Tras meses en “stand by”, Senado recibe pedido de juicio político a contralor

La Cámara de Senadores ayer recibió formalmente el pedido de juicio político al Contralor General de la República, Enrique “Chino” García. El mismo había sido imputado hace unos meses atrás por producción de documentos no auténticos en el caso Ivesur.

Este jueves la Cámara Alta recibió en mesa de entrada el documento que incluye la acusación formal contra García, el cual será primeramente remitido a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su correspondiente estudio.

Tras completarse este proceso y tener el dictamen de comisión, el pedido será tratado en el pleno del Senado, donde se necesita mayoría absoluta de dos tercios (30 votos) para lograr su destitución.

El pasado mes de marzo, la Cámara de Diputados ya había aprobado el pedido de juicio político a Enrique García por supuesto mal desempeño de sus funciones. El planteamiento quedó en “stand by” durante varios meses sin ser remitido al Senado debido a que no se contaban con los votos suficientes.

El Contralor General de la República había sido imputado por el Ministerio Público por producción de documentos no auténticos. El mismo fue acusado de atentar contra los intereses de la Municipalidad de Asunción al presentar fuera de tiempo y forma la apelación de la Comuna en el caso Ivesur (cuando aún se desempeñaba como director de la Asesoría Jurídica), generando un perjuicio millonario a las arcas municipales.

Otro cuestionamiento que pesa en su contra es un viaje que realizó con la directora general de Control de Organismos Departamentales y Municipales, Lizza Benavente, a la ciudad española de Madrid. Para cuatro días, se asignaron G. 17 y 21 millones, respectivamente, en concepto de viáticos.

Así también, se lo acusa de haber autorizado la contratación por G. 108 millones de la Consultora CAE, representada por Norma María Martínez Irigoitia y Marcelo Scappini Ricciardi, para la elaboración de un manual de funciones del ente. Tal documento, según denuncian funcionarios, nunca existió en la Contraloría General de la República.

Aconsejan rechazar creación de la Dirección Nacional de Adicciones

La comisión asesora de Derechos Humanos de la Cámara Baja aconsejó rechazar la creación de la Dirección Nacional en materia de Adicciones, ante la recomendación hecha por diversas instituciones que tampoco acompañan esta iniciativa.

La diputada liberal Roya Torres (representante de Alto Paraná), presidenta de la comisión asesora, informó que el dictamen fue por el rechazo.

Según explicó, fueron remitidos unos pedidos de informes a diversas instituciones, tales como la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD); la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO); y el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), sobre el particular.

Las respuestas a estos pedidos de informes recomendaban el rechazo del documento, de acuerdo a las explicaciones vertidas.

“La finalidad del presente documento es llenar una ausencia de políticas públicas de abordaje a la situación de adicción de nuestra población, en su mayoría jóvenes, por la capacidad limitada de un único centro de carácter público y la falta de un ente rector especializado que se encargue de la habilitación, supervisión y cancelación de centros de tratamiento y rehabilitación que incumplan estándares de derechos humanos”, reza parte del documento del proyecto.

Condenan a encargado de bar asunceno por generar ruidos molestos

Un tribunal condenó a 2 años de prisión, con suspensión a prueba, al encargado de un bar capitalino, luego de confirmarse que el local provocaba polución sonora y ruidos molestos.

El Tribunal de Sentencia conformado por los jueces Laura Ocampos, Cándida Fleitas y Mesalina Fernández esta semana dio a conocer la sentencia para el encargado de un local nocturno de Asunción.

Se trata de César Campiz Leguizamón, responsable del Bar Moe, ubicado en el barrio San Pablo de la capital, quien fue condenado a 2 años de pena privativa de libertad, con suspensión a prueba.

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El hombre fue hallado culpable de cometer los hechos punibles de contaminación del aire y emisión de ruidos dañinos, tipificados en el artículo 198 del Código Penal.

La agente fiscal Lorena Ledesma, de la Unidad Especializada de Delitos Ambientales de Asunción y el departamento Central, representó al Ministerio Público en el citado juicio.

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Según los antecedentes del caso, el citado local era denunciado constantemente por vecinos desde su apertura en el año 2019 por la producción de constantes ruidos molestos.

A partir de la formalización de dichas denuncias, la Fiscalía tomó intervención y logró que la causa sea elevada a juicio oral, confirmándose ahora esta condena por la generación de polución sonora.

Senado anula devolución de fueros de tres legisladores

La Cámara Alta revocó la resolución que restituye los fueros a tres senadores procesados por la justicia por diferentes hechos punibles. La decisión de hoy, y la anterior, la tomó la bancada de Honor Colorado.

En la sesión extraordinaria de este miércoles, el oficialismo solicitó dejar sin efecto la resolución del 4 de abril pasado, cuando anularon los desafueros de Rafael Filizzola, Erico Galeano y Hernán Rivas.

El senador Derlis Maidana compartió el dictamen del abogado Marcelo Duarte, solicitado por el movimiento Honor Colorado para reconsiderar la postura.

No se reconoce a las cámaras la facultad de revertir los desafueros. El desafuero se concede en forma definitiva en relación con un caso concreto y por todo el tiempo que sea necesario para la justicia.

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Este es el argumento constitucional en contra de la restitución de fueros, tras lo cual, la bancada oficialista decidió enmendar el error.

“Somos conscientes de que tomamos decisiones que, a veces son apresuradas”, admitió el senador Maidana, en representación del oficialismo.

En la víspera, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, presentó una acción de inconstitucionalidad contra dicha resolución, debido a que los efectos de esa posición interrumpieron procesos jurídicos en curso y, por los cuales, el Congreso ya había otorgado desafueros en actos solemnes.

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