“Victoria de estudiantes:” promulgan Ley de simplificación de expedición de títulos

El Poder Ejecutivo promulgó la Ley 7.110 de “Simplificación de trámites para la gestión y expedición de títulos en las instituciones de Educación Superior del Paraguay y registros de títulos”, que establece la expedición de de títulos de grados y/o posgrado, debidamente legalizado y registrado, en un plazo no mayor de sesenta días hábiles, desde el inicio del trámite.

El senador Patrick Kemper, proyectista de la normativa, celebró la promulgación del Ejecutivo y dijo que es una victoria de los jóvenes.   

“Esta idea nació de los jóvenes y como representante de la ciudadanía lo impulsé con un proyecto que hoy ya es Ley de la Nación y definitivamente es una victoria de los jóvenes”, dijo y agregó que la normativa facilitará que miles de jóvenes tengan la oportunidad de postular a becas, encontrar trabajo, lograr mejoras salariales y muchos beneficios que significa tener el título universitario”.

El parlamentario explicó que, a partir de la promulgación, el Ejecutivo tiene un plazo de 90 días para reglamentar, y establecerá el proceso único del trámite, desde su presentación en mesa de entrada o por medios electrónicos, hasta su conclusión.

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La Ley se aplicará a todos los trámites administrativos necesarios para la expedición de títulos de grado y/o posgrado, así como el registro de títulos de todas las instituciones de educación superior del Paraguay.

La normativa señala, en su artículo 7, que “El trámite administrativo para la expedición del título de grado o postrado iniciará con la solicitud del certificado de estudios completos, una vez culminada la carrera cursada, para lo cual, el titular de la gestión deberá enviar en el formato que sea aceptado por la plataforma, por única vez, una imagen nítida del anverso y reverso de su cédula de identidad original y vigente”.

Las autoridades de aplicación de la Ley son las Instituciones de Educación Superior del Paraguay, respecto a la expedición de títulos de grado y posgrado; y el Ministerio de Educación, para el registro de los títulos.

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Asimismo, la Ley se convierte en una herramienta para tantos jóvenes “que son los que promueven este tipo de iniciativas, para que puedan finalmente conseguir como egresados, después de años de estudios y esfuerzo, su ansiado título de manera a que puedan tener una rápida salida laboral, poder concursar a becas, incluso postularse a empleos públicos, o seguir estudiando y tantas otras cosas que bien se podrían destacar”, indicó Kemper.

“Es nuestra responsabilidad legislar sobre problemáticas que existen hoy, que puedan generar un rumbo hacia un país más eficiente en cuanto a cualquier trámite administrativo para los compatriotas”, agregó.

Senado pide criptoinformes: datos serán claves para ley de regulación

Tras descubrirse la existencia del criptoshopping de la familia Zuccolillo que presuntamente evadió 300.000 dólares de pago a la ANDE, desde el Senado solicitaron informes a instituciones como Ingresos Tributarios y a la propia ANDE acerca de los números de las criptominerías legalmente establecidas.

En la sesión de ayer, la Cámara Alta aprobó varios pedidos de informes relacionados a la criptominería en Paraguay.

El primero va dirigido a la ANDE a la que se le solicita datos sobre las condiciones de consumo de electricidad de las criptomineras.

El segundo, a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios sobre los impuestos que efectivamente pagaron estas 52 empresas en los últimos años, a fin de verificar el nivel de aportes al fisco.

Este punto lo había adelantado ayer el senador Gustavo Leite, quien explicó que las criptominerías, en general, generan pocas fuentes de trabajo y que, probablemente, no pagan muchos impuestos en comparación a la cantidad de energía valiosa que se llevan del país, electricidad que será muy necesaria en un par de años.

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Igualmente, se solicita un informe sobre las condiciones de consumo de electricidad de las criptomineras. Además, al Instituto de Previsión Social sobre los trabajadores inscriptos por las criptomineras en la seguridad social.

Otra solicitud va dirigida al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible sobre el cumplimiento de la legislación ambiental y acerca del impacto de la actividad criptominera en el ambiente.

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Esta serie de pedidos se da en coincidencia con un momento en el que las criptominerías están en la mesa de conversación de varias instancias, pero no precisamente por hechos positivos.

