En contacto con HOY, la Cap. Ppal. Sandra Barrios expresó su posición respecto al artículo que habla deuna reciente auditoría financiera en el CBVP(donde se menciona su nombre) y afirma que no tiene vinculación alguna con las irregularidades allí mencionadas.

En ese sentido, se desmarcó de Rafael Valdez, anterior presidente del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, y sostuvo que en ningún momento apañó los supuestos hechos de corrupción de los que se acusa al mismo, además de no estar ligada a la causa penal abierta en su contra.

Barrios indicó que durante todos estos años en los que viene desempeñándose como tesorera del CBVP nunca ha recibido denuncias en su contra o ha sido procesada, por lo que su nombre y su gestión están limpios.

A su criterio, detrás de la publicación en la que se menciona su nombre estaría Gustavo Céspedes, asesor del candidato a presidente del CBVP Carlos Torres Alujas, aparentemente con el fin de desprestigiarla a días de que se celebre la Asamblea Nacional y se elijan las nuevas autoridades, esto teniendo en cuenta que ella también es candidata a la Presidencia del CBVP.

La tesorera también afirmó que las personas que realizaron la denuncia de manera pública mintieron, puesto que habrían ocultado documentos a los responsables de efectuar la auditoría en el Cuerpo de Bomberos.

Los períodos mencionados en la publicación de nuestro medio fueron fiscalizados por la Contraloría General de la República, ente que realizó algunas observaciones tras hacer la revisión de todos los documentos pero ninguna de ellas del tipo que se publicó, señaló.

Sobre el punto, mencionó que el pasado 10 de abril fueron devueltos al Departamento de Contabilidad del CBVP un total de 25 biblioratos que habrían llevado y guardado “en una caja bajo llave”, según sus propias expresiones, sin hacer entrega a los auditores de la Consultora CEO.

Uno de los documentos facilitados por Barrios a nuestra redacción confirma que el capitán Emilio González retiró 36 biblioratos de la institución correspondientes a los periodos 2017, 2018 y 2019 en fecha 5 de abril del 2022, devolviéndolos tres días después y dejándolos en “una caja cerrada”.

“Los documentos que dicen haber encontrado como faltantes están respaldados y están ahora en contabilidad desde el día lunes cuando pudimos recuperar aquellos que Emilio González y Gustavo Céspedes tenían guardados a propósito”, expresó Barrios.

Respecto a los cheques sin respaldo documental, negó una supuesta “tragada” de recursos y afirmó que los cheques emitidos a nombre de Rolando Valdez corresponden a una devolución de préstamo sin intereses que él como voluntario hizo al CBVP para devolver dinero al Ministerio de Hacienda. “La institución recibe el desembolso de Hacienda y en el 2017 le fueron rechazadas facturas de gastos por no reunir los requisitos exigidos. Cuando se rechaza una factura, Hacienda exige que se devuelva el dinero, entonces Valdez realizó el préstamo para cumplir con ese requisito”, agregó.

En igual sentido, puntualizó que el cheque a nombre de Rubén Valdez era por un pago de servicios rentados realizados por trabajos de evaluación de riesgos y prevención de incendios efectuados en las cárceles luego de un incendio en la Penitenciaría de Tacumbú, comprobante que se encuetra adjunto dentro de esta publicación.

“Independiente del resultado de la auditoría, yo estoy como Tesorera Nacional desde el 2021 y durante mi gestión no existió ninguna irregularidad. Resulta indignante que me involucren malintencionadamente en esto solo para confundir al voluntario que va a elegir a sus autoridades este domingo”, reiteró en conversación con HOY.

Barrios lamentó la aparente mala intención de Emilio González y Gustavo Céspedes, quienes -dijo- retuvieron documentos para que la auditoría al CBVP tenga un resultado distinto al esperado.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.