El 4 de junio del 2022, el sicario Francisco Correa mencionó las palabras narcotraficante paraguayo y un presidente o expresidente, datos que surgieron de repreguntas durante su declaración.

En ese tren de cosas, se le consultó en detalle los nombres de estas personas, pero él contestó que desconocía las identidades, en ningún momento dijo que no las recordaba.

Sin embargo, durante el juicio de ayer, Correa habló de Miguel Insfrán y de Horacio Cartes, pese a que, durante un año se mantuvo incomunicado con sus secuaces que participaron del crimen de Marcelo Pecci.

Esta incoherencia coincide con el dato revelado por el fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, quien compartió un mensaje que recibió de parte de una alta autoridad colombiana a la que, por respeto y discreción, no puede mencionar.

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“La verdad es que Francisco Luis en este momento tiene en su cabeza una realidad distorsionada, producto de la información que él conoció, de manera directa e indirecta, pero también de lo que escucha en medios de prensa locales e internacionales, y de las teorías especulativas que se generan en los medios”, expresa el mensaje de la autoridad colombiana, que lo leyó el propio Doldán al aire, en una entrevista con Abc Cardinal.

Para el fiscal Doldán, esta comunicación es contentiva y reúne en sí la aclaración perfecta del estado procesal actual respecto a lo que Francisco Correa otorga.

La nueva acusación que, para la propia Fiscalía paraguaya de Asuntos Internacionales, carece de sustento, se anota en el largo historial de ataques que se vienen encadenando desde la administración de Mario Abdo Benítez, con apoyo foráneo, el cual, a su vez, se nutrió de instituciones estatales paraguayas, bajo la batuta de Abdo.

Informes espontáneos y sin valor probatorio fueron enviados desde Seprelad a EE.UU. tres meses antes de las “designaciones” hechas por el país norteamericano.

Documentos oficiales confirman que información parcial y sin valor probatorio fue utilizada para la persecución política. Recortes de prensa con información imprecisa y datos erróneos se presentaron como “investigación” de Seprelad. La institución, a cargo de Carlos Arregui, aprovechó el acceso a datos confidenciales para “dibujar” un supuesto esquema ilícito.

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El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.