Alcira Sosa, viceministra de Educación, detalló en contacto con Universo/Nación Media que existen más de un 1.500.000 de estudiantes en el país, de los cuales alrededor de 1.200.000 van a instituciones públicas, señalando que en el documento del plan educativo hay una fase preparatoria del 2023 al 2025, que busca resolver una serie de ítems como la merienda escolar, kits escolar, remodelación de las escuelas y colegios, entre otros.

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“Los famosos 410 millones de dólares para resolver los problemas de infraestructura y que dejen de caerse los techos de las escuelas, parece que eso no preocupa. Para el año que viene tenemos un presupuesto preaprobado de 19 mil millones para comprar textos de matemáticas y castellano para los estudiantes. Va ser la primera vez que ellos recibirán este material en sus kits escolares. Romantizamos ciertas cuestiones de que igual se pueden aprender debajo de un árbol. Definitivamente hay otras cosas en discusión y no los que son verdaderamente importantes”, expresó la viceministra.

Las cifras de las necesidades educativas son las siguientes: hay 9.897 escuelas en mal estado, 2.663 salas de clase con peligro de derrumbe, 520 escuelas funcionan con letrinas como servicio sanitario, 163 locales escolares no disponen de abastecimiento de agua, 147 escuelas no cuentan con energía eléctrica y 73 centros escolares no cuentan con ningún tipo de baño. Así también, se necesitan 109 millones de dólares para el reajuste salarial de docentes. En efecto, el MEC solicita un total de 14 millones de dólares para las reparaciones para el próximo año lectivo.

Al respecto, Sosa precisó que hay 240.000 niños y jóvenes entre 12 y 18 años que este año no están en las instituciones porque no se garantizaron las condiciones para el estudio, además de los 270.000 analfabetos que existen actualmente en el país. “Esos son los números que duelen porque detrás de las estadísticas hay rostros”, lamentó.

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Asimismo, dijo que el tema de debate de la transformación educativa está muy polarizado, ya que hay sectores que están faltando a la verdad, han desinformado y actuado de manera malintencionada mencionando a los padres que en el plan se encuentra la ideología de género, hecho que es mentira, según dijo. En tal sentido, sostuvo que se extiende el plazo del debate hasta después del 30 de abril del 2023, ya que se encuentra en medio de un contexto político por las próximas elecciones.

“Queremos fijar un debate informado, que siga leyendo la gente el documento que es público para que se informe, y discutir como adultos de manera responsable. El plan no contempla una reformación curricular que se cierra en el 2024 y se tiene que dar en ese tiempo porque hay niveles educativos que requieren ajustes importantes, especialmente el nivel medio. Dicen que estamos queriendo cambiar lo que se enseña, cambiar los valores y eso es mentira. Instalan ideas totalmente descabelladas”, afirmó.

El MEC se mantiene en su postura de continuar con el proceso y niega contenidos basados en ideologías de género. La iniciativa cuenta con el apoyo financiero de la Unión Europea, que destinó cerca de 40 millones de euros para este plan.

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El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.