En el caso de la ANDE, está en marcha un operativo de caza de criptominerías clandestinas que son grandes consumidoras de energía, sin pagar un solo guaraní por ella y causando un desequilibrio al sistema eléctrico. Hay 64 denuncias ante el Ministerio Público.

A esto se suma el descubrimiento del criptoshopping de la familia Zuccolillo que, según una investigación periodística, utilizó el Nis del centro comercial declarado para actividad coporativa, pese a que se dedicaba a la criptominería, según detectó la propia ANDE, que le remitió una nota para notificarle sobre la detección de “fuertes indicios de que en el sitio se estaban desa­rrollando actividades aso­ciadas a la minería de criptoactivos” y de la existencia de otro grupo de consumo mayor para este tipo de rubros.

En los meses en que se dedicó a esto, se produjo una pérdida de más de 300.000 dólares a la ANDE, monto que está a cargo del equipo jurídico de la institución, en lo relacionado al eventual reclamo.

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Detienen a un hombre por pornografía infantil: extorsionaba a un menor

El detenido extorsionaba y amenazaba a un menor sino se sometía al pedido de compartir sus fotografías y vídeos íntimos.

La agente fiscal Irma Llano, de la Unidad Especializada de Delitos Informáticos, junto con el agente fiscal Carlomagno Alvarenga, llevan adelante una investigación sobre pornografía relativa a niños y adolescentes.

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En el marco de la causa, el representante del Ministerio Público lideró un allanamiento en el barrio San Antonio de la ciudad de Vallemí. El operativo fue desarrollado tras un trabajo de inteligencia que derivó en la detención de un hombre, investigado por extorsionar a un menor.

Durante el procedimiento fueron incautados dos aparatos electrónicos, consistentes en un aparato celular y una tablet. El procesado será trasladado hasta la localidad de Concepción para posteriormente ser remitido a la ciudad de Asunción, donde obra la carpeta principal.

Conforme al antecedente de la causa, el victimario extorsionaba y amenazaba con asesinar a los familiares del menor sino se sometía al pedido de compartir sus fotografías y vídeos íntimos.

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Ratifican ley antibolsoneras: robos desde G. 515.000 ya no serán bagatelarios

La Cámara de Senadores rechazó el veto presidencial a la ley antibolsoneras, donde se establece que los robos batatelarios serán catalogados como tales por debajo de los 515.000 guaraníes. De superar este monto, ya no entrarán en esa categoría.

En la sesión de ayer, la Cámara Alta trató el mensaje del Poder Ejecutivo, por el cual remite el Decreto N° 870/23: Por el cual se objeta totalmente el Proyecto de Ley N° 7.220 “Que modifica el artículo 172 de la Ley ° 1160/1997 ‘Código Penal’.

El pleno resolvió por mayoría el rechazo al veto presidencial y el documento fue remitido a la Cámara de Diputados.

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La legislación ratificada establece que los hechos bagatelarios se configuren cuando la apropiación o el hurto se refiera a algo inferior a cinco jornales mínimos, equivalentes a G. 515.455. En caso de reincidencia, el Ministerio Público actuará de oficio.

En cambio, actualmente, todavía sin la nueva ley vigente, un robo cuyo valor sea inferior a 10 jornales mínimos es considerado bagatelario. Con el salario mínimo vigente, esto equivale a G.1.030.910,

Hipotéticamente, si se comete un robo en un local comercial, donde el botín alcanza el valor 950.000 o hasta un millón de guaraníes, el hecho todavía es bagatelario.

En la exposición de motivos son mencionadas las “bolsoneras”, definidas como una agrupación delictiva causante del 50 % de pérdidas de las ganancias anuales de los integrantes de los negocios que integran la Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay (Asimcopar).

Según argumentan, el problema radica en que, los autores de robos bagatelarios no son procesados pese a sus reincidencias, con lo cual, el perjuicio es enorme al tratarse de seguidilla de casos.

En el 2020, la Policía registró 4.345 robos bagatelarios y en el 2021, 5.438, lo que evidencia el incremento de estos hechos, entre ellos, robos de carne en los supermercados, ropas en las tiendas, bebidas en las bodegas, etc.

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