El pronunciamiento es en relación al caso de la directora de ABC Color, Natalia Zuccolillo, y el periodista Juan Carlos Lezcano, quienes fueron condenados el 18 de noviembre por difamación en un caso impulsado desde 2019 por la exministra de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) Marta González Ayala, por información publicada en el diario sobre presuntas irregularidades durante el proceso de licitación para actualizar el sistema tributario.

Al respecto, el presidente de la SIP, Michael Greenspon, director global de Licencias e Innovación de Impresión del The New York Times Company, de Nueva York, Estados Unidos, expresó: “Aunque respetamos los fallos judiciales, la SIP considera que cuando hay un conflicto entre dos principios fundamentales, como la libertad de prensa y la protección de la reputación de los funcionarios en temas de interés público, la justicia debe favorecer la libertad de prensa, como establece la jurisprudencia interamericana”.

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A su vez, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, dijo que la organización “está muy atenta al proceso judicial y confiamos en que se abra una instancia de apelación”. Jornet, director periodístico del diario argentino La Voz del Interior, se refirió además al tercer principio de la Declaración de Salta de la SIP, que subraya que los gobiernos no deben penalizar la crítica, la información o la protesta en contra de los funcionarios públicos sobre asuntos de interés público.

Los directivos de la SIP coincidieron en remarcar el potencial efecto negativo de “autocensura y a la fiscalización de la cosa pública” que pueden generar fallos condenatorios contra periodistas y medios por cuestionar a funcionarios.

La SIP ya se había expresado en septiembre pasado sobre el “acoso judicial contra” el diario y aprobó en abril pasado una resolución sobre el caso que también se debatió durante la Asamblea General de la organización, celebrada en Madrid, España, en octubre-

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.