En entrevista con la radio 730 AM, el exgerente técnico de la ANDE, Fabián Cáceres, explicó que Itaipú vende potencia (energía eléctrica) y para establecer el precio se utiliza una fórmula (generación por el costo de producción) que figura en el Anexo C.

El entrevistado comentó que la expectativa de Paraguay es que se revise Anexo C antes que la tarifa empiece a disminuir. “Porque lo que mayor peso tiene en la tarifa es el costo de la carga financiera y las amortizaciones de préstamos”, indicó. En el 2021 la deuda total está en el orden de 2.062 millones de dólares, que representa el 63% de la tarifa. En el 2022 la deuda será de 1.445 millones de dólares, representando el 30%. Esto hará que baje la tarifa al hacer la fórmula.

En la práctica esto beneficiará al lado brasileño, por los niveles de contratación de la energía para el año 2022, ya que Brasil comprará el 85% de la energía y Paraguay solo el 15%. “Como Brasil se llevará la mayor cantidad de energía le conviene que baje la tarifa. A Paraguay solo le beneficiará que la ANDE comprará energía más barata en el orden del 15%. La disminución será mínimo y no llegará al consumidor final”, agregó.

Cáceres indicó que si bien no está confirmado que el consejo técnico de Itaipú ya definió la tarifa antes de las elecciones municipales, todo hace sospechar que así fue. “Los que vivimos en el ámbito técnico, sabemos que esa reunión ya se hizo”, dijo sobre el encuentro secreto para reducir la tarifa.

En otro momento dijo que Joan Francisco Ferreira, director brasileño de Itaipú, abiertamente menciona que bajará la tarifa y que no hace falta la revisión del Anexo C. “Es gravísima la entrevista que dio porque marca posiciones. Se olvida que en el Anexo C es taxativo y establece que será revisado. Con esta aseveración, hace sospechar que no va a cambiar nada. La tarifa irá bajando. Brasil se beneficiará muchísimo con esto. El beneficio de Paraguay va a ser mínimo. Se va a jugar con la expectativa de la gente y en verdad esto no va a terminar de una forma satisfactoria para las intereses paraguayos”, lanzó.

Cuestionó por último que no escucha a las autoridades pronunciarse al respecto. “Yo creo que los paraguayos que están en Itaipú y que realmente sienten la camiseta, tienen que hablar, se tienen que posicionar”, puntualizó.

OPOSICIÓN ADVIERTE TRAICIÓN A LA PATRIA

En conferencia de prensa, los referentes de la oposición sentaron su postura con relación a la tarifa del año que viene. En ese sentido, la diputada Kattya González (Encuentro Nacional) afirmó que las autoridades del lado paraguayo violentarán las condiciones establecidas en el tratado y “van a cometer nuevamente una traición a la patria”. Advirtió que si mañana los consejeros de Itaipú reducen la tarifa de la energía junto con el Brasil sería otro causal de juicio político para Mario Abdo Benítez.

El ingeniero Ricardo Canese criticó a su vez que “el gobierno de Abdo Benítez, lamentablemente, se apresta a perpetrar una traición sobre lo que ya hizo, agravando la situación, en este momento ya entrega la energía por debajo del costo del mercado“.

En tanto que la ingeniera Mercedes Canese, exviceministra de Minas y Energía y miembro de la Campaña Itaipú 2023, dijo que la intención del gobierno es bajar el precio de la tarifa de la energía garantizada de 54 dólares a 47 dólares (siendo que el precio del mercado es de 200 dólares), lo que representaría una pérdida de 168 millones de dólares y podría afectar en el costo de la energía para los usuarios de la ANDE. “Es muy importante entender que muchos técnicos paraguayos, en forma tramposa, nos quieren hacer creer que es automática la reducción de tarifa de Itaipú. Sin acuerdo de los paraguayos, no se puede modificar la tarifa”, agregó.

“Pedimos justicia, pedimos equidad y sobre todo, la defensa de la soberanía nacional a las autoridades. Son nuestros recursos y nos corresponde el precio justo. No existe transparencia y menos, respeto a la ciudadanía cuando tenemos que recibir información del país vecino. Disposición de nuestros bienes y precio justo”, solicitó por su parte la diputada Norma Camacho (Encuentro Nacional).

