Uno de los fundamentos del proyecto es que el sistema actual se encuentra desfinanciado, con baja cobertura, profundas inequidades y con importantes debilidades en la gestión de los riesgos asociados a sus inversiones, generando un riesgo para el cumplimiento de las obligaciones.

Asimismo, para la creación del proyecto se tomó como base que los recursos de 1.1 millones de personas no cuentan con supervisión (955 mil aportantes y 176 mil jubilados y pensionados), lo que representa un riesgo para la jubilación de millones de paraguayos.

A tal efecto, con la Superintendencia se pretende monitorear y supervisar la calidad, eficiencia y eficacia de las prestaciones previsionales de las entidades de Jubilaciones y Pensiones, además de velar por la integridad de los recursos financieros, evitando que sean desviados de sus fines específicos.

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La Superintendencia será un órgano técnico, regulador y supervisor, con autonomía funcional y administrativa en el ejercicio de sus funciones. Cabe mencionar que no sustituirá a los órganos de administración de las diferentes entidades de jubilaciones y pensiones. Tampoco deroga las competencias de cada una de las instituciones que tienen leyes orgánicas.

Al mismo tiempo, se estipula que el Consejo de Seguridad Social se instaure como un órgano colegiado y deliberativo de carácter paritario y tripartito. 

“El Consejo será la instancia de la cual dependerá la Superintendencia, y tendrá el rol fundamental de evaluar y proponer las reformas legales y reglamentarias para el mejoramiento del sistema, así como realizar las modificaciones necesarias sobre las resoluciones que emita la Superintendencia, con el fin de garantizar el correcto desenvolvimiento del sistema”, dice parte del fundamento.

COSTOS ASOCIADOS

Actualmente, los registros refieren que existen ocho cajas públicas, algunas de las cuales presentan problemas de sostenibilidad financiera, indicando que los recursos que se generan son insuficientes para cumplir con sus obligaciones, lo cual pone en peligro el ahorro de los trabajadores.

En ese sentido, se menciona que la ausencia de un marco uniforme de manejo de recursos previsionales se traduce en decisiones inadecuadas, generaron significativas pérdidas patrimoniales y aceleraron los problemas de sostenibilidad financiera.

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Cabe mencionar que en los últimos años varias denuncias y pedidos de intervención fueron la sombra en la gestión de varias entidades de Jubilaciones y Pensiones del país, como el caso de la Caja Bancaria, Caja Municipal, Caja de Itaipú, Caja Fiscal e IPS.

Al respecto, los estudios realizados por el Ministerio de Hacienda muestran que los recursos excedentes se acabarían en alrededor del año 2026 y, a partir del 2027, se tendría un déficit de aproximadamente USD 506 millones (equivalente a 1,3% del PIB), que deberán ser cubiertos con recursos generales del Tesoro.

Es decir, se estaría necesitando de recursos genuinos en torno a 1% del PIB que es justamente lo que, por ejemplo, estaría recaudando de manera adicional la DNIT con la reciente fusión entre Tributación y Aduanas; para cubrir el gasto en jubilación de cerca de 80 mil personas (que representan menos del 1% de la población paraguaya).

En la argumentación del proyecto indican que otra manera de cubrir este déficit que se generaría dentro del sistema es subiendo la tasa del IVA 2,5 puntos, pasando del 10 al 12.5%. Sin embargo, desde el Poder Ejecutivo existe la firme convicción de mantener la estructura tributaria y no cargar con mayores impuestos al sector productivo y a las familias.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.