La Unión Industrial Paraguaya (UIP) emitió un comunicado donde manifestó que cualquier estudio económico u otra índole, sean analizados aspectos relacionados a sectores industriales formalmente constituidos y que representen un aporte importante en empleo, inversión y aporte al fisco, el análisis y sus conclusiones deben ser producto del rigor y responsabilidad.

Al entender del gremio, “no es correcto acusar públicamente a un sector de la industria, del tipo que sea, con el solo pretexto de tratarse de un estudio de índole económica, más aún cuando sus conclusiones son observadas por la Subsecretaria de Estado y Tributación (SET).

A esto se le suma la reciente acusación no fundamentada del Instituto de Previsión Social (IPS) respecto a 6.000 empresas que supuestamente, habiendo declarado la suspensión de actividades, tenían a sus empleados trabajando pero cobrando solo el subsidio de desempleo.

“Esta acusación, también lanzada deliberadamente y hasta sin documentos que la comprueben, daña la reputación y la credibilidad de industrias formales generadoras de empleo, causando serios daños al clima de negocios”.

Por consiguiente, señala que ambas denuncias mencionadas deben ser tomadas con absoluta seriedad y los casos deben ser debidamente investigados y aclarados, pues a raíz del difícil momento actual, la industria nacional constituye un sostén de la economía nacional y no debería ser objeto de ataques o denuncias sin fundamentos.

Asimismo, también otorgó su apoyo a la industria tabacalera paraguaya, a los miles de paraguayos que hoy tienen un trabajo digno formal gracias a la cadena de valor que se genera en torno a ella, y por supuesto, a todas las industrias formales que siguen apostando al país.

Esto con relación al estudio realizado por CADEP acerca de una supuesta evasión de impuestos que involucra al gremio tabacalero.

El informe fue considerado como un trabajo tendencioso, mediocre y mal intencionado por parte del presidente de la Unión Tabacalera del Paraguay y titular de Tabacalera del Este, José Ortiz.

Según explicó, se debió sacar el precio de venta de la fábrica y CADEP tomó el precio del supermercado, lo que sería el gran error o la mala intención.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

Es noticia hoy: Papa designa a nuevo representante de la Santa Sede en Paraguay

En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

Nota relacionada: Importante anuncio desde la Cámara de Diputados

Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

Lea también: Sistema de tormentas para esta mañana y el sábado

En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

Nota relacionada: Dakovo, la trama del mayor operativo contra el armatráfico

Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

Leé también: “Esas armas fueron vendidas legalmente”: Diego Dirisio habló desde la clandestinidad

El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.