Por Robert Bourgoing (@robertb_py) / Edición de video: Antonella Eguren

El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) se encuentra a poco de concretar una licitación pública internacional para arrendar unas 15.000 máquinas electrónicas, las cuales serán utilizadas en las próximas elecciones municipales del 2020.

Uno de los aspectos que llamaron la atención en este proceso licitatorio es la modificación de un detalle del pliego de bases y condiciones relacionado al gramaje de las hojas de votación. Así también, se promueve la utilización del tipo de tecnología RFID, la cual -según los expertos- es vulnerable a los hackeos.

Marcelo Elizeche Landó, consultor en seguridad informática, considera que las llamadas urnas electrónicas (que, a su criterio, no son más que computadoras con un tipo de software y hardware específicos para el acto eleccionario) representan un gran riesgo para los votantes.

En primer término, sostiene que al utilizar este tipo de artefactos se pone en peligro el secreto y la integridad del voto ya que uno no sabe lo que está haciendo la computadora en ese momento, incluso si está almacenando alguna información sensible como el nombre o número de cédula de la persona.

Sobre el mismo punto, asegura que este método atenta contra el Art. 118 de la Constitución Nacional donde habla sobre el sufragio y señala que “debe ser libre, directo, igual y secreto, y en un escrutinio público y fiscalizado”. Desde su óptica, cualquier persona debería poder realizar el escrutinio en una votación y no solo un experto en informática que entienda su funcionamiento.

En relación al tipo de tecnología que podría ser implementada para imprimir las papeletas de voto y que hoy es motivo de discusión, este experto señala que tanto el formato con chip RFID como el del código QR no son opciones válidas dado que ambas no brindan las suficientes garantías.

En el caso del RFID, Elizeche explica que este tipo de tecnología se utiliza, por ejemplo, para identificar y hacer el monitoreo de mascotas o ganado y que para ello se coloca un chip en alguna parte del cuerpo del animal. Si llegara a implementarse en las elecciones, se corre el riesgo de que alguna persona que quiera conocer los detalles de la votación pueda hacer una lectura a distancia de la papeleta.

Si se analiza la opción del código QR, se da una situación muy similar pues -según afirma- de alguna u otra manera también existe la posibilidad de que alguien que tenga un dispositivo especial (lector, smartphone, scanner) pueda escanear la hoja y acceder a los detalles contenidos en ella.

La mayor parte de la comunidad tecnológica se encuentra a favor de seguir con el sistema tradicional de votación mediante la utilización de papeletas que deben ser completadas a mano, manifiesta, esto debido a que es mucho más seguro y fiable. “Cuando uno completa la hoja y la mete en la urna ya se garantiza el secreto del voto, uno no puede saber quién votó por quién, esa es la tendencia mundial. Es imposible hackear el papel”.

Países como Finlandia, Austria, Dinamarca, Irlanda y Holanda utilizaron en algún momento el sistema de voto electrónico y lo abandonaron por no poder asegurar el secreto del voto ni la fiabilidad de los resultados, según Elizeche, siendo la muestra directa de el fracaso de esta modalidad. En el caso de Alemania, en 2009 la Corte Suprema lo había declarado inconstitucional, esto a raíz de las dificultades para hacer el escrutinio.

Para este consultor en seguridad informática, se tendría que ver alguna alternativa para meter la tecnología no en el voto sino en el conteo porque es ahí donde existen mayores problemas. Por ello, sigue siendo partidario de que las boletas sean marcadas a mano pero que se busque algún sistema que contribuya a agilizar el proceso de verificación y transmisión de resultados electorales, tal y como ha sucedido en otros lugares.

Teniendo en cuenta las múltiples irregularidades denunciadas y los riesgos que han sido expuestos por la comunidad tecnológica, cree que lo más conveniente es que frene el actual proceso licitatorio y que el TSJE revea todo lo que ha hecho hasta ahora, de manera a ajustar los detalles que hagan falta. “No es lo ideal que todo se haga a las apuradas”, sentenció.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.