El ministro César Rossel confirmó a GEN/Nación Media que desde el TSJE decidieron replantearse la implementación de la toma de la huella dactilar del elector en las mesas de votación.

Según explicó, durante las pruebas llevadas a cabo se percataron de que el registro con huella dactilar podría generar algún tipo de impedimento a los votantes en la participación y robar varios minutos de tiempo al momento de sufragar.

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Estos inconvenientes podrían tener “un efecto disuasivo” en los electores, además de restarle fluidez al proceso de votación, motivo por el cual se ha tenido que recular en el proyecto que venían planificando, refirió Rossel.

“Queremos la mayor participación posible, esperamos que haya la mayor cantidad de gente”, sostuvo la autoridad de la Justicia Electoral.

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Pese a ello, el TSJE trabajará para que el registro de huella dactilar sea aplicado en las próximas elecciones municipales, a fin de brindar mayor legitimidad y confianza, así como una mayor certeza que el elector sufragó para evitar el “voto doble”

“Itaipú como motor del desarrollo del Paraguay. Hoy, a las 11:00 horas, vamos a realizar un importante anuncio para todo el pueblo paraguayo”, informó el jefe de Estado.

El mensaje será transmitido en vivo, a través de las redes sociales y canales oficiales del Gobierno, según indicaron desde la Dirección de Comunicación.

Posteriormente, voceros asignados por el presidente se encargarán de contestar las preguntas y de explicar los alcances del acuerdo. Lo harán en la sala de prensa de Mburuvicha Róga.

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El martes pasado, luego de una reunión entre autoridades brasileñas y paraguayas, ambos países llegaron a un acuerdo. En tierras vecinas, ya filtraron los datos de lo acordado, sin embargo, el Gobierno de Paraguay optó por esperar a que lo conversado se plasme en el papel con una firma.

No obstante, el canciller Rubén Ramírez informó que el documento no solamente la tarifa, sino el plan operativo y los principios de las negociaciones del Anexo C. La tarifa regiría por al menos tres años, a fin de evitar los desgastes anuales en las definiciones.

La agente fiscal Laura Fernández obtuvo la condena de un hombre a 20 años de pena privativa de libertad, por la comisión del hecho punible de abuso sexual en niños. La víctima fue su hijastra de tan solo 9 años.

De acuerdo al antecedente de la causa, las vulneraciones se produjeron desde inicios del 2022, las cuales derivaron en la hospitalización de la menor.

La madre de la pequeña alegó que se trataba de una caída, sin embargo, en el mes de agosto de ese año, los vecinos comunicaron el hecho a través del servicio de Fono Ayuda y rápidamente tanto la víctima como su hermana de 7 años, quien sufría de agresiones físicas, fueron apartadas de la vivienda.

El Tribunal de Sentencia estuvo presidido por Héber Chamorro e integrado por los jueces: Juan Ricardo Gómez y Paternio Emiliano Vera.

“MAG hace campaña con tomate barato y recibe fuertes críticas”, se titula el artículo periodístico publicado en la fecha por el diario Última Hora. El medio del Grupo Vierci asegura que los supermercadistas y comerciantes del Mercado del Abasto cuestionan al ministro del MAG, Carlos Giménez, por jactarse de traer tomate nacional a las ferias, con un costo de G. 12.000 por kilo, pese a que la producción nacional no tiene capacidad para abastecer la demanda del mercado.

En abierta defensa al negocio de su cadena de supermercados, el Grupo Vierci cuestiona en el fondo que las personas puedan adquirir el producto frutihortícola a precio muchísimo más accesible al ofertado en sus locales.

El posicionamiento del medio ÚH recibió muchos cuestionamientos de parte de la ciudadanía que expresó su descontento por los ataques a una iniciativa del Gobierno para permitir la compra de tomate más barato en medio de la estrepitosa subida del precio en los demás sitios comerciales.

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Hay que recordar que a finales del año pasado, en el Supermercado Stock de San Lorenzo fueron incautadas 23 cajas de tomate de procedencia argentina, que ingresaron al país de manera irregular.

El Grupo Vierci adquirió el producto a menos de G. 5.700 el kilo y ofreció a sus clientes a G. 15.650. El propio grupo empresarial informó a través de un comunicado que adquirió 400 kilos de tomates de su proveedor por valor de G. 2.250.000, por lo que al hacer el cálculo se puede diferir que compraban a solo G. 5.625 el kilo, pero lo vendían a sus clientes a G. 15.650.

En ese entonces, como los responsables del supermercado no pudieron demostrar la documentación respectiva, se procedió a la incautación de las cajas de tomate de contrabando.

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