Las comisiones de Hacienda, Cuentas, Derechos Humanos y Equidad recibieron este martes a Oscar Lovera, viceministro de Administración de Economía; a Andrea Picaso, viceministra de capital humano, y a los representantes del Ministerio de Justicia para analizar los proyectos de Ley “Del agente penitenciario” y “Pensión para personas con discapacidad”.

El senador Derlis Maidana, presidente de la Comisión de Hacienda, adelantó que se realizará la postergación del tratamiento del proyecto de ley del Agente Penitenciario, a raíz de la necesidad de introducir modificaciones a la propuesta planteada, tal como solicitaron los funcionarios enviados por el Poder Ejecutivo.

Al respecto, Picaso mencionó a la prensa que se deben hacer algunos cambios a la iniciativa, como por ejemplo ajustar el seguro médico posjubilatorio, la sindicalización y el periodo para vacaciones (mantener a 1 año el plazo para acceder al beneficio y no bajarlo a 6 meses como se pretende hacer), entre otros puntos.

Así también Maidana mencionó que existen temas económicos que aún se debe esclarecer sobre algunos requerimientos financieros a ser otorgados a los Agentes Penitenciarios, al recibir más beneficios como aumentos salariales.

Por otro lado dijo que existe un cuestionamiento con relación al artículo 172 de la Constitución Nacional que habla de que sólo la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas pueden ser parte de la Fuerza Pública. Indicó que la duda existe en denominarlos como Policía o Agente Penitenciario.

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El Ministerio de Justicia está planificando una política penal de largo alcance en donde el nuevo modelo penitenciario requiere de nuevos agentes penitenciarios, preparados por las FFAA y la Policía Nacional, y el proyecto de ley es clave.

El Proyecto de Ley Orgánica Penitenciaria establece procedimientos para la implementación de la Carrera Profesional y Técnica del Agente Penitenciario, así como los procesos de reclutamiento, selección, incorporación, evaluación del desempeño, capacitación, movilidad y retiro.

Desde hace varios años, el padre Trento padece una enfermedad cardíaca por la cual fue hospitalizado a finales de abril. Los médicos lograron estabilizarlo, pero su condición se complicó a causa de un cuadro pulmonar.

“Está consciente, logra saludar, manifestar sus cosas, en un estado grave, pero estable, en terapia intensiva del Migone”, comentó el padre Patricio Hacin, en una entrevista con el canal Gen-Nación Media.

Pidió a la gente que lo conoce y lo aprecia elevar una oración por su salud, así como él, a lo largo de su presencia en Paraguay, no solamente se preocupó, sino que se ocupó de las personas enfermas y olvidadas.

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Afortunadamente, el paciente está en fase de extubación y se espera que esta semana puedan retirarle el dispositivo.

Aldo Trento tiene 77 años de edad y considera a nuestro país como su casa. “Se siente paraguayo, nunca pensó en irse o regresar a Italia”, contó el sacerdote.

Un hermano y un sobrino de Trento llegaron hoy al país para acompañar al padre Trento.

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Cristian Wlosek, coordinador del Ministerio de la Niñez y Adolescencia (MINNA) en Itapúa, dio a conocer cifras preocupantes en lo que respecta a hechos de abuso sexual en niños, niñas y adolescentes.

Los datos manejados por la institución revelan que, entre los años 2022 y 2023, se han registrado más de 250 denuncias anuales de abuso sexual infantil en el citado departamento, menciona el portal Más Encarnación.

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Las estadísticas manejadas por el Observatorio Nacional de Estadística de Niñez y Adolescencia, en colaboración con el Ministerio Público, evidencian la constancia de esta problemática. Al respecto, Wlosek afirmó que la situación requiere una atención urgente y continua, tanto de parte de las autoridades como de la misma ciudadanía.

Sobre este punto, destacó la importancia de la denuncia y la responsabilidad compartida, por lo que instó a la sociedad a denunciar cualquier acto de violencia o situación irregular que pudiera tener a menores de edad como víctimas.

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El Ministerio de la Niñez y Adolescencia (MINNA) trabaja con instituciones públicas y privadas, así como con la sociedad civil, para fortalecer la red de protección y asistencia a las víctimas.

Estos datos saltan a la luz a días de haberse registrado un nuevo caso de presunto abuso sexual a una niña de 10 años, quien llegó en grave estado al Hospital Regional de Encarnación. La misma sufrió una infección generalizada, luego de una fisura en el esfínter anal, resultado de una supuesta violación.