El fiscal Juan Daniel Benítez requirió el sobreseimiento definitivo José David Denis Reyes (22), guardia de seguridad, inicialmente fue imputado por homicidio doloso tras disparar contra dos delincuentes en el momento en que estaban asaltando a una mujer.

Uno de los presuntos criminales murió y el otro resultó baleado, siendo éste posteriormente detenido e imputado por robo agravado.

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El caso

El hecho ocurrió el 8 de octubre de 2022, a las 05:30 horas cerca de una estación de servicios, ubicada en el barrio Don Bosco de Ciudad del Este. Resultó víctima fatal Juan Martínez Fariña y sufrió heridas Carlos Rubén Dávalos Segovia.

Denis Reyes se encontraba de guardia en el surtidor cuando escuchó el pedido de auxilio de Nilda Brítez Sosa, gritando “me asaltaron”. El trabajador observó que la señora era despojada violentamente de sus pertenencias por parte del asaltante Carlos Dávalos.

Éste descendió de la motocicleta, cuyo conductor, Juan Martínez Fariña, lo aguardaba con el motor en marcha. Ante lo sucedido, José David se acercó hasta el lugar con su escopeta en mano y pidió a los marginales que dejen a la mujer. Sin embargo, no hicieron caso a la advertencia, incluso Carlos Rubén apuntó con su arma al guardia.

A raíz de esta situación, el guardia realizó dos disparos con su arma de fuego, impactando contra los supuestos asaltantes. El conductor de la moto cayó al suelo, siendo posteriormente arrollado y arrastrado por un automóvil por unos 70 metros, produciéndose su deceso. Mientras, el acompañante también herido, se levantó y escapó del lugar, pero posteriormente fue atrapado.

Primeramente, Denis Reyes fue imputado por homicidio doloso, por los elementos de sospechas y la necesidad de asegurar su presencia a las resultas del proceso, mientras se reunían y examinaban las presentes o futuras diligencias a llevarse a cabo para el esclarecimiento del caso.

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Después, en el marco de la pesquisa, el 1 de marzo de 2023, se llevó a cabo como acto investigativo la reconstrucción del hecho, procedimiento del cual participaron: el acusado, su defensa técnica, la abogada Sady Cantero, como así también varios testigos, quienes coincidieron en señalar que José David Denis actuó para salvar la vida de la mujer que fue asaltada.

Al considerar cada uno de los elementos colectados, el fiscal Juan Daniel Benítez requirió al Juzgado de Garantías Nº 7, a cargo de la magistrada María de Fátima Burró, el sobreseimiento definitivo del imputado José David Denis Reyes, al actuar en legítima defensa.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.