El contralor gene­ral de la República (CGR), Camilo Bení­tez, ordenó una inmediata revisión de las rendiciones de cuenta presentadas por el Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD) de las millonarias transferencias recibidas a través del Sistema Nacional de Formación y Capacita­ción Laboral (Sinafocal) en el marco del proyecto de “Reac­tivación económica posco­vid”. El análisis del ente de control se inicia a raíz de las publicaciones de La Nación Investiga en las que se reve­laron festín en consultorías, honorarios, jornales entre el clan del titular de la organiza­ción, Agustín Carrizosa.

El proyecto poscovid que costó al Estado G. 6.093 millones sirvió como bolsa de empleo para el clan Carrizosa y para el financiamiento de varios operadores políticos de la cam­paña del equipo del expresi­dente Mario Abdo Benítez que mientras hacían proselitismo recibían plata dulce del Estado, a través del CIRD.

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“Una vez que recibe plata del Estado la Contraloría tiene competencia, las leyes de nepotismo ya se aplican. Cuando uno recibe plata del Estado ya se aplica todo lo que se aplica para los funcionarios públicos, así debe ser”, señaló tajante el contralor al confir­mar el análisis que iniciaron a la rendición de cuentas del CIRD.

El director de rendiciones de cuenta de la Contraloría, Jorge Peña, sostuvo que ya está en proceso el estudio y cruce de datos. “Yo creo que en el transcurso de esta semana podríamos tener algo preliminar por lo menos”, subrayó el mismo.

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Peña también señaló que están verificando también el nivel 100 que es “servicios personales”, con lo que podrán confirmar si hubo o no nepo­tismo en la ejecución de gas­tos de los G. 6.093 millones del proyecto poscovid finan­ciados a través de Sinafocal. De confirmarse que hubo caso de nepotismo, “se informa y se deriva a Fiscalía”, indicó el director de rendición de cuen­tas de la Contraloría.

Por su parte, el director eje­cutivo de Instituto de Dere­cho y Economía Ambiental (IDEA), Ezequiel Santagada, refirió que la Contraloría General de la República es la que debiera calificar desde el primer momento la ejecución de los gastos y los sueldos que favorecieron a un clan como caso de nepotismo, ya que es la institución ante quien se presentaron las rendicio­nes y eventualmente hacer la denuncia ante el Ministerio Público. “Si mal no recuerdo, la ley que prohíbe el nepo­tismo en la Función Pública abarca a organizaciones no gubernamentales que reci­ban aportes con cargo del Pre­supuesto General de la Repú­blica”, mencionó Santagada.

“Toda persona que cumple una función en el Estado o que recibe dinero del Estado debería estar sometida a las normas sobre nepotismo, esas normas sobre nepo­tismo deberían ser eficaces y no se les debería bajar el precio como en la actualidad existe”, dijo el activista por la transparencia.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.