa.

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En conversación con la radio 1020 AM, aseguró que ellos abonan impuestos a la Municipalidad para el traslado de personas, pero Bolt y Uber no y compiten en la misma situación.

“Es evidente el favoritismo. Hay normativas que les favorecen. Son fáciles de desmontar las argumentaciones de las aplicaciones. Nosotros solo exigimos igualdad de condiciones para poder competir y en quién confía más la ciudadanía”, expresó el presidente de la APTA.

Marcos Morales aseguró que van a exigir a las autoridades municipales el respeto a sus derechos y que cobren el impuesto a las plataformas para que se adhieran a las leyes y dejen de trabajar de forma informal.

“A estas aplicaciones les metés las mismas aplicaciones tributarias y no van a aguantar, como las dos inspecciones técnicas vehiculares al año. La tasa de inspección, el registro profesional, etc. Está a flor de piel la diferencia”, sostuvo.

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