El informe cronológico de las reuniones del Consejo Consultivo Tripartito de la mesa Sectorial de Seguridad Social desmonta por completo el discurso de que no hubo debate y la mentira de que el proyecto fue impuesto.

El 14 de septiembre de 2023, se realizó la primera reunión del consejo consultivo tripartito, presidido por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), oportunidad en que se acordó la conformación de la Mesa Sectorial De Seguridad Social a fin de tratar la normativa en cuestión.

El 19 de ese mismo mes, el Gobierno realizó la mesa de diálogo social con el sector sindical, entre ellos la Central Unitaria de Trabajadores Auténticos (CUT-A), Central Nacional de Trabajadores (CNT), Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Confederación Paraguaya de Trabajadores (CPT), Central General de Trabajadores (CGT), Central Sindical de Trabajadores del Paraguay (CESITP), entre otros. Además estuvieron los empresarios de la Federación de la Producción, la Industrial y el Comercio (FEPRINCO), Unión Industrial Paraguaya (UIP) y la Asociación Rural del Paraguay (ARP).

En la ocasión se analizaron los objetivos e implicancias del Proyecto de Ley que pretende reglamentar el rol supervisor del estado a las Entidades de Jubilaciones y Pensiones. Las partes acordaron utilizar el Proyecto presentado ante el Senado, como base para realizar las modificaciones que fueran surgiendo en los debates.

El 28 de ese mes, el Gobierno realizó otra mesa de diálogo con representantes de las diferentes cajas jubilatorias. Allí se mencionó que el Banco Central del Paraguay no sea el órgano supervisor, sino que la Superintendencia sea autónoma.

El 4 de octubre, el Gobierno realizó otra mesa con los representantes de los jubilados de las siguientes organizaciones: Unión Nacional de Jubilados del Paraguay (UNJP), Asociación Central de Funcionarios Públicos y Docentes Jubilados del Paraguay, Consejo de Presidentes de Gremios Bancarios, Centro de Jubilados de Cajas Bancarias, Agremiación de Jubilados y Pensionados de la Banca Privada, Fundación Paraguaya de Funcionarios Públicos, Jubilados y Activos del Programa de Administración Central, Asociación de Educadores Rurales Sanjuaninos, Jubilados y Activos, y la Coordinadora Autentica de Jubilados y Pensionados del IPS.

El 12 de ese mes, se hizo un encuentro con los abogados laboralistas de diferentes asociaciones.

El 30 de ese mes, se realizó la segunda reunión del consejo consultivo tripartito entre el Gobierno, los empresarios y las centrales sindicales, donde se presentaron las propuestas del Sector Empresarial y Sindical. El Ministro de Economía manifestó que la propuesta, en términos generales, estaba bien estipulada, pero solicitó un plazo de tres días a fin de realizar un estudio pormenorizado del mismo.

Los participantes manifestaron su conformidad con el proyecto elaborado, producto de un trabajo armonioso con los sectores.

El 8 de noviembre, se hizo la tercera reunión del consejo consultivo tripartito, donde se analizó y debatió la versión ajustada del Proyecto de Ley. Los participantes manifestaron su anuencia en relación a la paridad para la conformación de los miembros del Consejo de Seguridad Social, y sobre las atribuciones del mismo, teniendo en cuenta que las Resoluciones emanadas de la Superintendencia deberán contar con la aprobación del Consejo. Se aclaró que la ley marco no derogará los artículos de las Cartas Orgánicas de las Cajas.

El 10 de ese mes, el Gobierno realizó otra mesa de diálogo con los representantes de las asociaciones de jubilados. En esa oportunidad las autoridades aclararon que el Banco Central no será sede de la superintendencia y que se constituirá el Consejo Nacional de Seguridad Social. En tanto que los jubilados celebraron los avances del proyecto y el archivamiento del proyecto de ley anterior.

El 20 de ese mes, en sede de Mburuvichá Roga, con participación del Presidente de la República, Santiago Peña, se llevó a cabo la firma del Acta de Acuerdo sobre la reforma de la Seguridad Social en la República del Paraguay. Participaron las centrales sindicales y las asociaciones de jubilados.

Finalmente, ayer martes, los senadores aprobaron la propuesta con modificaciones.

Entre los cambios introducidos por los legisladores de la Cámara Alta figura la investigación a los funcionarios interventores que incurran en irregularidades (artículo 31). Este artículo quedó en “ningún funcionario estará exento de responsabilidad, por su acción u omisión en el desempeño de sus funciones”.

Otro punto fue el blindaje de los fondos de la previsional IPS, de modo a que no pueda prestar dinero al Estado paraguayo (artículo 43). “El Consejo de Administración dispondrá de un programa de inversiones de las reservas del instituto (…) El instituto no concederá préstamos al Estado ni a los entes desentralizados ni a las municipalidades y no podrá instrumentar con bonos o cualquier otro título de deuda emitidos por el Estado”, fue el texto introducido.

Nota relacionada: Senado aprueba proyecto de Superintendencia: fondos de IPS no se tocarán

En tanto que, este miércoles, los diputados sancionaron la propuesta tal como la recibieron del Senado. El tratamiento se hizo en menos de 10 minutos.

Es importante resaltar que las cajas seguirán gozando de autonomía para la toma de decisiones, y además no se cambiará la cantidad de años para que un trabajador acceda a la jubilación.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

Es noticia hoy: Papa designa a nuevo representante de la Santa Sede en Paraguay

En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

Nota relacionada: Importante anuncio desde la Cámara de Diputados

Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

Lea también: Sistema de tormentas para esta mañana y el sábado

En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

Nota relacionada: Dakovo, la trama del mayor operativo contra el armatráfico

Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

Leé también: “Esas armas fueron vendidas legalmente”: Diego Dirisio habló desde la clandestinidad

El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.