TSJE justifica millonaria compra de relojes biométricos: “Son de alta gama”
El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) realizó su descargo en relación a las publicaciones periodísticas que daban cuenta de una llamativa adjudicación para compra de relojes biométricos, cuyo costo -comparado con licitaciones de otras entidades públicas- era ampliamente superior.
En la jornada de ayer, este medio se hizo eco de una publicación del diario La Nación que reveló que, en los últimos 5 meses, el TSJE adjudicó la compra de 111 relojes biométricos (utilizados para el control de asistencia de los funcionarios) a través de dos licitaciones que totalizan G. 2.690 millones.
En dicho material se hacía énfasis en el elevado precio de la adjudicación comparando con licitaciones similares de este mismo tipo de tecnología en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y en otras entidades públicas.
De acuerdo con el portal de la DNCP, el TSJE compró cada reloj marcador biométrico de la marca Anviz, de procedencia China, a G. 9.532.000. Sin embargo, otra entidad como el Servicio Nacional de Inteligencia (SNI) compró días antes el mismo producto de la misma marca asiática y con características similares a G. 3.360.000 cada uno.
La Justicia Electoral realizó su descargo respecto a esta publicación periodística y primeramente aclaró que, ante la vulnerabilidad de los sistemas analógicos de registro de entrada/salida de funcionarios, consideró necesaria la adquisición de tecnología de avanzada para el registro de asistencia en las diferentes dependencias de la institución.
Así también, sostiene que los mencionados relojes biométricos fueron adquiridos en el marco de licitaciones públicas y transparentes reguladas por la Ley 2051/2003 “De Contrataciones Públicas”, sin que los mismos hayan sido objeto de protestas, investigaciones o denuncias durante las diferentes etapas del proceso.
“Las soluciones tecnológicas adquiridas por la Justicia Electoral son totalmente diferentes en sus especificaciones técnicas a las adquiridas por otras instituciones públicas señaladas como ejemplo, cuestión que se puede verificar en los datos obrantes en el portal de la DNCP”, refiere el comunicado de la entidad.
De acuerdo al TSJE, sus relojes biométricos poseen prestaciones más avanzadas y de alta gama para cumplir con los requerimientos de control de funcionarios. Como prueba de ello refiere que, además de registrar la huella dactilar, estos equipos incorporan una cámara digital que permite tomar fotos de los funcionarios, las cuales se almacenan en una memoria y cuentan con pantalla color de 3,5 pulgadas, que permite visualizar la imagen de la persona que registra su huella, tanto por el técnico verificador, así como por la persona que registra su entrada y/o salida.
Otra cuestión señalada en el descargo es que en esta licitación, el ítem de “Reloj Biométrico” incluye los servicios de instalación y configuración del equipo, la instalación eléctrica, el cableado estructurado y todos los materiales y gastos necesarios para realizar el trabajo, algo que se realizó por separado en la adjudicación del Servicio Nacional de Inteligencia.
Atendiendo que la adquisición implica la interconexión de todos los relojes biométricos a un sistema centralizado de gestión -lo cual requiere de un cableado estructurado más complejo en la sede central, así como también los materiales necesarios para la instalación e interconexión de relojes biométricos en todo el interior del país- se ha previsto que sea la misma empresa la que se encargue de todo el trabajo al publicar el llamado a licitación, según explica el TSJE.
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Pensión alimentaria cubre al 55,4% de los adultos mayores
Al cierre de este año, un total de 310.609 personas reciben la pensión alimentaria, representando al 55,4% de la población de 65 años y más estimada para diciembre de 2023, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.
En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.
El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.
La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.
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Anuncian concurso para 50 cargos en Diputados e investigación de planillerismo
El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, anunció un llamado a concurso de méritos para la contratación de 50 personas. Además, una investigación de los casos de planillerismo. No se tomará ninguna medida con la designación de los “hijos de”, alegando que los nombramientos no representan una forma de nepotismo.
En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.
“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.
También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.
“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.
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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.
El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.
Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.
Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.
Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.
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Oficializan entrega de armas incautadas en Operativo Dakovo a la Policía Nacional
Las más de 2.000 armas de fuego incautadas en el marco del Operativo Dakovo fueron entregadas este viernes a la Policía Nacional, a fin de reforzar el combate a los criminales.
En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.
Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.
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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.
“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.
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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.
Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.
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