Como quinto punto del orden del día figura el proyecto de Ley “Que modifica el Artículo 52 de la Ley Nº 5102/2013 “De Promoción de la Inversión en Infraestructura Pública y ampliación y mejoramiento de los Bienes y Servicios a cargo del Estado (Alianza Pública y Privada)”, presentado por los senadores Enrique Bacchetta, Silvio Ovelar, Carlos Amarilla, Pedro Santa Cruz, Eduardo Petta San Martin y Desirée Masi.

Los legisladores apuntan cambiar el artículo 52 de la Ley APP, pues consideran que cercena las facultades del Poder Legislativo. El liberal Carlos Amarilla explicó que hoy se intentará “reivindicar la labor que la Constitución Nacional asigna al Parlamento para proyectos que se concretan en órbitas del Ejecutivo”.

“Esta modificación lejos de generar la catástrofe, que algunos pronostican y alertan, en realidad le va a dar una extraordinaria potencia a la APP para el desarrollo de nuestro país. Vamos a cerrar un circuito previsto en la Carta Magna, que determina que este tipo de operaciones necesariamente debe contar con la aprobación del Congreso”, declaró.

Cuestionó a los que critican el proyecto de modificación. “Me extraña las expresiones del sector privado, parece que alientan que el Gobierno tome iniciativas de manera unidireccional, sin participación del Legislativo. Refleja el pensamiento retardatario de estos sectores, que sueñan probablemente que el Paraguay funcione sin parlamento”, espetó.

SERÁ DEVASTADOR

A criterio del titular del MOPC, Ramón Jiménez Gaona, la intención de derogar o modificar la Ley de APP traerá consecuencias devastadoras para el país, pues agravará el atraso.

El ministro advirtió a los parlamentarios que el cambio en algunos de sus artículos o la derogación tendrá un efecto negativo en el plan de desarrollo de infraestructura.

Esto va a ser devastador para el país por el atraso que tenemos y la necesidad de que el sector privado participe en los proyectos”, expresó Jiménez Gaona.

Recordó que el Paraguay hoy está en la mira de los inversionistas extranjeros que lo califican como la tierra de oportunidades, por lo que derogar la ley sería un total despropósito.

“Las empresas serias están mirando al Paraguay y hay que ser conscientes de que esto no va a durar para siempre. No podemos desaprovechar esta oportunidad”, insistió.

El pedido fue rechazado porque, según el juez uruguayo Óscar Suárez, los hechos por los que acusan a Peirano ocurrieron entre marzo de 2001 y junio de 2002, lo que significa que ya prescribieron.

Te puede interesar: Senado aprueba con modificaciones el proyecto de ley del agente penitenciario

El exbanquero de 74 años ya venía cumpliendo medidas no privativas por un proceso penal en Uruguay iniciado hace más de dos décadas, por lo que otro de los argumentos es que no podrá concretarse su extradición mientras tenga una causa abierta en ese país.

Es requerido en Paraguay por la quiebra del Banco Alemán y el desvío de fondos de ahorristas del Fondo Mutuo Banalemán. La debacle del Banco Alemán en 2002 dejó sin fondos a conocidos políticos, funcionarios y empresarios vinculados al entonces gobierno paraguayo.

Las acusaciones en su contra son por delitos de lesión de confianza, conducta indebida en situación de crisis y promoción fraudulenta de inversiones. Su hermano, José Peirano, ya fue extraditado por la misma causa.

El exbanquero era la cabeza del grupo Velox, que agrupaba a los bancos Velox (Argentina), Alemán (Paraguay), Montevideo (Uruguay) y Trade and Commerce Bank (Islas Caimán). El conglomerado, que además participaba en la cadena de supermercados Santa Isabel en Chile, se derrumbó con la crisis financiera argentina de 2001.

Lea también: “Estamos con Brasil”: Peña expresa su apoyo y solidaridad con Rio Grande do Sul

En ese sentido, la Planta Asfáltica de Cerro Verde lidera la intervención, llevándola a cabo de manera segmentada para reducir las molestias a los usuarios que utilizan el Puente Remanso, que se trata de uno de los dos enlaces más importantes entre las regiones Oriental y Occidental del país.

En primer lugar, se está procediendo a la regularización de la calzada que conecta Villa Hayes con Mariano Roque Alonso. Posteriormente, se procederá a trabajar en el carril opuesto, todo ello con el objetivo de causar la menor interrupción posible al tráfico.

Puede interesar: Casi 3.000 máquinas: realizan en Canindeyú la mayor intervención de criptominería ilegal en el país

Desde el MOPC indicaron que estas acciones representan una pieza fundamental dentro de un ambicioso plan integral trazado, el cual tiene como objetivo primordial garantizar la seguridad y la eficacia del tráfico en una de las arterias viales más concurridas y relevantes de nuestra región.

En sesión ordinaria, la Cámara de Senadores aprobó con modificaciones el proyecto de Ley “Del agente penitenciario” que contaba con el dictamen de las Comisiones asesoras.

Durante el tratamiento, la senadora Lilian Samaniego, presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública, dijo que la intención es definir la política penitenciaria, la infraestructura y la tecnología de control de las cárceles.

En ese sentido, señaló que la situación de los agentes penitenciarios es precaria y ahí la importancia de aprobar el proyecto. Resaltó que la ley humanizará la carrera.

Por la Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, el senador Derlis Maidana, intervino para argumentar el dictamen de aprobación con modificaciones.

Al respecto, recalcó que el proyecto tiene por objetivo establecer los procedimientos para la implementación de la carrera profesional y técnica del agente penitenciario, así como el procedimiento de reclutamiento, selección, incorporación, evaluación de desempeño, capacitación, promoción, movilidad y retiro.