En lo que va de este año, la Contraloría remitió más de 50 formularios de reportes de indicios de hechos punibles respecto a las auditorías realizadas por la institu­ción a distintas municipali­dades del país en cuanto a la gestión del almuerzo esco­lar durante los años 2021 y 2022.

En el caso de Ciudad del Este, la comuna efec­tuó pagos a la firma pro­veedora FASV sin que la misma haya presentado los formularios de las per­sonas vinculadas al cum­plimiento del contrato de la identificación del per­sonal, de acuerdo con el reporte enviado al Minis­terio Público.

Así también, se detecta­ron inconsistencias en las informaciones obtenidas del personal de las empre­sas proveedoras en cuanto a la cantidad de empleados. Asimismo, la municipali­dad esteña efectuó pagos a proveedores sin que estos hayan presentado la docu­mentación exigida para el efecto. Además, existió la falta del control del muni­cipio respecto al cumpli­miento del requisito de pago de salario mínimo vigente por parte de la firma contratada.

Por otro lado, la Municipali­dad de San Joaquín, depar­tamento de Caaguazú, fue reportada por atraso, insu­ficiencia y falta de provisión de kits de alimentos durante el 2021; además, realizó un llamado por vía de la excep­ción y la proveedora adjudi­cada no proveyó los insumos adecuados, tales como uten­silios, elementos de aseo, entre otros.

El municipio de Minga Guazú tampoco cumplió con las formas y condicio­nes de pago al proveedor, no realizó el control de la entrega de los alimentos, y los alumnos de una escuela no recibieron el almuerzo durante el 2022 pese a que la entrega estaba compro­metida en un contrato.

La comuna de Iruña no remitió los formularios de información del per­sonal de la proveedora de almuerzo escolar FASV Import-Export, siendo esto un requisito estable­cido en el pliego de bases y condiciones.

Corpus Christi, de Canin­deyú, realizó pagos por alimentos escolares sin que exista la certeza en la entrega efectiva de los mis­mos, al no detallarse los insumos entregados en las notas de remisión dadas por el proveedor.

Yasy Cañy, de Canindeyú, realizó desembolsos por más de 400 millones de guaraníes sin solicitar documentación respalda­toria ni tampoco requi­rió a las entidades benefi­ciadas sus rendiciones de cuentas.

En tanto que, R.I. 3 Corra­les, de Caaguazú, está en la mira por la falta de control en la recepción de los kits alimentarios.

En cuanto a la fiscalización realizada por la Contralo­ría al MEC, también denun­ció ante la Fiscalía la impor­tante cantidad de sobrantes de alimentos pagados sin que se pueda corroborar la redistribución o el destino final de los mismos. En 12 instituciones educativas sobraron casi 2.000 racio­nes el año pasado.

En la escuela y colegio Gas­par Rodríguez de Francia se detectó que la cantidad de alimento entregado era mayor a la asistencia pre­sencial de los alumnos, como así también de la pla­nilla de retiro de los kits, lo cual da el indicio de un perjuicio patrimonial de G. 119.532.305.

Otro reporte de la Contra­loría expone además que entre los años 2021 y 2022, un total de 54 instituciones municipales no hicieron sus llamados de alimenta­ción escolar en la Dirección Nacional de Contratacio­nes Públicas (DNCP) por un importe total de adju­dicaciones de G. 19.250 millones.

Además, 24 municipios cuentan con un ID inexis­tente, según el portal de la DNCP y el portal de Datos Abiertos de la Contraloría, lo cual equivale a un total de adjudicaciones por G. 10.856 millones. Mientras que cinco municipalidades cuentan con un ID que no le corresponde, por un valor total de adjudicaciones por G. 1.698 millones.

Estos y otros reportes más deberán ser evaluados por el Ministerio Público, para determinar si amerita o no la apertura de una causa penal contra los munici­pios que habrían cometido las irregularidades detec­tadas por la Contraloría.

Ambos gremios dejaron en claro a la opinión pública que no tolerarán ni respaldarán ninguna conducta delictiva por parte de los funcionarios de la institución.

Además, subrayan que no asumirán responsabilidad alguna por terceras personas que pretendan hacerse pasar por trabajadores de la Fiscalía.

El comunicado enfatiza que, en caso de que se confirme cualquier indicio o sospecha respecto a la participación de funcionarios en actividades delictivas, estos deberán rendir cuentas y enfrentar las consecuencias legales correspondientes.  

Este pronunciamiento surge en respuesta a las publicaciones, en los medios de prensa y en redes sociales, referentes a supuestos funcionarios del Ministerio Público involucrados en actividades al margen de la ley, generando preocupación y especulaciones en la opinión pública.

En la tarde de este jueves se compartieron las imágenes del circuito cerrado que captaron el momento exacto en el que Bazán fue emboscado y luego recibió los nueve balazos que acabaron con su vida.

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El video revela que el ex director penitenciario antes de ser asesinado, disparó contra los sicarios que lo interceptaron a bordo de una motocicleta.

En el primer ataque, logró repeler a los dos hombres y resultó herido. Quedó sin proyectiles y se vio obligado a escapar a pie, sin embargo, fue perseguido hasta que, finalmente, lo asesinaron en una propiedad privada.

El antecedente más inmediato de amenaza se remonta al año 2021, cuando un integrante del clan Rotela envió una nota de voz y pidió un pabellón para todos sus secuaces.

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La denuncia fue realizada por Carolina Mareco Villalba, de la localidad de Capiibary, quien acusa al personal policial Julio Escobar de trabar un proceso judicial por filiación en el caso de una menor de 2 años de edad.

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Escobar, a través de su nueva pareja, Elsa Vargas, una funcionaria del Poder Judicial de Santaní quien se encuentra ternada para Jueza de Paz, estaría incurriendo en un hecho de tráfico de influencia para trabar la causa de filiación que se encuentra sin avances desde hace 8 meses.

#INFO➕ | Tráfico de influencia y amedrentamiento traba filiación de una menor en Santaní.

🖥️ Carolina Mareco Villalba, madre denunciante.

👉 El padre sería policía, involucrado en el supuesto apriete a secretario de "Macho" y posterior rescate hecho por el propio capo narco… pic.twitter.com/onbqmPM6Lz

— GEN (@SomosGEN) November 30, 2023

Por otra parte, el personal policial es acusado de haber participado en el confuso episodio de supuesto apriete y posterior rescate del presunto criminal, Santiago Acosta, alias Macho.

Escobar se desempeña como subjefe de Automotores Policía Nacional de Coronel Oviedo.

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“Él nunca se quiso hacer cargo de mi hija y tuve que salir a reclamar el derecho de ella. Inicié el juicio de filiación y su actual señora que trabaja en el Poder Judicial tiene amistades y empezaron a recusar el caso. Incluso, me dijeron que si no me muero en un accidente de tránsito, ella misma me va a matar, me tienen amenazada”, comentó la denunciante, Carolina Mareco, en conversación con el canal GEN de Nación Media.